Están los ánimos calentitos por Ceuta....

Ceuta, la frontera que arde: ¿traición o gestión de lo inevitable?​

La ciudad autónoma de Ceuta vuelve a estar en el centro de la tormenta. La llegada de personas migrantes a través de la frontera con Marruecos ha reavivado una tensión que roza la histeria colectiva: acusaciones de alta traición contra el Gobierno, apelaciones al Código Penal y un pulso político que no hace sino crecer. Mientras unos exigen mano dura y la ilegalización de partidos, otros señalan a la patronal agrícola como la verdadera beneficiaria de un flujo que nadie quiere nombrar con precisión.

Las cifras que no se ponen de acuerdo​

Los números son tan elásticos como la frontera misma. El dato más repetido habla de unos 80.000 ingresos en el mes de julio, resueltos en su mayor parte con retornos voluntarios: más del 90 %. Pero a partir de ahí, la bruma. Las estimaciones sobre cuántos permanecen en la ciudad oscilan entre 2.000 y 10.000 según la fuente, mientras que entre los residentes corre la cifra oficiosa de 20.000 reales. La diferencia no es menor: condiciona la respuesta policial, la saturación de los centros de acogida y el reparto de menores. Un solo barrio, según se ha denunciado, habilitaría un centro para 1.500 personas dejando fuera a otros dos o tres miles. La falta de transparencia en los recuentos alimenta la desconfianza y permite que cada cual use la estadística que mejor le encaja.

El fantasma de la alta traición​

En este caldo de cultivo resurgen los viejos fantasmas. La acusación de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere entregar Ceuta y Melilla a Marruecos ha pasado de la conspiración a la polémica general, salpicada de citas legales. Se ha invocado la Ley Orgánica 10/1995, concretamente los artículos 582 y 583, que castigan con prisión de doce a veinte años al español que facilite al enemigo la entrada en España o la toma de una plaza. El paralelismo entre la política migratoria y el tipo penal de alta traición es una exageración retórica, pero refleja el nivel de indignación de una parte de la población, que ve en la acción del Ejecutivo una cesión deliberada de soberanía. En el lado opuesto, se recuerda que Marruecos utiliza la migración como herramienta de presión geopolítica, y que la responsabilidad última es de quien la instrumentaliza, no de quien intenta gestionar la crisis.

El dilema económico: invernaderos y efecto llamada​

Detrás de la fachada identitaria aparece el elefante en la habitación: la economía. El sector agrícola andaluz, motor de la provincia de Almería y de otras zonas, depende de una mano de obra migrante que llega de forma irregular y que la patronal no duda en captar. Se ha señalado que, cuando los trabajadores españoles rechazan las condiciones en los invernaderos, son los migrantes quienes cubren los huecos con salarios que nadie más acepta. La política de regularización masiva impulsada por el Gobierno de coalición, dicen algunos, no ha hecho sino amplificar el efecto llamada: sanidad gratuita, paguitas y pisos que, en teoría, atraen a miles de personas. Otros responden que el efecto llamada es un mito interesado: quien arriesga la vida en la ruta no lo hace por unas ayudas que desconocen, sino por huir de la miseria. Y ahí, la patronal andaluza juega un papel que rara vez se menciona en la esfera pública: sin su demanda de brazos baratos, la frontera sería mucho menos permeable.

La gestión tecnocrática y la fractura política​

Mientras la ciudad hierve, la respuesta oficial se apoya en la técnica. Según el análisis del sistema de inteligencia artificial Grok, la entrada masiva de julio se resolvió con retornos voluntarios superiores al 90 % y el resto se gestionará con un mando único hasta diciembre, reformas de extranjería y asilo y la cooperación con Marruecos. La previsión es que Ceuta recupere la normalidad en meses, aunque la precisión de los cálculos deja fuera la variable humana: la indignación, el resentimiento y la sensación de abandono de los residentes no se procesan con algoritmos. En lo político, la fractura es evidente: el Partido Popular declaró a Santiago Abascal persona non grata en la ciudad, mientras la ultraderecha agita el fantasma de una rebelión militar. Con elecciones generales a menos de un año, la crisis de Ceuta se ha convertido en un arma arrojadiza más, y no precisamente de las inofensivas.

La sensación que queda es la de un conflicto sin salida a corto plazo. Los datos, como suele ocurrir, son menos importantes que las percepciones. Y hoy, en Ceuta, la percepción es que alguien tiene que pagar por lo que está pasando. El problema, como siempre, es saber quién y cómo.