Eliminar las herencias: justa en teoría, ingobernable en la práctica
Hay una idea que reaparece cada vez que alguien compara patrimonios: si el dinero que heredas pesa más que el talento que tienes, la
meritocracia es un cuento. La propuesta de eliminar las herencias —o de gravarlas hasta vaciarlas de sentido— vuelve al terreno económico con una paradoja que recorre todo el planteamiento: quienes la defienden como lo más justo no se fían del Estado que tendría que aplicarla.
«Si los políticos fueran serios, sería lo más justo», admite el propio autor de la tesis, antes de reconocer que no confía en esa entidad para regular nada.
Qué propone exactamente la propuesta
El punto de partida es conocido. En un sistema que se vende como meritocrático,
la cuna pesa más que el esfuerzo: nacer abajo casi garantiza morir abajo y nacer arriba, lo contrario. Las excepciones existen —quien sube desde cero y el heredero que dilapida el patrimonio familiar— pero no alteran la regla estadística. De ahí se salta a una segunda idea: que el Estado gestione los recursos básicos, empezando por la vivienda, sería beneficioso para todos.
El problema, admite el mismo razonamiento, es que la ciudadanía no se siente parte de los poderes del Estado como promete la democracia, sino frente a una élite que parece equivocarse a propósito. Y la parte más incómoda llega al final:
quienes viven de rentas heredadas son los primeros en llamar
vagos a los que piden tocar la herencia, cuando estos piden, precisamente, no recibir nada regalado.
La meritocracia no es el motor del capitalismo
La primera objeción es de manual. El capitalismo no se fundamenta en el mérito, sino en
la acumulación de capital y en la aportación de valor en cada transacción. Desde esa lectura, la herencia es simple respeto al derecho de propiedad, y suprimirlo no elimina el incentivo: lo traslada a las donaciones en vida, con lo que el problema cambia de nombre pero no de fondo.
En la misma línea se recuerda que
amasar patrimonio sin poder legarlo desactiva el ahorro de la etapa adulta, justo cuando hay más experiencia y menos ganas. Y aparece la referencia clásica que siempre acaba saliendo: la crítica de
Adam Smith a los mayorazgos, citada tantas veces como manipulada.
El 30% de herencias que ya se rechazan en Cataluña
Un dato concreto se cuela en mitad del intercambio: en Cataluña se rechazan
el 30% de las herencias, que acaban adjudicándose a la Generalitat, y las que sí se aceptan soportan tipos elevados. La cifra se lanza como argumento práctico, aunque conviene tomarla como lo que es: una afirmación de parte, sin desglose de ejercicios ni de bases imponibles.
Lo relevante no es el porcentaje exacto, sino lo que revela. Cuando el coste de aceptar supera al de renunciar,
la gente renuncia. Ese es el escenario que ya existe sin necesidad de abolir nada, y explica por qué muchos desconfían del diseño institucional antes que de la idea en sí.
Hijos de notarios, registradores y presentadores
El dinero no es lo único que se hereda. Las relaciones pesan tanto o más, y el propio análisis lo ejemplifica con los notarios y registradores hijos de notarios y registradores, o con los actores, presentadores y artistas que repiten apellidos en televisión.
El hijísimo como categoría laboral explica mejor que ningún impuesto por qué la meritocracia se queda corta.
Hay quien va más allá y sostiene que una carrera artística exige un colchón familiar, porque el fracaso inicial solo se sostiene con respaldo económico. En España se añade un ingrediente propio: un mercado de segunda mano a precio de nuevo y ascensos que dependen del enchufe más que del currículum. Y si al que lleva toda la vida comiendo mocos le quitas además el techo que heredará de sus padres,
las cartas no es que estén marcadas, es que están a la vista.
Incentivos, propiedad privada y el choque con las pensiones
El contraataque es masivo. Si mi trabajo no lo heredan mis hijos, ¿para qué esforzarme? En un país de pequeñas empresas, la herencia es la vía real de capitalización, y las grandes fortunas escapan por la puerta de atrás:
se organizan como sociedades, de modo que la medida golpearía al pequeño propietario y dejaría intacto al grande. Otros avisan de que la gente ahorraría en metálico y objetos de valor, que gestionar una herencia es un trabajo complicado y que el mismo Estado que tarda dos años en expedir un título de la ESO no parece el candidato idóneo para administrar el patrimonio de todos.
El frente fiscal se cruza además con otro descontento: quien critica el impuesto de sucesiones suele reclamar también que
las pensiones no salen de lo cotizado sino de los impuestos de los ocupados, con un porcentaje de ingresos detraídos que se describe como confiscatorio. Son dos quejas distintas que comparten argumentario y electorado.
Donde el análisis se atasca
La herencia se defiende como derecho de propiedad y se ataca como privilegio, y ninguna de las dos posiciones resuelve el único punto que importa de verdad: quién ejecutaría la alternativa. El dato catalán mide rechazos, no justicia. La pregunta sigue huérfana: qué institución merecería gestionar semejante traspaso de riqueza. Nadie da una respuesta que le convenza a sí mismo.