En España ni hay trabajo ni se le espera

España: paro del 11,5% con récord turístico de 72.000 millones​

España ingresó 72.000 millones de euros por turismo en 2022, el segundo país del mundo por volumen, y a la vez arrastra el paro más alto de la Unión Europea: un 11,5% frente al 6,0% de media comunitaria. Entre los menores de 25 años el desajuste es mayor: el 28,2%, el peor dato de los Veintisiete. La foto no cuadra. Cuadra, en cambio, con una tasa de actividad por debajo de la de países más pequeños y con un mercado en el que acceder a un puesto depende, más de lo que se admite, de a quién conoces. El asunto ya no va de encontrar trabajo. Va de si merece la pena el que hay.

¿Por qué España lidera el paro de la Unión Europea?​

Los registros oficiales alimentan la polémica antes de resolverla. Hay quien da por maquillada la cifra de 3,5 millones de parados y quien la toma como suelo, no como techo. Lo que no admite discusión es el resto del cuadro: los parados mayores de 45 años superan ya el 57% del total, el nivel más alto de la historia, y la tasa de actividad española es la más baja de toda la UE. Países con menos población, como Grecia o Malta, mantienen a más gente dentro del mercado laboral.

El patrón que emerge no es el de una economía que no crea empleo, sino el de una que lo crea mal y lo destruye pronto. Turismo récord, sueldos de saldo. La paradoja se sostiene sobre una estructura productiva anclada en servicios de bajo valor y en empresas que compiten por precio, no por productividad. Con ese suelo, el mercado ni absorbe a quien se queda fuera ni retiene a quien podría aportar más.

El enchufismo que no sale en las estadísticas​

El diagnóstico más citado apunta al enchufismo estructural. Un cálculo que circula sostiene que el 80% de los ocupados accede a su puesto por contactos y solo el 20% lo encuentra por méritos propios. Conviene tomarlo con pinzas: no procede de ninguna estadística oficial. Pero describe una sensación extendida, la de que buena parte de las vacantes no se publicita y se cierra dentro del comité de empresa o entre conocidos.

De ahí, dice ese análisis, una movilidad laboral casi inexistente. En España se apuesta por jubilarse en el mismo puesto —reponedor, cartero, barrendero— y cambia de empresa muy poca gente. Quien tiene treinta y pocos años y no tiene contactos lo tiene más negro, se argumenta, que alguien de casi sesenta con la agenda bien poblada. La meritocracia se vende; lo que no se cuenta es el enchufe.

Salario mínimo, alquiler y el plan sin fisuras​

Con el salario mínimo por encima de los 900 euros netos y habitaciones que en zonas como el barrio de Salamanca rondan los 400 euros, el margen para emanciparse es estrecho, aunque hay discrepancia sobre si es directamente imposible. Frente a quien sostiene que un mes de trabajo apenas cubre la habitación, otros replican que el SMI da para más de lo que se pinta. El problema se agrava cuando entra el coste de mudarse lejos: desarraigo, familia a distancia y un sueldo que se va entero entre alquiler y supervivencia.

Y luego está el desplazamiento. Hay quien relata que una empresa tecnológica publica de nuevo la misma vacante dos semanas después de descartar a candidatos que pedían lo que valen. El argumento: los salarios llevan dos décadas casi congelados y en perfiles especializados con experiencia el ajuste ya es inevitable. El problema de fondo sigue siendo que la mejora no llega a la base.

Las 16 millones de nóminas públicas y el peso del Estado​

En el otro extremo del análisis está el gasto público. Una de las cifras que se citan —un Estado que paga 16 millones de nóminas al mes— sirve para sostener que hay más españoles con nómina pública que privada, algo que, se argumenta, resulta insostenible a largo plazo. Otra corriente lo lleva al terreno opuesto: si el sector público no tirara de la contratación, el desempleo sería propio de un país en desarrollo.

Hay quien ve en el tamaño del Estado la causa y la solución a la vez, y quien exige privatizarlo todo para que aparezca el empleo. Ninguna de las dos tesis ha pasado la prueba de los datos. Lo que sí aparece en las cuentas es la dependencia: buena parte de la ocupación que se sostiene se apoya en lo público, y eso marca el ritmo de todo lo demás.

Inmigración y el presunto dumping salarial​

Una parte del análisis sitúa el foco en la llegada de trabajadores extranjeros. Se argumenta que compiten a la baja con la mano de obra local en sectores poco cualificados y que eso hunde aún más los salarios y las condiciones. La objeción es conocida y también circula: si no fuera por esos trabajadores, muchos puestos del campo, la hostelería o el transporte quedarían sencillamente vacíos.

Las posiciones se mueven entre esos dos relatos sin llegar a un acuerdo. Lo que se constata es una tensión real en el empleo de bajos ingresos, donde oferta y demanda se cruzan con sueldos que no permiten vivir. La pregunta sobre quién es culpable no resuelve por qué el trabajo, con o sin inmigración, paga tan poco.

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Con el paro juvenil en el 28,2% y el general en el 11,5%, ningún dato apunta a un cambio de tendencia a corto plazo. El turismo bate récords y las nóminas públicas engordan, y sin embargo la sensación dominante es que no hay trabajo ni se le espera. ¿Y si el problema no fuera la falta de empleo, sino el precio al que se paga el que existe?