España es el único país de la UE que no aplica la franquicia del IVA a los autónomos

En las últimas semanas, el debate sobre la posible implantación en España de un régimen de franquicia en el IVA para autónomos y pequeñas empresas ha ganado visibilidad pública. La cuestión merece atención, pero también exige precisión.

La Directiva (UE) 2020/285, con efectos 1 de enero de 2025, rediseña el régimen especial aplicable a las pequeñas empresas. Su finalidad principal es la de reducir cargas administrativas y permitir que empresas de reducida dimensión puedan operar de manera sencilla, no solamente en el ámbito doméstico, sino también en el territorio comunitario.

El sistema está diseñado en dos niveles. Un primer nivel doméstico que permite que un Estado miembro exonere de la repercusión del IVA a pequeñas empresas establecidas en su territorio, siempre que no superen el umbral de facturación nacional fijado por ese Estado, con el límite máximo de 85.000 euros; y un segundo nivel con carácter transfronterizo. Esta distinción es esencial y, sin embargo, no siempre se está explicando correctamente.

Por lo que respecta al nivel transfronterizo, que es la verdadera novedad que nos trae la citada directiva, una pequeña empresa establecida en un Estado miembro puede aplicar la franquicia en otros Estados de la Unión Europea, siempre que su volumen total de operaciones en territorio comunitario no exceda de 100.000 euros.

El nivel doméstico no es obligatorio para los Estados miembros de la UE, pero cabe subrayar que, aunque cada Estado opte o no por introducir exenciones de IVA, España es el único país de la UE que no ha calculado ninguna exención. España no está obligada a aplicar un régimen general de franquicia en su mercado interno. La directiva reconoce a los Estados miembros un margen de decisión en ese ámbito. Por lo tanto, la ausencia de una exención doméstica de esta naturaleza puede ser criticada, pero no constituye la infracción que hoy se atribuye a España.

El verdadero incumplimiento de España y origen de la denuncia radica en que la falta de transposición de la directiva comunitaria está impidiendo que las pequeñas empresas españolas accedan al régimen en su nivel transfronterizo. Se exige que el Estado miembro de establecimiento canalice la opción por el régimen y articule la comunicación con el resto de administraciones comunitarias.

La inacción española deja, en la práctica, a sus pymes fuera de este mecanismo europeo. La consecuencia es que las empresas españolas no pueden beneficiarse en otros Estados miembros de una simplificación que sí está disponible para pymes establecidas en países que han adaptado correctamente su normativa, lo que genera una gran desventaja en el mercado interior.

Es importante recordar que el régimen simplifica obligaciones formales y administrativas, pero no resulta ventajoso en todos los casos, ya que excluye el derecho a deducir el IVA soportado. Por ello, puede ser útil para actividades con pocos costes, pero menos conveniente para negocios con inversiones o gastos significativos.

Esto es lo que quiere Junts para firmar el decreto de vivienda. De hecho, a la señora esa le están metiendo presión porque quieren firmarlo; han decidido que es el momento de colgarse medallas para las elecciones.

Cuando un porcentaje de la población se plantee de verdad y deje de pagar impuestos, ahí es donde los políticos se verán obligados a negociar. Y no, no hay sitio para todos en la cárcel.