Corrupción: Eres capaz de batir la charoestrategia definitiva?

Un padre denuncia que su expareja incumple las visitas desde hace nueve meses​

Un padre relata en un foro que lleva acumulados más de nueve meses de incumplimiento unilateral del régimen de visitas por parte de su expareja. Tiene auto judicial, acude puntual a la salida del colegio y graba cada entrega con un dispositivo oculto. La escena se repite dos o tres veces por semana, según su versión: la madre llama antes a la policía municipal y a la nacional para avisar de que él es un padre violento con orden de alejamiento, los agentes llegan, comprueban los papeles, ven que el hombre tiene razón y se marchan. Las niñas se van con la madre. Él, a casa.

El caso, expuesto con todo detalle por el afectado, describe un mecanismo que, según él, se repite en juzgados de toda España. La pregunta de fondo no es quién tiene razón —el auto judicial ya lo dice, sostiene— sino por qué la fuerza pública no puede hacer cumplir una resolución firme en la puerta de un colegio.

Qué pasó con el delito de incumplimiento de visitas​

El propio afectado apunta la clave jurídica: en 2015 el incumplimiento del régimen de visitas salió del Código Penal y pasó al Código Civil. Lo que antes era un delito —con pena de cárcel— se convirtió en un asunto civil. En la práctica, eso significa que una madre que no entrega a los hijos cuando le toca no comete delito, solo incumple una obligación contractual. El castigo, si llega, es una multa o una presión judicial que puede tardar años.

El resultado, según su relato, es un incentivo perverso: incumplir sale gratis. Y si además cada incumplimiento se acompaña de una denuncia falsa por maltrato, el padre queda atrapado en un bucle de comparecencias, abogados y visitas suspendidas mientras se investiga. La madre, mientras tanto, sigue con los niños.

La estrategia que bloquea las recogidas en el colegio​

El relato describe un protocolo milimétrico. Primero, llamada a la policía local y nacional poco antes de la salida del colegio: «soy un padre violento», «tengo orden de alejamiento», «me ha amenazado con llevarse a las niñas por la fuerza». Todo falso, según el afectado. Después, llegada masiva de patrullas —«barcazas de desembarco en la playa Omaha», lo llama él— que piden la documentación al padre delante de otros padres y alumnos.

Mientras los agentes verifican los autos, la madre recoge a las niñas de la fila y se marcha. Cuando el padre pide que se impida el incumplimiento, la respuesta policial es siempre la misma, según su versión: no pueden quitar por la fuerza unas menores a su madre. Denuncie en el juzgado. La policía desaparece. La madre, con las niñas. Él, con una grabación más.

Qué opciones tiene un padre en esta situación​

El afectado baraja dos vías. La primera: solicitar que las recogidas y entregas se hagan en dependencias policiales, con oficio del juzgado a las comisarías para que los agentes conozcan el caso de antemano. La segunda: dejar que la madre siga acumulando incumplimientos hasta que el juez decida el cambio de custodia. La primera opción evita el espectáculo en el colegio, pero no impide que la madre siga presentando denuncias falsas. La segunda acumula pruebas, pero mantiene a las niñas en medio del conflicto cada semana.

Un agente llegó a sugerirle que fuera a comisaría a explicar el asunto al jefe de servicio. Tras escucharle, el policía le recomendó precisamente la vía del oficio judicial a las comisarías. Es decir, según el relato del afectado, la propia policía reconoce que sin una instrucción expresa del juzgado, no va a intervenir para hacer cumplir el auto.

El punto de encuentro familiar como salida intermedia​

Una de las propuestas que más apoyo recibe es derivar las entregas al Punto de Encuentro Familiar. Allí hay personal preparado, espacio neutro y protocolos para casos conflictivos. El problema, señalan otros, es que la madre puede simplemente no presentarse, y entonces el incumplimiento se traslada al punto de encuentro sin que nadie lo impida. El padre seguiría sin ver a sus hijas, pero al menos sin montar el numerito delante de medio colegio.

El afectado lo tiene claro: «No queremos bajo ningún concepto tener que repetir esta escena en la puerta del colegio, dos o tres veces por semana». El estrés, dice, deja secuelas graves a las niñas. A la madre, aparentemente, le da igual.

La alienación parental como telón de fondo​

El caso encaja, según el padre, en lo que se conoce como SAP —síndrome de alienación parental— en grado severo. El padre sostiene que su expareja lleva meses construyendo un relato de violencia y peligro para que las niñas asocien su presencia con conflicto y policía. Si no hay cambio de custodia antes de que cumplan doce años, dice, «las tengo perdidas para siempre».

La situación judicial de la madre, según su versión, es catastrófica: se espera una evaluación psiquiátrica de la madre y de las menores por SAP. El informe, si es demoledor, podría dejar el cambio de custodia visto para sentencia. Mientras tanto, cada entrega es una emboscada y cada emboscada una prueba más.

Qué dice la ley sobre las denuncias falsas y el incumplimiento​

El marco legal es claro en teoría y difuso en la práctica. Las denuncias falsas están tipificadas en el Código Penal, pero rara vez se persiguen. El incumplimiento del régimen de visitas, desde 2015, es una cuestión civil. La combinación de ambas cosas deja al progenitor incumplidor en una posición ventajosa: puede ignorar el auto judicial sin consecuencias penales y, además, usar la vía policial para desgastar al otro.

Hay quien sostiene que la solución pasa por que los juzgados libren oficio a las comisarías para que los agentes tengan constancia del régimen de visitas y actúen en consecuencia. Otros creen que el cambio real solo llega con una modificación legal que devuelva el incumplimiento al Código Penal. Ninguna de las dos cosas parece inminente.

Lo que se juega un padre que no se rinde​

El afectado lo resume sin adornos: «Yo simplemente quiero estar con mis hijas». No insulta a la madre delante de ellas, no habla mal de ella, no la maltrata. Solo acude cuando le toca, con sus autos, su testigo y su cámara. Y vuelve a casa con las manos vacías.

La pregunta que sobrevuela todo el caso no es jurídica, sino práctica: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un sistema que obliga a un padre a elegir entre renunciar a sus hijos o convertirse en un habitual de las puertas de los colegios y las comisarías? La respuesta, por ahora, la escriben los jueces. Y tardan.

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Voces del foro

«La policía si trabaja bien hace un informe de ese incumplimiento con el que tú puedes documentar tu denuncia en el juicio. La policía jamás va a quitar a los niños al progenitor con el que se los encuentre, sea un hombre o sea una mujer, siempre y cuando vean que la situación es normal»

«El punto de encuentro es lo mejor que puedes hacer, lo del colegio o la comisaría sólo sirven para estresar a tus hijas, y ese estrés e incomodidad lo van a relacionar con tu presencia»

«Las mujeres vencen pq utilizan para ello el dinero no propio. Tienen a su disposición a toooodo el estado para ese menester. Desde legiones de abogados gratis, representantes de organizaciones, casas de acogida... Y simpatizantes en todos los estamentos»