El Partido Popular (El Mundo) y Intermón Oxfarm dicen que debemos pagar pensión a chachas latinitas que no han cotizado ni media hora.

Casi ocho de cada diez empleadas del hogar no podrán jubilarse​

No es un problema de pensiones, es un problema de invisibilidad. El informe de Oxfam Intermón divulgado por El Mundo en agosto de 2026 ha puesto cifras a un drama silencioso: casi ocho de cada diez trabajadoras del hogar creen que tendrán que seguir trabajando después de la edad de jubilación. Y detrás de la estadística hay cara y apellidos: Elva Villacís, 69 años, llegada a España cuando aún se hablaba de pesetas, lleva tres décadas limpiando casas y cuidando mayores. Sin cotizar. O casi sin cotizar.

La pregunta es inevitable: ¿debe el Estado pagar una pensión a quien apenas ha contribuido? Las respuestas dividen incluso a los defensores del Estado del bienestar.

Un sector al margen del sistema​

El caso de Elva no es una excepción. El trabajo doméstico ha sido tradicionalmente un agujero negro de la Seguridad Social. Durante décadas, los empleadores no registraban a sus empleadas y muchas de ellas, por necesidad o por estrategia, aceptaron esa falta de regularización. El resultado: mujeres que llegan a los 65 años sin haber cotizado los años mínimos y que solo pueden aspirar a una pensión no contributiva, cuando la hay.

La culpa, repartida​

Las opiniones chocan. Por un lado, está quien sostiene que no se puede premiar a quien ha estado en la economía sumergida. Se argumenta que muchas trabajadoras rechazaron contratos formales para poder seguir cobrando otras ayudas, y que extenderles ahora una pensión es un agravio para quien cotizó toda su vida. El ejemplo de la madre que aceptó cobrar menos a cambio de que la inscribieran en la Seguridad Social, y que hoy tiene una pequeña jubilación, se usa como contraargumento: el sistema funciona para quien quiere jugar con las reglas.

Por otro lado, se recuerda que la economía sumergida en el empleo del hogar funciona en ambas direcciones: los empleadores también se benefician del fraude, evitando costes y trámites. Y el Estado ha mirado hacia otro lado durante años. Castigar solo a la trabajadora es hacer pagar los platos rotos a quien ya estaba en la cuerda floja.

El precio de la solidaridad​

El debate esconde una pregunta incómoda: ¿quién paga? Si se reconocen los años trabajados sin cotizar, el coste recaerá sobre el conjunto de los contribuyentes, en un sistema de reparto ya tensionado por la jubilación de la generación del baby boom. Hay quien propone soluciones intermedias, como convenios especiales o cómputo de años de cuidados, pero ninguna es gratuita. Y ningún partido quiere mojarse antes de las próximas elecciones.

Mientras tanto, la realidad sigue siendo la de Elva: a los 69 años, aún limpiando casas. Y con la sensación, cada vez más extendida, de que la pregunta no es si se les dará una pensión, sino quién va a pagarla. La presión social acabará forzando alguna salida, pero la factura tendrá que pagarla alguien. Como siempre, los que no tienen voz son los que primero aparecen en el argumentario. Y en el presupuesto.