El Supremo mantiene la suspensión del voto para el 29N a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado y mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto en las elecciones generales del 29N a los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no estén inscritos en el CERA o no acrediten su registro. Los afectados disponen de cinco días para personarse y presentar alegaciones.

La película se entiende mejor si se separan dos cosas que van juntas pero no son lo mismo: tener la nacionalidad española y estar apuntado en el censo electoral de residentes en el extranjero. El Tribunal Supremo no ha dicho que estos ciudadanos no sean españoles. Lo que ha decidido es que, de momento, no pueden votar el 29N si su inscripción en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) no está cerrada o no se puede reconstruir con papeles cómo se hizo.

Qué ha decidido el Supremo y por qué

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado, que pedía levantar la medida cautelar adoptada el pasado 10 de septiembre. Aquella resolución retiró el derecho a voto de los inscritos en el CERA por considerar que no había tiempo material para revisar el censo antes de los comicios. El Supremo aceleró los trámites tras el adelanto electoral y este lunes ha confirmado que la suspensión sigue en pie.

El argumento central es que persiste el riesgo de que el censo "se constituya irregularmente" y sin la "exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia" que exigen las elecciones en una democracia parlamentaria representativa. La resolución añade que el derecho de sufragio "no es un derecho de carácter absoluto", sino que está "supeditarado" a los intereses generales, entre ellos preservar la veracidad del censo y la inexistencia de irregularidades. Ese interés general, dice, prevalece sobre el "interés particular del ciudadano".

Una magistrada de las seis que componen la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha emitido un voto particular. La decisión no es unánime.

Quién puede votar y quién no

No podrán votar los nacionalizados que no estén en el censo. Es decir, quienes obtuvieron la nacionalidad pero seguían pendientes del trámite de inscripción en el CERA. Tampoco podrán hacerlo los inscritos en el censo que no hayan aclarado las condiciones en las que se hizo el registro y de quienes la Administración no tenga "trazabilidad de su acceso".

Sí podrán votar, en cambio, aquellos que obtengan en los consulados una certificación de que adquirieron la nacionalidad con la debida acreditación de que son descendientes de exiliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", tal como preveía la Ley de Memoria Democrática. Es decir, el Supremo no cierra la puerta a todos: deja una vía abierta para quien pueda demostrar documentalmente su condición.

El Supremo emplaza a los afectados por la paralización a que se personen en el procedimiento como parte codemandada y les otorga un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares. Ese plazo no equivale a votar: es el trámite para intentar revertir la suspensión o acreditar la situación de cada uno.

Cuánta gente está afectada

El Gobierno comunicó en junio de 2026 que algo más de medio millón de personas habían adquirido la nacionalidad española por la llamada 'ley de nietos', una disposición incorporada en la Ley de Memoria Democrática por la que, entre otros, han sido nacionalizados los descendientes de los exiliados durante la Guerra Civil.

No todos ellos están incorporados al censo electoral de quienes viven en el extranjero. Según la Abogacía del Estado, son 369.017 quienes sí lo están, aunque solo 14.120 serían "potenciales votantes", por lo que su "participación no tendría un impacto significativo en el resultado" de las elecciones. Esa es la tesis del Ejecutivo para pedir que se levantara la suspensión.

El censo electoral para estos comicios se cerró el 1 de agosto y la consulta del mismo está disponible desde este lunes hasta el próximo 19 de octubre. Durante ese periodo, los ciudadanos que no aparezcan pueden presentar alegaciones, motivo por el que el Supremo tenía que tomar una decisión antes de que terminara el plazo.

Quién pidió la suspensión y qué dice el Gobierno

El Supremo aprobó el pasado mes de septiembre la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' a petición de Vox e Iustitia Europea. El PP, también contrario a la fórmula por la que han sido nacionalizadas ya casi 400.000 personas, llegó a hablar de "ingeniería electoral" y "fabricación de votantes" por parte del Gobierno.

Tanto el Ejecutivo como la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían pedido levantar la suspensión. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó al Supremo que frene el "intento de atropello" de PP y Vox al derecho a voto de estos ciudadanos. "España les reconoció la nacionalidad y, por lo tanto, su derecho a votar. Ya votaron en 2023, 2024 y 2025", recordó Sánchez, que se preguntó si la medida del Alto Tribunal es "constitucional" y si el resultado será que "los nietos de exiliados del franquismo" no vayan a poder votar, pero "los del régimen franquista" sí.

Este lunes 12 de octubre, desde los tradicionales corrillos del Palacio Real por el Día de la Fiesta Nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avanzado que el Gobierno estudiará, a través de la Abogacía del Estado, si la cautelar se considera resolución definitiva y, por tanto, es recurrible en el Tribunal Constitucional. "Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", ha lamentado el ministro.

La clave práctica para los afectados: el plazo de cinco días es para alegar, no para votar. Quien no esté en el censo o no pueda acreditar su inscripción no podrá ejercer el sufragio el 29N salvo que obtenga la certificación consular prevista. Y si el asunto le afecta directamente, conviene consultar con un abogado especializado en extranjería o derecho electoral antes de que venza el plazo.