Encuestas del INE: la obligación que se esquiva con facilidad
El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene el poder de multarte por no contestar sus encuestas. La ley lo establece. La práctica, sin embargo, es otra historia. Basta con rascar en las experiencias de quienes han recibido sus cartas certificadas para encontrar a gente que las rompió, a otros que cerraron la puerta al inspector, y a un ex trabajador del organismo que recomienda hacerse difícil de localizar.
Y es que el INE envía correos, luego cartas certificadas con avisos de sanciones y penas detalladas, pero cuando el encuestado se resiste, los funcionarios encargados de tramitar las multas sencillamente pasan a otro asunto. Hay quien recibió dos citaciones certificadas y no le pasó nada, y quien lleva años ignorando las notificaciones. Algunos ven en las encuestas a empresas una inspección encubierta, amparada en una legislación que aún habla de multas en pesetas. Un detalle que lo dice todo.
La pregunta que queda flotando es incómoda: si el INE sabe que su sistema de coacción es papel mojado, ¿por qué sigue gastando dinero en notificaciones? Quizá el objetivo no sea obtener datos, sino mantener la ficción de que la obligación existe. O quizá, simplemente, esperan que la próxima víctima no sepa esquivarla.