El poder judicial es ilegítimo

Mandatos caducados y soberanía: la batalla por el Poder Judicial​

Hay una paradoja que resume el estado del debate público español: se acusa al Poder Judicial de ser ilegítimo por tener vocales con el mandato caducado, pero el órgano que debería renovarlo lleva años bloqueado por el mismo sistema político que lo designa. El detonante de la discusión es un mensaje inicial que sostiene que un puñado de jueces designados por el PP y con el mandato vencido desde hace siete años pretende pasar por encima de los poderes legislativo y ejecutivo. La tesis de partida es contundente: si la soberanía nacional reside en el pueblo y el pueblo ha votado una y otra vez al mismo presidente, un juez con el mandato caducado debería dimitir por decencia o ser expulsado por el parlamento.

La propuesta no es nueva, pero el tono sí. Se pide una intervención «radical» del legislativo para tratar lo que se describe como una enfermedad que corroe el país. Y ahí empieza el problema: la misma herramienta que se propone para sanear la justicia —que el parlamento elija a los jueces— es la que, según otra parte del análisis, ha contaminado el sistema desde 1985.

Qué dice la Constitución sobre la soberanía y el Poder Judicial​

El argumento de fondo es que la soberanía nacional reside en el pueblo y que ese pueblo ha elegido a su gobierno. De ahí se deduce que un órgano no electo no puede condicionar la voluntad popular. Es una lectura que ignora un detalle incómodo: la propia Constitución diseña el Poder Judicial como un poder independiente, precisamente para que no responda al impulso de la mayoría de turno.

La contradicción no se resuelve con consignas. Si el parlamento puede expulsar a los jueces que no le gustan, el poder judicial deja de ser poder y se convierte en una sección del ejecutivo. Quienes defienden la intervención parlamentaria responden que el bloqueo actual ya es una forma de politización, solo que en sentido contrario.

El origen del problema: la reforma de 1985​

Aquí el debate se vuelve más interesante, porque hay acuerdo en el diagnóstico y desacuerdo en la solución. Antes de 1985, los jueces elegían entre ellos mismos a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ese sistema, se argumenta, garantizaba mejor la independencia del órgano de gobierno de los jueces.

Fue el PSOE quien cambió el modelo en 1985, utilizando su mayoría absoluta para aprobar una ley que daba al parlamento la llave de la elección. Desde entonces, el CGPJ es un reparto entre partidos. La pregunta que sobrevuela es sencilla: si el sistema actual es el problema, ¿por qué se propone como solución profundizar en él?

El bloqueo de la renovación: quién tiene la culpa​

La versión oficial del bloqueo tiene dos relatos que se niegan mutuamente. Unos sostienen que el PP no renueva porque no le interesa perder cuotas de poder en el órgano. Otros afirman que fue el PSOE el que se levantó de la mesa cuando se filtró que el reparto de plazas daría al PP el control de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, la que juzga a los aforados. La discusión se convierte así en un intercambio de acusaciones sobre quién rompió primero la baraja.

Lo que ambas versiones comparten es que la renovación depende de un pacto entre los mismos partidos que luego critican la politización. El CGPJ no se renueva porque a nadie le conviene un árbitro incómodo.

Reformar la justicia: las propuestas sobre la mesa​

Frente al choque de bloques, circulan propuestas concretas que intentan salir del bucle. La más detallada plantea tres pasos: primarias entre todos los jueces, asociados y no asociados, con listas abiertas, para que solo los doce más votados representen al colectivo en su órgano de gobierno; elección directa de los altos cargos judiciales por los propios jueces afectados; y elevar la inversión en justicia hasta el 2% del PIB, la media europea.

El paquete tiene lógica interna: si el problema es que los políticos seleccionan a los más politizados, se quita a los políticos de la ecuación. La objeción es igual de razonable: ningún sistema impide que los jueces voten a los más afines a una u otra corriente.

La sombra del franquismo y el argumento de la herencia​

Una parte del análisis sostiene que el Poder Judicial sigue siendo heredero del franquismo, igual que la monarquía, y que el franquismo sociológico permanece vivo. Es una tesis que se repite con insistencia y que sirve para explicar por qué determinadas decisiones judiciales chocan con el gobierno.

La respuesta desde el otro lado es que ese argumento es una coartada para deslegitimar cualquier sentencia adversa. Si toda decisión incómoda se atribuye a una herencia dictatorial, el debate sobre la calidad de la justicia se sustituye por una etiqueta. Y las etiquetas no reforman nada.

El papel de Europa como último recurso​

Entre las posiciones más elaboradas aparece un argumento que mira fuera de España: mientras el país siga en la Unión Europea, cualquier decisión de los tribunales españoles puede recurrirse ante instancias europeas. Si las sentencias europeas empezaran a contradecir sistemáticamente a las españolas, Bruselas tendría que reaccionar.

Es un razonamiento que traslada el problema a un árbitro externo. También es una admisión implícita de que el sistema interno no genera confianza suficiente. La paradoja final es que la legitimidad del Poder Judicial se discute en los mismos términos que la del gobierno: por quién lo nombra, no por cómo trabaja. Y mientras tanto, los mandatos siguen caducados.