Pregunta: Encuesta.¿solo las universidades públicas debería emitir títulos oficiales?

Solo la pública debería emitir títulos oficiales​

Que las universidades privadas españolas puedan expedir títulos con validez oficial es, para una parte del alumnado formado en la enseñanza pública, una anomalía que no resiste comparación. El planteamiento que abre el asunto es tajante: si el título lo firma una institución cuyos intereses no son solo académicos, el nivel real de sus egresados queda bajo sospecha. La propuesta concreta que se lanza es que sea la UNED —universidad pública a distancia— la que diseñe y corrija los exámenes de las privadas. Quien apruebe esas pruebas, obtiene el título; quien no, se queda sin él. Y si tan buenas son, añaden, no deberían tener problema en superarlas.

La discusión derivó pronto hacia un terreno más incómodo: el de la calidad de la propia universidad pública, que varios participantes niegan por sistema.

Qué se propone exactamente​

El mecanismo es sencillo de enunciar y complicado de aplicar. Se trata de separar la docencia de la certificación: el alumno estudia donde quiera —presencial, a distancia, por su cuenta o viendo vídeos— y después demuestra ante un examinador independiente que ha alcanzado el nivel exigido. En la práctica, la UNED actuaría como árbitro externo del sistema, con un mismo examen para todos los matriculados, vengan de donde vengan. Es el modelo de la evaluación ciega aplicado a la educación superior.

El argumento de fondo es que la privada tiene un incentivo perverso: si el cliente es el estudiante, subir la dificultad es arriesgar la matrícula. La pública, en cambio, no depende de esa clientela y puede permitirse suspender. De ahí la sospecha de que el nivel se relaja en función de lo que se paga. La contraoferta que aparece en la discusión invierte el razonamiento: en la privada, el alumno paga precisamente por un servicio, y las instituciones con prestigio construido tienen que sostener un nivel para no devaluar su propia marca.

El argumento que desmonta el relato de la pública intachable​

Aquí el asunto se enreda. Varios intervinientes sostienen que el favoritismo no es patrimonio de la privada. Se mencionan casos de hijos de profesores que estudian donde dan clase sus padres, alumnas que acuden a tutorías con resultados académicos llamativos y aprobados que se explican por posición social más que por conocimiento. La conclusión que extraen es incómoda: quien denuncia la compra de títulos en la privada pero calla ante el enchufismo en la pública no defiende la meritocracia, defiende su propia casta.

La respuesta del promotor del asunto es que el enchufismo existe, pero que precisamente por eso la pública es más difícil de aprobar: si hay que superar un filtro además del favor, el filtro sigue siendo real. Y admite, sin rodeos, el motivo último de su postura: la ira de ver a estudiantes con más medios, mejores condiciones y contactos compitiendo por el mismo puesto de trabajo, con la diferencia de que ellos ya tienen la puerta abierta antes de empezar.

Las privadas que sí se juegan el prestigio​

No todas las instituciones privadas son iguales, y el propio debate lo reconoce. Se distingue entre las históricas —las que llevan décadas construyendo reputación y exigen esfuerzo además de matrícula— y una segunda oleada que, según varios intervinientes, expide títulos con criterios notablemente más laxos. El fenómeno se describe como una degradación del modelo: de instituciones con filtro real a centros cuyo negocio es la matrícula y cuya función es servir de refugio a estudiantes mediocres.

El sectarismo también aparece como crítica. Se argumenta que algunas universidades privadas construyen su prestigio colocando a sus egresados en puestos de poder y cerrando después el acceso a los de fuera, con un comportamiento tribal que no las hace mejores, sino peor formadas en lo básico. La pregunta que sobrevuela es si el título acredita conocimiento o pertenencia.

Qué pasa con los títulos que habilitan para ejercer​

El matiz más relevante del asunto es el de los títulos habilitantes. Una cosa es un grado que sirve para adornar un currículum y otra un título que faculta para ejercer una profesión regulada o para opositar. En ese terreno, la exigencia de control público se vuelve más difícil de discutir: si el título habilita para ejercer, el Estado tiene un interés legítimo en verificar quién lo obtiene y con qué nivel. La propuesta de examen externo encaja mejor ahí que en el resto del sistema.

También se apunta que el título oficial mantiene su valor mientras sirva para opositar, con independencia del centro que lo expida. Es decir, el papel vale por lo que permite hacer, no por lo que demuestra saber.

El fondo del asunto: dinero, clase y acceso​

La discusión deriva, como casi todas, hacia el eje de siempre. Unos leen la propuesta como envidia: ganas de prohibir lo que otros pueden pagar para igualar por abajo. Otros la leen como defensa de lo común frente a un sistema que convierte la educación en un bien de consumo con precio de entrada. Y en medio queda un dato que nadie discute: el título sigue siendo la llave de acceso al mercado laboral, y quien puede pagarse un camino más cómodo para obtenerlo parte con ventaja.

La predicción, con reservas: mientras el título oficial siga siendo la puerta de entrada al empleo público y a las profesiones reguladas, la presión para auditar el nivel real de las privadas no va a desaparecer. Lo que no está claro es si esa auditoría llegará alguna vez, o si el sistema seguirá funcionando con dos velocidades y un mismo papel al final del camino.