El TS paraliza cautelarmente la Ley de Nietos

El Supremo congela el voto de la Ley de Nietos hasta sentencia​

A una comunidad de vecinos llegó hace poco una carta a nombre de alguien que nadie conocía. El episodio, traído a colación en el hilo a propósito de los empadronamientos, resume el clima con el que se ha recibido la decisión del Tribunal Supremo: la suspensión cautelar de las altas en el censo vinculadas a la conocida como Ley de Nietos, la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática. El tribunal no ha entrado en el fondo del asunto. Solo ha frenado sus efectos electorales mientras se resuelve el recurso.

Qué ha paralizado exactamente el Supremo​

La resolución detiene la incorporación al censo electoral de los nuevos nacionalizados bajo esa normativa. Para quienes ya estaban inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), se congelan cautelarmente sus efectos electorales para los próximos comicios hasta que exista sentencia definitiva. La medida no es absoluta: la exclusión queda condicionada a que los consulados acrediten la condición de descendientes de exiliados, lo que separa esos expedientes de los tramitados al amparo de la instrucción de octubre de 2022 que flexibilizaba los requisitos. El tribunal justifica el paso por el «daño irreversible» que se produciría si el fondo se resolviera después de las elecciones, y advierte de que no prejuzga el resultado.

El origen está en un recurso de Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central, a la que se reprocha haber abdicado de su función supervisora escudándose en una supuesta falta de competencias. La decisión llega con la Abogacía del Estado y la Fiscalía alineadas en contra.

¿Quién firmó la instrucción que abrió la veda?​

Según el relato que circula en el hilo, la instrucción de octubre de 2022 la firmó Sofía Puente en su etapa como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, hermana de Óscar Puente. Su lectura de los requisitos, según esa misma versión crítica, alumbró una presunción de exilio generalizada que permitía inscribir a descendientes sin vínculo acreditado con el exilio real. De ahí el matiz que introduce ahora el Supremo: no se paraliza por igual a todos los nacionalizados, solo a los expedientes que se apartaron de la ley por esa vía interpretativa.

Nacionalidades dadas y el pulso del voto por correo​

Una de las objeciones más repetidas apunta a los límites de la decisión: las nacionalizaciones ya concedidas no se revocan, solo se les retira el efecto electoral. Hay quien exige ir más allá y revisar los DNI entregados o las prestaciones cobradas desde el extranjero por personas empadronadas aquí, si bien ninguna de esas sospechas se sostiene con datos en el material disponible y se formulan como sospecha, no como hecho probado.

En paralelo circulan propuestas de reforma: replicar el modelo italiano, con una circunscripción específica para residentes en el exterior y menos escaños, votar en la embajada o suprimir el voto por correo. Sobre esto último se atribuye a Alemania un pucherazo masivo en el voto postal sin aportar prueba alguna. Es una afirmación sin respaldo, y como tal conviene dejarla.

El dato que descoloca​

La letra pequeña incluye un detalle incómodo: tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se opusieron a la paralización cautelar solicitada ante el Supremo. El fondo del asunto sigue abierto y la sentencia definitiva aún no tiene fecha.

---

Aviso: se trata de una resolución cautelar sobre un procedimiento judicial en curso.