Starmer prohibe redes a menores de 16: la excusa perfecta para el ID digital
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. El discurso oficial apela a la protección de los niños frente a algoritmos dañinos, pero la medida tiene un efecto colateral que pocos pasan por alto: para verificar la edad, todos los usuarios, incluidos los mayores de edad, deberán identificarse. El ID digital, que hace meses fracasó en el Parlamento por el rechazo popular, se cuela ahora por la puerta de atrás.
La logística del control: imposible sin identificación universal
Impedir que un menor acceda a redes sociales sin exigir algún tipo de identificación es técnicamente inviable. La única forma fiable es que cada usuario demuestre su edad, y eso significa, de facto, un registro de identidad digital obligatorio. En Reino Unido, históricamente reacio a los carnés de identidad (herencia de la Magna Carta), este sistema había sido rechazado. Ahora, con la excusa de la protección infantil, resurge.
Elon Musk ya lo ha calificado de «en estado de vigilancia». Y no es para menos: una vez instaurado el sistema, nada impide extenderlo a otros usos. Como señalan los análisis más críticos, «primero serán los menores, luego todos». Por su parte, algunos defienden la medida como un paso necesario para frenar el «adoctrinamiento» y el «hackeo mental» de los jóvenes. Pero el consenso escéptico domina.
La excepción de Bluesky y el precedente estadounidense
Un detalle que aviva las suspicacias: al parecer, la red social Bluesky quedaría exenta de la prohibición. Dado su perfil ideológico más afín al progresismo, se interpreta como un gesto que desnuda la naturaleza política de la medida, más que puramente protectora.
En Estados Unidos, más de 25 estados han aprobado leyes similares de verificación de edad para acceder a contenido adulto o redes sociales. Luisiana fue pionera con el uso de identidades digitales estatales como LA Wallet. Texas, Utah y Florida han ido por el mismo camino. El precedente muestra que, una vez que se normaliza el requisito, la identificación digital se expande.
Aunque en Reino Unido la medida se presenta como un escudo para los menores, los costes de implementación recaerán sobre las plataformas y, en última instancia, sobre los usuarios. El exoesqueleto de vigilancia crece, y la promesa de libertad digital se desvanece. Si el ID digital se consolida, el debate sobre privacidad y control social dará un nuevo y peligroso giro. La pregunta es cuánto tardará en llegar a otros países.