El Supremo y el censo electoral: ¿qué está pasando?

La impotencia del Supremo evidencia la alteración del censo electoral por el Gobierno​

10/11/2026

Editorial-El Español

El Tribunal Supremo ha reconocido este lunes que la lógica jurídica obligaba a suspender el voto de 189.678 personas. Pero ha decidido no hacerlo porque, literalmente, ya no le da tiempo.

La Sección Cuarta de la Sala Tercera ha dictado dos autos sobre la ‘ley de nietos’. El primero mantiene suspendido el voto de 162.454 nacionalizados. El segundo rechaza extender esa suspensión a sus descendientes mayores de edad.

El resultado es, lisa y llanamente, una incoherencia. Los padres no podrán votar el 29 de noviembre por un título que la Sala ve viciado. Sus descendientes, que deben la nacionalidad «única y exclusivamente» a ese título, sí.

Pero lo que es nulo no debería producir efectos bajo ningún concepto. Si el derecho del padre está en entredicho, el del descendiente, que sólo existe por el del padre, no puede estar en mejor situación.

Esa impotencia no es culpa del Supremo. Es la consecuencia de cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha inflado el censo exterior por una vía que la ley no permitía. Y la consecuencia serán unos resultados electorales que se pondrán en entredicho, sean cuales sean, y sin posibilidad de rectificación.

La Ley de Memoria Democrática, de 19 de octubre de 2022, permitía optar a la nacionalidad a los descendientes y nietos de españoles que la perdieron por el exilio. El exilio era el requisito.

Seis días después, una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia de Pilar Llop, tras la intervención de la hermana del ministro Óscar Puente, hoy dimitido, ordenó presumirlo para quienes salieron de España entre 1936 y 1955.

La prueba quedó sustituida por una fecha.

Las cifras retratan el efecto. Según la Abogacía del Estado, 163.355 personas obtuvieron la nacionalidad por esa vía. Sólo novecientas una acreditaron el exilio de sus ascendientes, como exigía la ley.

En Buenos Aires, el cónsul general ha certificado que, de 17.775 nacionalizaciones, «ningún expediente incluyó prueba de exilio».

En septiembre, cuando suspendió el voto de los ‘nietos’, el Supremo ya advirtió que la instrucción «no parece ajustarse» a la ley. Ahora aprecia «de modo cada vez más intenso» indicios de «presuntas irregularidades de gran relevancia» en el censo exterior.

Lo repetimos: «irregularidades de gran relevancia».

Esos electores están repartidos por las cincuenta y dos circunscripciones, con un riesgo «serio y fundado» de que afecten «al propio resultado de las elecciones».

Cuando una ley exige probar una condición y su desarrollo ordena presumirla, no hay un error administrativo. Hay una decisión política. Y cuando esa decisión multiplica por más de ciento ochenta los nuevos españoles que la ley amparaba, es difícil no ver en ella un intento deliberado de alterar el censo electoral.

La segunda generación agrava el problema. La ley permitía optar también a los descendientes mayores de edad de los nuevos españoles. Así, la presunción de 2022 se ha proyectado sobre un colectivo aún mayor.

El Supremo no discute nada de esto. Admite que la extensión es «consecuencia directa y necesaria» de la suspensión ya acordada. Y que, «si se cuestiona la inscripción censal de los progenitores, en pura lógica habrá que hacerlo también de sus descendientes».

Incluso rechaza que ese voto pese poco, como alegaba la Abogacía del Estado. Es «un colectivo mayor» y «con mayor razón» le alcanza el riesgo de alteración del censo.

Si deniega la medida es sólo por el calendario. La petición llega «a una semana del comienzo de la campaña electoral«, y la Sala tiene «serias dudas sobre la viabilidad» de ejecutarla a tiempo.

(mensaje citado en revisión)

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Pero ese calendario tiene autores. El Gobierno tardó «más de mes y medio» en entregar la relación de afectados. El Supremo tuvo que apercibir a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares con multas e incluso con responsabilidades penales.

Entre tanto, Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas con el pleito abierto y parte del censo ya suspendida.

Nadie debería beneficiarse de su propia demora. Pero el reloj que el Ejecutivo manipuló acabó blindando el voto de 189.678 personas cuyo título descansa en otro que el tribunal ha puesto en duda. Es gente que no debería votar… pero que votará.

El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero lo explica en su voto particular. Si la suspensión era necesaria para los padres, para los descendientes «es ineludible si quiere mantenerse una línea de actuación internamente cohesionada».

Advierte además que la sentencia llegará tarde. Una rectificación posterior del censo «carecería ya de eficacia restitutoria respecto de una votación ya celebrada». Es lo mismo que la Sala dijo de los padres: sin suspensión, el fallo sería «ilusorio». Una encuesta de 40dB publicada ayer lunes por El País afirma que el 31% de los españoles cree que las elecciones no son limpias. ¿En qué contribuirá el fallo del Supremo a mitigar esa sospecha?

Fonseca recuerda que la tarea no era imposible. Bastaba con identificar a los descendientes de las novecientas una personas que sí acreditaron el exilio. La mayoría, reprocha, «no describe» qué actuaciones lo impedirían.

Su frase resume el dilema: «Los tiempos electorales son importantes, sin duda, pero la seguridad jurídica electoral es algo más«. La seguridad jurídica debe proteger la confianza de los ciudadanos en un orden válido. No la estabilidad de una irregularidad a la que no se puede poner remedio porque no queda tiempo suficiente.

Es la vieja advertencia del summum ius, summa iniuria: el máximo rigor puede producir la máxima injusticia. Y el Código Civil manda interpretar las normas según su espíritu y finalidad, que aquí es un censo limpio, no el presunto derecho al voto de gente que el propio Tribunal Supremo reconoce que no debería poder votar.

Es una decisión cautelar y el fondo queda pendiente. Pero para el 29-N ya no habrá remedio.

El Supremo ha hecho lo que ha podido con el tiempo que le han dejado. Sánchez ha hecho lo que quería con el tiempo que se ha tomado, a placer, y sin que nadie, en última instancia, le pusiera freno. El resultado serán unas elecciones que se pondrán en duda desde el primer minuto.

Pero la impotencia del Tribunal Supremo no exculpa al Gobierno. Lo deja en evidencia.