Eric Finch
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La presencia del Rey Felipe VI junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la cúpula militar en un acto centrado en la situación de Ceuta proyecta una imagen de unidad y firmeza ante desafíos internos y externos.
El Rey Felipe VI, ataviado con su uniforme de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, ha protagonizado un acto de indudable peso simbólico y político. Acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los máximos responsables del Ejército, el monarca presidió una reunión clave para analizar la situación de Ceuta, la plaza española en el norte de África. Esta imagen, de una potencia considerable, no ha pasado desapercibida y se presume que ha generado inquietud en el vecino Marruecos, así como en foros internacionales como la Unión Europea y la OTAN.
La Constitución Española, en su artículo octavo, establece claramente la misión de las Fuerzas Armadas: "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional". Este precepto cobra especial relevancia si recordamos las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien calificó la invasión de Ceuta, orquestada y consentida por Marruecos según informes policiales y del CNI, como un "ataque y una violación de la integridad territorial de España". Sin embargo, ante este grave incidente, el Gobierno, a pesar de haber sido advertido con antelación, no ha tomado decisiones contundentes antes, durante o después del asalto, dejando miles de inmigrantes ilegales sin una ubicación o control definidos en la ciudad.
La presencia del Rey junto a la ministra Robles y la cúpula militar transmite una sensación de tranquilidad a la ciudadanía española, reforzando al mismo tiempo la posición de la ministra de Defensa. Esta última se ha visto sometida a presiones por parte de sectores más radicales del gobierno, cuyo cese sería, según se apunta, algo que desagradaría al monarca. Por otro lado, este respaldo real podría haber disuadido a Robles de su potencial intención de dimitir, ante la percibida falta de apoyo de su presidente y las críticas del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien se califica de "mentiroso compulsivo" con crecientes problemas en su departamento.
Es importante que el Rey Felipe VI mantenga una distancia prudente de ciertas influencias, a menudo señaladas por quienes se autodenominan "monárquicos". Se advierte sobre la posibilidad de que algunos medios de comunicación actúen como "portavoces" camuflados y autorizados del Palacio de la Zarzuela, una situación que podría compararse a la que se atribuía a ciertos periodistas de *El País* como portavoces de Pedro Sánchez. Esta presunta "promiscuidad periodística" de la Corona sería especialmente grave dada la obligación de neutralidad de la institución. Existe el riesgo de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, pueda utilizar esta supuesta "pasión monárquica editorial" para acusar al Rey de emplear "propagandistas" mediáticos contra el presidente del Gobierno.
En cualquier caso, la imagen del Rey con la ministra Robles y la cúpula militar es un hecho que aporta calma a los españoles, quienes ven en la figura del monarca un pilar de estabilidad y seguridad en un momento de incertidumbre nacional y de lo que se describe como "desgobierno de la nación" bajo la dirección de Pedro Sánchez. El presidente, además de su ausencia durante la crisis de Ceuta, se enfrenta ahora a la difícil tarea de gestionar la presencia de miles de inmigrantes en la ciudad, alterando su vida y seguridad.
Los problemas se acumulan, incluyendo el reciente fracaso de España en el informe PISA sobre Educación y el deterioro general del gobierno. El ministro del Interior, Grande Marlaska, se encuentra en el ojo del huracán tras haber mentido sobre la corresponsabilidad marroquí en la invasión de Ceuta, según han demostrado la Dirección General de la Policía y el CNI. Informes y fotografías vía satélite, publicadas por Vozpópuli, sugieren una operación organizada por Marruecos para facilitar la llegada de inmigrantes a Ceuta. Estos informes, que dan la razón a Margarita Robles frente a Grande-Marlaska y Sánchez, serán investigados por la jueza Pilar Tardón de la Audiencia Nacional, a pesar de la oposición de Marlaska y las descalificaciones de Óscar Puente. El titular de Interior podría ser imputado tras ser citado a declarar, una posibilidad que también se cierne sobre Pedro Sánchez.
