Un policía de Hondarribia, de baja tras abatir a un hombre armado
La noche del lunes, un agente de la Guardia Municipal de Hondarribia disparó tres veces su arma reglamentaria contra Babacar Welle, un hombre de 46 años. Uno de los proyectiles le alcanzó la espalda. Según la versión oficial del Departamento de Seguridad, el fallecido amenazaba con un cuchillo a varias personas en un establecimiento hostelero y, ya durante la intervención, intentó herir en repetidas ocasiones a una agente de la Ertzaintza. El policía que efectuó los disparos está de baja y no acude a su puesto. Lo confirmó el sindicato Euspel el 30 de septiembre de 2026: «Él no se encuentra bien. No estamos preparados para quitar la vida a nadie».
La frase, del secretario general de la organización, Julio González, resume el giro del caso: de la reconstrucción de unos segundos decisivos a la
salud mental de quien apretó el gatillo. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación y el atestado va camino del juzgado.
Qué ocurrió en Hondarribia la noche del lunes
Según el relato oficial, el suceso arrancó cuando Welle amenazó con un arma blanca a varias personas en un local hostelero. Varias dotaciones de la Policía Local y de la Ertzaintza acudieron al lugar e intentaron que depusiera su actitud, sin conseguirlo. En un momento de la intervención, el hombre habría intentado herir a una agente de la Ertzaintza. Fue entonces cuando un municipal usó su arma reglamentaria para repeler la agresión.
Tras los disparos, los agentes auxiliaron al herido hasta la llegada de los servicios sanitarios, que continuaron con las maniobras de reanimación sin poder evitar su fallecimiento. El Departamento de Seguridad añadió después un dato que ha pesado en el relato público: el fallecido acumulaba
doce detenciones previas y diez investigaciones anteriores. Es información policial difundida oficialmente, pero no resuelve la pregunta de fondo —si el uso de la fuerza fue proporcionado—, que queda en manos de la instrucción.
La baja del agente: por qué el sindicato la llama medida protocolaria
Euspel sitúa la baja en el terreno de lo
protocolaria. Cuando se registra un incidente armado, y más con resultado de muerte, apartar temporalmente al agente y poner a su disposición asesoría jurídica y apoyo psicológico es, a su juicio, lo previsible. «Se trata de una medida protocolaria», insiste González, que recalca que la baja no equivale a culpa ni a inocencia. La entidad defiende la actuación «totalmente y sin fisuras».
El agente explicó a su sindicato que hizo uso del arma porque vio en grave riesgo la vida de la compañera de la Ertzaintza. «Por eso tuvo que hacer uso del arma», resume la organización. La plantilla municipal de Hondarribia es, según el sindicato, mayoritariamente joven, un detalle que Euspel pone sobre la mesa para subrayar la escasa rodadura de buena parte de sus efectivos. Los otros seis policías que participaron en el operativo declararon como testigos y permanecieron hasta la una de la madrugada del martes aportando su testimonio.
El disparo en la espalda y una investigación sin cerrar
Uno de los tres disparos alcanzó a Welle en la espalda, según la información publicada el 1 de octubre de 2026 a partir de fuentes de la investigación. El dato no invalida por sí solo la tesis de la defensa propia —la trayectoria depende de la posición y el movimiento de los implicados—, pero alimenta el escrutinio sobre cómo se produjeron esos segundos. El consejero Zupiria defendió que los agentes actuaron ante un «gran riesgo» y trasladó la pelota al tejado judicial: será la Justicia la que evalúe si existió un ilícito penal.
Con el atestado en camino al juzgado, el relato público sigue partido en dos. De un lado, una familia y una comunidad que han perdido a Babacar Welle y reclaman saber por qué murió. Del otro, un agente que, según su sindicato, tendrá que cargar con las consecuencias emocionales de haber disparado y causado una muerte. Dos realidades difíciles de meter en el mismo párrafo.
Por qué se piden medios distintos al arma de fuego
Euspel reclama al Ayuntamiento que refuerce la formación continua y dote a la Policía Local de otros medios para afrontar situaciones de extrema gravedad sin recurrir necesariamente al arma. Entre las alternativas aparecen dispositivos eléctricos de control tipo
táser. El propio sindicato matiza que su uso no habría evitado necesariamente el desenlace: «Todo el mundo dice que con el uso de esos dispositivos se hubiese evitado la muerte», concede González, antes de recordar que no hay garantía de que así fuera.
El reproche institucional apunta al alcalde, responsable último de la Policía Municipal, a quien, según el sindicato, corresponde garantizar formación y recursos. La reflexión del regidor sobre el fracaso de las instituciones ante un desenlace que nadie deseaba es compartida por el sindicato, que va más allá: «Han fallado un montón de instituciones antes de llegar aquí».
De la baja laboral al pulso sobre quién debe llevar un arma
La baja del policía ha derivado en una discusión mucho más amplia sobre la preparación de las plantillas locales. Hay quien sostiene que un agente debe contar con el temple para asumir que su trabajo puede implicar el uso de
fuerza letal, y lee la situación actual como una falta de aguante. Enfrente pesa el argumento contrario: ningún cuerpo enseña a matar, y la reacción del agente es la de cualquier persona ante un episodio de ese calibre.
Otra corriente pone el foco en la composición de las nuevas promociones y en el perfil de quienes opositan, con plantillas más jóvenes y menos curtidas en intervenciones graves. Y una tercera cuestiona que el problema sea el agente y no una cadena de fallos previos: antecedentes acumulados, detenciones que no acaban en prisión y una sensación de impunidad que, se argumenta, termina estallando en la calle. Sobre todo ese fondo planea, en una parte del discurso público, un tono hostil hacia la inmigración que conviene separar de los hechos: la nacionalidad del fallecido no explica nada de lo ocurrido esa noche.
El sindicato pide más medios y menos arma. El Ayuntamiento no ha detallado todavía qué formación adicional prevé. Y la pregunta que sobrevuela el caso, sin respuesta cerrada, es si una plantilla municipal joven y con formación limitada debería estar abocada a este tipo de intervenciones.