Es hacerse funcionario el mayor acto de traición social?

El 15,25% del empleo español y la acusación de «traidor social»​

Hay una escena que se repite en cenas, bodas y reuniones de vecinos: alguien esquiva la pregunta de a qué se dedica. No es un espía ni un traficante de armas. Es funcionario, y sobre su nómina pesa una acusación que circula con fuerza: la de ser cómplice de un aparato que trata al ciudadano como un estorbo y cobra por gestionarlo. La tesis, formulada sin anestesia, sostiene que colocarse en el sector público es el mayor acto de traición social que puede cometer un trabajador español.

La acusación tiene varias capas y no todas son económicas. Debajo late una idea vieja: que existe una maquinaria administrativa diseñada para hacer la vida difícil a quien la usa, y que quien se mete dentro se paga con ese maltrato. Suena a consigna, casi a pancarta. Puesta a prueba con números, se queda corta por los dos lados.

¿Cuántos funcionarios hay realmente en España?​

La primera cifra que desmonta la excepción española es la comparativa internacional. El empleo público sobre el empleo total se sitúa en España en el 15,25%, por debajo de Francia (20,74%), Reino Unido (17,08%) y Dinamarca (27%), y por encima de Alemania (11,53%). Italia se mueve entre el 13% y el 14%. Estados Unidos, ese supuesto paraíso del liberalismo, sostiene unos 23 millones de empleados públicos: el 14,56% de su mercado laboral.

Si contratar con el Estado fuera una traición, media Europa occidental estaría procesada y nadie ha abierto expediente a los daneses. El argumento, cuando se rasca, no va del tamaño del sector público. Va de la asimetría entre dos regímenes laborales que comparten país y no comparten reglas.

Funcionario y asalariado privado: dos regímenes que no compiten en igualdad​

El reproche más repetido no es trabajar para el Estado, sino hacerlo con unas condiciones que el mercado privado no iguala: estabilidad blindada, jornada tasada y una probabilidad de despido cercana al cero. Hay quien lo resume con una frase sencilla: si al funcionario se le pudiera dar la patada por no rendir, el sueño del opositor medio se apagaría de golpe.

Lo interesante es que ese blindaje no siempre salió gratis. Hace medio siglo el sueldo público era inferior a la media del mercado y la seguridad era la contrapartida explícita del sacrificio salarial. El pacto se rompió hace mucho. Hoy el blindaje sigue y la nómina ya no compite desde abajo. Ahí está el núcleo del resentimiento, más que en la naturaleza del empleo en sí.

El resultado es un mercado con dos velocidades: una protegida y otra a la intemperie. Cuando dos regímenes conviven en el mismo país, el que está fuera de la valla siempre acaba mirando lo que hay dentro.

¿Por qué alguien con talento acaba opositando?​

Hay una explicación menos épica que la traición: el cálculo. Quien ha enviado cientos de currículos adaptados a cada oferta, sin respuesta ni entrevista, sin saber si el proceso era real o un escaparate, aprende a valorar lo único que el mercado privado no vende: previsibilidad. La selección privada es opaca y a veces, directamente, fantasma. Contra eso, un temario cerrado y un examen único parecen casi un paraíso.

La etiqueta de parasitismo ignora que el candidato medio no elige entre dos ofertas equivalentes. Elige entre una plaza estable y una carrera de contratos temporales donde la edad funciona como filtro silencioso. Llamarlo traición es cómodo. Llamarlo racional es exacto y bastante menos épico.

No todos los funcionarios atienden ventanillas​

El estereotipo del mueve-papeles choca con la composición real del empleo público. Hay ingenieros que trabajan para la administración sin ver a un solo ciudadano. Hay docentes. Y en sectores concretos —profesor de matemáticas es el ejemplo que siempre sale— las condiciones son tan competitivas que cuesta lo suyo cubrir las plazas. Confundir funcionario con administrativo de ventanilla es un error de muestreo.

También hay quien invierte el argumento y sostiene que ser funcionario es, en realidad, lo más antisistema posible: el autónomo alimenta al sistema pagando; el empleado público vive de lo recaudado. Es una pirueta retórica, pero tiene su lógica interna. Todo depende de dónde se coloque la frontera del sistema.

El chivo expiatorio y el reloj de la economía​

Falta un elemento que ninguna tabla recoge: el ciclo. En los años en que la economía iba como un tiro, los mismos que hoy hablan de traición llamaban pringaos a los funcionarios. Cuando la cosa se tuerce, la etiqueta cambia. Eso sugiere que el reproche no mide al funcionariado, sino al malestar de quien lo lanza.

Queda el dato que descoloca. El país con mayor peso de empleo público de la comparativa es Dinamarca, con un 27%, y nadie le ha pedido explicaciones. El que sostiene 23 millones de empleados públicos presume de liberalismo. La traición, si existe, tiene un mapa muy raro.