La situación recuerda a la de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, quien, según se informa, fue alertado una semana antes del ataque de Hamás del 7 de octubre sobre los preparativos de un gran atentado y no actuó. Se especula sobre las consecuencias que esto podría tener para su liderazgo. Sin embargo, se subraya que las advertencias sobre la invasión de Ceuta por parte del CNI y otras fuentes no parecen haber tenido repercusiones en el gobierno de Sánchez, donde la asunción de responsabilidades políticas parece ser meramente verbal, siendo la dimisión algo prácticamente prohibido.
Paralelamente, se reactivan en los tribunales casos de corrupción notorios, afectando a figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Sánchez sigue protegiendo, y Begoña Gómez, quien se encamina a juicio. Los escándalos relacionados con las "cloacas del Estado", la financiación del PSOE, y casos de hidrocarburos y obras públicas están teniendo un impacto negativo en las encuestas electorales del PSOE. Los sondeos indican que el PP y Vox podrían superar el 50% de los votos, sumando hasta 210 diputados, una "mayoría absolutísima" que permitiría la reforma de la Constitución de 1978.
Este escenario genera temor en el PSOE, que busca un vuelco electoral a través de la controvertida "ley de nietos", actualmente bloqueada por el Tribunal Supremo, a pesar de las críticas del Gobierno hacia el tribunal. Queda por ver la sentencia definitiva antes de que comience el proceso electoral.
En un intento por mantenerse en el poder, Pedro Sánchez parece estar lanzando un "triple y desesperado ataque" contra la vida democrática, las instituciones y las libertades. Su estrategia actual se centra en utilizar la política internacional como escudo o tapadera, presentándose en la UE como un referente de la izquierda europea frente al avance de la extrema derecha, como se ha visto en Alemania y se teme en Italia y Francia.
Las elecciones municipales en España, previstas para finales de mayo de 2027, también generan preocupación en el PSOE. Muchos alcaldes y concejales socialistas, algunos en rebeldía contra el sanchismo, temen una debacle electoral ante las encuestas que otorgan al PP y Vox una suma superior al 50% de la intención de voto, mientras que Sánchez y sus aliados no superan el 36%.
Todo apunta a una posible alternancia en el poder y la salida de Pedro Sánchez. Sin embargo, se anticipan nuevas provocaciones y "burdas artimañas" por parte del presidente, quien se aferra a su puesto y espera algún acontecimiento de gran calado que le brinde una oportunidad de recuperación electoral, algo que parece improbable dada su actual deteriorada posición política y social.
Mientras tanto, el presidente se ha atrincherado en La Moncloa, distanciándose de la crisis de Ceuta, consciente de su prolongación. Los rumores sobre posibles filtraciones de los informes Pegasus, que supuestamente manejan "extraños espías", mantienen en vilo a Sánchez, según ha señalado Alberto Núñez Feijóo. Estas filtraciones podrían explicar no solo el cambio de postura de España en la ONU sobre el Sáhara Occidental, sino también el temor de Sánchez a señalar la complicidad de Marruecos en la invasión de Ceuta.
Esta situación de defensa nacional en Ceuta, con la vigilancia reforzada de los "peñones" españoles, ha sido analizada por el Rey Felipe VI junto a la cúpula militar y la ministra Robles. Sánchez no se atreve a cesar a Robles debido a la gran cantidad de información "sensible" que podría poseer, lo que generaría preocupación en el presidente.
Los casos de corrupción que afectan a su partido y a su entorno político y familiar también son motivo de inquietud para Sánchez. Estas investigaciones han provocado críticas del Gobierno y el PSOE hacia los jueces y sus decisiones. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, denunció en la apertura solemne del año judicial, presidida por el Rey, las acusaciones de "lawfare" por parte del Ejecutivo, advirtiendo de su gravedad y de los posibles delitos en los que podrían incurrir, además de dañar la credibilidad del Poder Judicial.
https://paralalibertad.org/el-rey-con-la-cupula-militar-y-la-ministra-robles/ El Rey, con la…