Noticia: Empieza: Cientos de Charos se concentran delante del Supremo para protestar por la condena al Fiscal […]

Concentración ante el Supremo por la condena al fiscal general​

Centenares de personas se concentraron frente al Tribunal Supremo en defensa de la inocencia del fiscal general, según el mensaje que abrió la discusión. La escena, repetida en los últimos tiempos, volvió a poner sobre la mesa el mismo patrón: pancartas idénticas, letra idéntica, rotulador idéntico. Un despliegue de manual que algunos leyeron como espontaneidad y otros como coreografía.

El asunto de fondo es la condena al fiscal general por un tribunal de siete magistrados, una votación que en el material se describe como «premium» por el estatuto personal del cargo. La protesta, convocada para defender su inocencia, derivó en un debate sobre quién se manifiesta, por qué y a cambio de qué.

Quién se concentra y con qué carteles​

La composición de la concentración centró buena parte de las críticas. Se describe un perfil mayoritariamente de edad avanzada, con funcionarias y pensionistas como núcleo visible. La coincidencia en el material de pancartas con la misma tipografía y el mismo color de rotulador alimentó la sospecha de un reparto organizado: «la Charo ilustrá ha hecho todos», resume uno de los mensajes.

El término que exhiben los carteles, lawfare, se convirtió en el blanco fácil. Varios mensajes ironizan con que la mayoría de asistentes no sabría deletrearlo ni explicar su significado, y lo comparan con un supuesto nombre de fuerza aérea. La acusación de analfabetismo funcional recorre el material de arriba abajo.

El cálculo de la movilización: cuatro gatos y un ejército mediático​

La comparación entre el tamaño de la protesta y el ruido mediático que la precedió es uno de los ejes del análisis. Se sostiene que, pese al despliegue en prensa, radio, televisión e internet hablando del tribunal que condenó al fiscal, la respuesta en la calle fue escasa. «Solo 4 gatos», resume un mensaje, frente al ejército que se esperaba.

Esa desproporción se interpreta como señal de agotamiento del electorado propio. Hay quien apunta a que los votantes del partido que sostiene al fiscal general envejecen y no se reponen, y quien lo atribuye a que la convocatoria no entusiasma ni a los suyos. El dato que más se repite: la media de edad de los asistentes no baja de los sesenta.

El debate sobre el lawfare y el uso alternativo del derecho​

El concepto de lawfare vertebra la discusión jurídica. Un mensaje recuerda que ya en los años noventa se hablaba de «uso alternativo del Derecho» para describir interpretaciones forzadas desde la judicatura, y sostiene que aquello era sutil y disimulado mientras que ahora se ha sustituido por el «lo digo yo y punto». La tesis que se repite: esto viene de lejos.

Enfrente, la defensa de la concentración se apoya en la idea de que el fiscal general ha sido juzgado por un tribunal de siete magistrados con una votación de nivel Supremo, un estándar que, se argumenta, no se aplicaría a un ciudadano corriente. La comparación con la justicia ordinaria —«a cualquiera nos destruye una jueza con un día malo»— sirve para reclamar garantías equivalentes para todos.

La hipótesis de la España subvencionada​

Otra línea de análisis apunta al entramado asociativo. Se afirma que en España hay más de 600.000 personas empleadas en el sector sin ánimo de lucro, cifra que podría haber crecido hasta el millón con el aumento de subvenciones. La conclusión que extraen algunos: esa estructura está disponible para ser movilizada cuando convenga.

La sospecha se extiende a la burocracia intermedia. Se describe a los asistentes como cargos intermedios de la administración pública, con capacidad para conceder o denegar licencias, permisos e impuestos, y se les sitúa como goma entre los privilegiados y el resto. Es la tesis de la charocracia como nueva casta.

Qué se juega el fiscal general y qué se juega el Supremo​

El caso, a la fecha de esta discusión, sigue abierto. La condena al fiscal general por el tribunal de siete magistrados no cierra el asunto: la concentración ante el Supremo es una pieza más de un pulso que enfrenta a una parte del poder político con una parte de la judicatura. Nadie en el material da por resuelto el desenlace.

La pregunta que sobrevuela es si la protesta cambia algo o solo escenifica. Los mensajes más duros sostienen que la izquierda aceptaría trampas electorales con tal de gobernar; los más templados se limitan a constatar que la capacidad de convocatoria se ha desplomado. Entre ambos extremos, un dato incómodo: la pancarta era la misma para todos.

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Lo que no cuadra es la aritmética. Si el relato oficial habla de un golpe de estado judicial y la respuesta en la calle es de cuatro gatos con el mismo rotulador, o el relato exagera o la base se ha quedado sin cuerda. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.