Plazas específicas para menores con graves trastornos de conducta
La Fiscalía Superior del País Vasco lo deja por escrito: hacen falta plazas para menores extranjeros no acompañados —los conocidos como MENAs— con graves trastornos de conducta. El titular aparece en su memoria de 2026, hecha pública en septiembre con datos del ejercicio anterior, y es incómodo para todas las administraciones implicadas. El cuerpo del documento admite además lo que ninguna nota de prensa presume: que no siempre es posible certificar la edad de quien llega.
Qué constata el informe de la Fiscalía vasca
El diagnóstico que firma la fiscal superior, Carmen Adán, habla de una «incesante llegada» de estos jóvenes, con Bizkaia como destino principal, y de las «graves dificultades» que eso genera en el servicio de infancia. La red actual no está dimensionada para el perfil que describe el documento. Y a eso suma un segundo problema, menos discutido y más incómodo: no siempre es posible dar certidumbre a las dudas iniciales sobre la edad de los recién llegados.
Tres corrientes para un mismo problema
La reacción se parte en tres bloques. Uno exige plazas separadas y control estricto de los casos que acumulan incidentes. Otro pone el foco en quienes firman las políticas y reclama consecuencias para los cargos que las ejecutan. Un tercero sostiene que el problema es sanitario y educativo, y que la respuesta no puede ser policial. En algo coinciden los tres: ninguno considera suficiente la gestión actual. Buena parte del ruido deriva, eso sí, hacia la descalificación personal, un terreno donde ya no queda ningún dato que discutir.
Lo que viene
Con una llegada sostenida como la que describe el informe, lo previsible es que las plazas se abran antes de que se cierre el debate sobre quién las paga, cómo se supervisan y con qué criterio se decide cuándo alguien deja de ser menor. Si la tendencia se mantiene, la presión no se va a repartir por igual entre territorios.