En Ceuta las chabolas se multiplican mientras la ley mira a otro lado
¿Cómo se explica que en el mismo país una autocaravana estacionada en una finca privada reciba la visita de la policía y unos asentamientos de chabolas en Ceuta crezcan sin que nadie mueva ficha? La pregunta recorre el malestar económico y social que ha estallado alrededor de las imágenes de campamentos improvisados en la ciudad autónoma.
La desigualdad aplicativa de la normativa
El contraste es demoledor: mientras se amenaza con sanciones a quien instale una autocaravana en su propiedad, los asentamientos irregulares en suelo público se consolidan sin respuesta de las administraciones. Hay quien lo lee como un agravio comparativo entre ciudadanos, y quien recuerda que toda ocupación ilegal debería tratarse con el mismo rasero, ya sea en una finca de lujo o en un descampado.
La discusión sobre quién tiene derecho a estar en España se mezcla con la realidad de la infravivienda. Un dato incómodo queda encima de la mesa: en las imágenes que circulan se ven niños con signos evidentes de desnutrición, un recordatorio de que el problema no es solo urbanístico.
¿Dónde está la autoridad?
La pregunta que algunos lanzan -¿dónde está la autoridad?- no es retórica. La ausencia de una respuesta institucional visible alimenta todo tipo de teorías, desde intereses opacos hasta una supuesta dejación deliberada. Lo que los hechos muestran, de momento, es un vacío de poder que deja hacer.
La ironía llega cuando un comentario apuesta a que la mayoría de los críticos no sabrían levantar una chabola. Cierto o no, desvía la atención: el asunto no es la habilidad constructiva, sino la incapacidad de ofrecer alternativas habitacionales y la desigualdad con que se aplica la ley.
Con los asentamientos consolidándose y las multas a las autocaravanas cumpliendo su papel, la ecuación no cuadra. Y mientras las instituciones no den señales, el único consenso será que alguien, aquí, no está haciendo su trabajo.