¿Es verdad que Mazón pidió recursos en los días posteriores a la DANA y Sánchez se los denegó?

Mazón y la DANA: la ayuda que nunca se pidió​

La pregunta circula desde hace meses y no termina de cerrarse: ¿pidió el expresidente de la Generalitat Valenciana la movilización de recursos estatales tras la riada y el Gobierno de Pedro Sánchez se la denegó? El material disponible apunta a una respuesta incómoda para las dos partes. Mazón no solicitó la declaración de emergencia nacional, según su propia explicación pública, porque alguien de su partido se lo desaconsejó. Y el Ejecutivo central, que según algunos participantes podía haber tomado el mando sin esperar invitación, tampoco lo hizo.

Qué competencias tenía cada administración​

El reparto competencial es el nudo del asunto y conviene fijarlo antes de repartir culpas. La Generalitat no puede movilizar por sí sola ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil, ni el Ejército. La Policía Nacional y la Guardia Civil dependen del Ministerio del Interior; el Ejército, del Ministerio de Defensa. La policía local depende de cada ayuntamiento. La Comunidad Valenciana carece de competencias policiales propias. Los bomberos, salvo el consorcio provincial, dependen de cada consistorio.

De ahí que la UME, única unidad militar que depende directamente del Ministerio de Defensa y no de la cúpula militar, quedara detenida cerca de la zona cero a la espera de una solicitud formal del Gobierno autonómico, según la explicación que dio el general que la mandaba. Los primeros efectivos en llegar fueron un grupo de reconocimiento, 96 militares el día previo, según los mensajes que circulan en el análisis. El despliegue masivo no se produjo hasta días después.

La cronología de los mensajes cruzados​

El 31 de octubre, Sánchez prometió ayuda «con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», y Mazón le agradeció públicamente «la colaboración y la coordinación». Dos días más tarde, el 2 de noviembre, el presidente del Gobierno soltó la frase que se ha convertido en arma arrojadiza: «Si la Comunidad Valenciana necesita más recursos, que los pida».

Ese es el punto donde las versiones se separan. Una corriente sostiene que Mazón tenía la obligación de pedir la emergencia y no lo hizo por cálculo, cobardía o simple incompetencia. Otra apunta al Ejecutivo central: aunque nadie se lo pidiera, tenía capacidad jurídica y material para intervenir y dejó pasar días clave. La discusión se enreda además con un audio que circula atribuido a Feijóo: según quienes lo han escuchado completo, dice justo lo contrario de lo que se le hace decir, es decir, que el líder del PP aconsejó a Mazón solicitar la declaración.

El relato del abandono y sus réplicas​

La versión más dura con el Gobierno central describe una ausencia total del Estado durante días: vecinos montando guardia en calles embarradas y a oscuras para evitar saqueos, que los hubo, y los primeros voluntarios con medios propios llegando antes que la ayuda institucional. Los bomberos franceses que aparecieron en Alfafar se quedaron de piedra al comprobar que eran los primeros en llegar, según el relato que se repite.

Frente a eso, la réplica oficialista insiste en que el Estado no puede ocupar competencias autonómicas sin una petición formal, y que fue la Generalitat la que se quedó quieta. El Parlamento Europeo, en el dictamen que moviliza el Fondo de Solidaridad, señaló responsabilidades políticas en todos los niveles administrativos: Estado, autonomía y ayuntamientos, por fallos de prevención y gestión. Es decir, el organismo europeo no exculpa a nadie.

Quién paga el coste político​

Mazón acabó dimitiendo más de un año después, con 226 muertos sobre la mesa. Hay quien lee esa salida como una operación para cerrar el asunto con un chivo expiatorio y dejar intacto al resto de la cadena de mando. Otros creen que la dimisión beneficia al PP porque despeja el foco. Lo cierto es que el Congreso vetó la comparecencia de familias críticas con la gestión de Sánchez, mientras las víctimas que sí acudieron repartieron reproches entre las dos administraciones.

¿Se puede demostrar que hubo una negativa expresa del Gobierno central a una petición formal de la Generalitat? Con lo que hay sobre la mesa, no. Lo que sí está documentado es que la petición no se hizo por escrito, que el Estado tenía medios para actuar antes y que nadie en Madrid movió ficha sin el trámite. Con esos mimbres, cada cual elige a quién colgar el sambenito. La pregunta que sigue sin respuesta oficial es otra: si el sistema exige una solicitud para salvar vidas, ¿para qué sirve el sistema?