En 1982 un pueblo de EE. UU. prohibió los videojuegos. Los consideraban un peligro para la sociedad.

Marshfield, el pueblo que vio el diablo en los videojuegos​

En 1982, mientras el mundo descubría el Pac-Man y Donkey Kong, un pequeño pueblo de Massachusetts decidió que la diversión era cosa del demonio. El 17 de junio de ese año, el Boston Globe publicaba la noticia: Marshfield prohibía los videojuegos. No era una broma ni una enmienda transitoria: la ordenanza municipal, impulsada por Tom Jackson —exagente de narcóticos y presidente del comité de vandalismo local— ilegalizaba cualquier aparato recreativo mecánico o electrónico fuera del hogar. Máquinas de pinball incluidas. La multa: 200 dólares, una cantidad respetable para la época.

Jackson veía en los salones recreativos un "ambiente de garito" (honky-tonk) que enganchaba a los chavales, les vaciaba los bolsillos y les alejaba de algo más productivo. Los padres, alarmados por el tiempo y dinero que sus hijos dejaban caer en las máquinas, apoyaron la medida. La prohibición no se limitaba a los videojuegos, sino a cualquier máquina recreativa pública. Un golpe de autoridad municipal con aroma a pánico moral.

La medida fue recurrida, pero el Supremo Judicial de Massachusetts la validó en 1983. Y ahí se quedó, congelada en el tiempo, durante casi 32 años. No fue hasta abril de 2014 cuando los vecinos decidieron ponerle fin: 203 votos a favor de la derogación frente a 175 en contra. Una victoria ajustada que demuestra que la desconfianza hacia las pantallas no había desaparecido del todo.

La lección de Marshfield no es que toda alarma tecnológica sea falsa, sino que regular los daños concretos —absentismo, ruido, gasto de menores— suele ser más sensato que prohibir el medio entero. Al fin y al cabo, las consolas en casa nunca estuvieron prohibidas; el demonio estaba en la calle, no en el salón.