La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de la vivienda y ha ironizado sobre la manifestación que continúa en la Puerta del Sol.
Durante la inauguración de la III edición del Madrid Investment Forum, Ayuso ha acusado al Ejecutivo de haberse interesado de forma "súbita" por el problema de la vivienda y de impulsar un "festival de ocurrencias" para abordar una situación que, según ha afirmado, no ha solucionado hasta ahora.
La presidenta madrileña también se ha referido a la protesta de los inquilinos con tono irónico: "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros, y a lo mejor en la próxima manifestación me sumo", ha declarado.
Ayuso ha añadido que pediría "subrogarme el derecho que no tengo" a cambiar las reglas a quienes le han abierto su casa y le han cedido temporalmente su propiedad.
En otro momento de su intervención, la presidenta madrileña ha defendido que "si hay personas que no tienen casa no es culpa de quien la tiene" y ha comparado esta situación con otras desigualdades sociales.
Sus declaraciones se producen mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol para reclamar medidas ante la crisis de la vivienda.
Durante la inauguración de la III edición del Madrid Investment Forum, Ayuso ha acusado al Ejecutivo de haberse interesado de forma "súbita" por el problema de la vivienda y de impulsar un "festival de ocurrencias" para abordar una situación que, según ha afirmado, no ha solucionado hasta ahora.
La presidenta madrileña también se ha referido a la protesta de los inquilinos con tono irónico: "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros, y a lo mejor en la próxima manifestación me sumo", ha declarado.
Ayuso ha añadido que pediría "subrogarme el derecho que no tengo" a cambiar las reglas a quienes le han abierto su casa y le han cedido temporalmente su propiedad.
En otro momento de su intervención, la presidenta madrileña ha defendido que "si hay personas que no tienen casa no es culpa de quien la tiene" y ha comparado esta situación con otras desigualdades sociales.
Sus declaraciones se producen mientras continúa la acampada en la Puerta del Sol para reclamar medidas ante la crisis de la vivienda.
Isabel Díaz Ayuso ha ironizado este lunes sobre las propuestas para proteger a los inquilinos mayores tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años. “Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros”, ha dicho la presidenta madrileña durante el Madrid Investment Forum, en referencia a las medidas que se plantean para el próximo decreto de vivienda. Ayuso ha calificado esas propuestas de “sectarias” y “profundamente ideológicas” y ha defendido que deben respetarse los contratos y el derecho de propiedad.
La cuadratura del círculo. Es lo que busca el Gobierno. Un difícil equilibrio que permita encajar las demandas de partidos ideológicamente muy distintos y, al mismo tiempo, garantizar que el paquete de medidas pueda superar el Congreso. Las negociaciones se suceden de forma permanente y “a contrarreloj”, incluso durante la noche. Según trasladan fuentes del Ejecutivo, se trabaja en un paquete “ambicioso y transversal”, con una “amplia batería de medidas urgentes”, capaz de convencer a formaciones como ERC, Bildu y Podemos, pero también al PNV y Junts. Sobre la mesa hay propuestas como la prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de los fondos buitre o nuevas bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios.
El objetivo, según el PNV, es alcanzar un “mínimo común denominador” que permita reunir los apoyos necesarios. El Gobierno busca así combinar medidas de marcado carácter social con propuestas capaces de obtener el respaldo de formaciones más conservadoras. El Ministerio de Vivienda, que lleva meses canalizando las conversaciones, trabaja con una prioridad clara: que el paquete que llegue al Consejo de Ministros tenga después asegurada su aprobación en el Congreso.
Frente a un paquete de máximos, que refleje hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo, la estrategia pasa ahora por medidas de mínimos, pero suficientemente consensuadas como para garantizar su respaldo parlamentario. Entre las demandas de los partidos de izquierda figura una respuesta a situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada recientemente. El Gobierno prevé incorporar una cláusula sobre los desahucios con el objetivo de que “no haya una sola Maricarmen más”, según fuentes gubernamentales. También se negocia una de las principales reivindicaciones de Podemos, ERC y Bildu: prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de los fondos buitre. “Porque las viviendas son para vivir”, defiende el Ejecutivo. Junts, por su parte, expresó este fin de semana su apoyo a un real decreto destinado a “parar a los fondos buitre”.
El objetivo, según el PNV, es alcanzar un “mínimo común denominador” que permita reunir los apoyos necesarios. El Gobierno busca así combinar medidas de marcado carácter social con propuestas capaces de obtener el respaldo de formaciones más conservadoras. El Ministerio de Vivienda, que lleva meses canalizando las conversaciones, trabaja con una prioridad clara: que el paquete que llegue al Consejo de Ministros tenga después asegurada su aprobación en el Congreso.
Frente a un paquete de máximos, que refleje hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo, la estrategia pasa ahora por medidas de mínimos, pero suficientemente consensuadas como para garantizar su respaldo parlamentario. Entre las demandas de los partidos de izquierda figura una respuesta a situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada recientemente. El Gobierno prevé incorporar una cláusula sobre los desahucios con el objetivo de que “no haya una sola Maricarmen más”, según fuentes gubernamentales. También se negocia una de las principales reivindicaciones de Podemos, ERC y Bildu: prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de los fondos buitre. “Porque las viviendas son para vivir”, defiende el Ejecutivo. Junts, por su parte, expresó este fin de semana su apoyo a un real decreto destinado a “parar a los fondos buitre”.