EL PROBLEMÓN DE LA OKUPACIÓN: OFICINAS ANTIOKUPAS DE CASTILLA- LEÓN NO RECIBEN NI UNA SOLA CONSULTA EN 6 MESES

El fiasco de las oficinas antiokupas de Castilla y León: 109 consultas en seis meses y dos provincias sin ninguna​

Una oficina de asesoramiento contra la okupación donde nadie llama. La Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana pusieron en marcha el pasado 8 de junio un servicio de información y asesoramiento sobre ocupación ilegal de viviendas en las nueve provincias. Seis meses después, el balance es desolador: apenas 109 consultas en total. Valladolid concentra el 35% con 38, mientras que Ávila y Salamanca no registraron ni una sola.

Los números invitan a preguntarse si el problema de la okupación es tan acuciante como el discurso público sugiere. Con 27 millones de viviendas en España, y según los datos de la propia empresa Desokupa (más de 1.000 desalojos al año), la incidencia sobre el parque total no llega al 0,003%. Una proporción microscópica, aunque para quienes la sufren sea un infierno.El contraste con el sector privado

Mientras las oficinas públicas languidecen, el número de empresas desokupas se ha duplicado desde la pandemia. La más conocida, Desokupa, acumula más de 7.600 desalojos desde 2016. La explicación de los propietarios es simple: acudir a la vía judicial o administrativa es condenarse a una espera de hasta dos años. Las oficinas oficiales, además, no siempre facilitan el acceso: en Ávila, para recibir asesoramiento hay que hacerse primero socio de la Cámara de la Propiedad y pagar una cuota. Un obstáculo que ahuyenta a quien ya está en una situación límite.

El dato que descoloca: con una incidencia del 0,003% del parque de viviendas, la okupación genera un ruido político desproporcionado. Las oficinas antiokupas, un invento más para aparentar acción, se quedan vacías mientras el negocio privado florece. Quizá el problema no está donde algunos dicen.