Este vídeo que corra como la pólvora para que todo el mundo sepa a quienes tenemos la mando del timón en este barco llamado España

El vídeo que reabre la polémica de la DANA: acusaciones cruzadas y un silencio incómodo​

Un vídeo grabado en noviembre de 2024 ha vuelto a circular estos días. En él, una persona vinculada a la gestión de la emergencia por la DANA en la Comunidad Valenciana afirma haber recibido órdenes de no difundir imágenes que mostraban la magnitud de la catástrofe. La grabación, difundida originalmente hace meses, resucita ahora un debate que muchos daban por cerrado: ¿hubo inacción deliberada por parte de las administraciones?

¿De qué acusa el vídeo?​

Según las conversaciones en torno a este material, la persona que aparece en el vídeo asegura que desde el gobierno autonómico, entonces presidido por Carlos Mazón (PP), se le instó a retirar el contenido. La acusación implícita es que se quiso evitar que la opinión pública conociera la dimensión real de la tragedia —224 fallecidos— mientras se preparaba una narrativa política contra el Gobierno central para desviar responsabilidades. El vídeo no identifica explícitamente a la institución que dio la orden, lo que alimenta todo tipo de especulaciones.

Los plazos que no cuadran​

El propio debate pone el foco en la fecha de grabación: noviembre de 2024. ¿Por qué no se difundió entonces? Las respuestas apuntan a que el material ya circuló en su momento, pero sin el mismo alcance. Ahora, meses después, resurge en un contexto de frustración generalizada. Para algunos, el retraso resta credibilidad; para otros, es la prueba de una censura sistemática que ha durado meses.

Responsabilidades compartidas y juicios pendientes​

Aunque el foco inicial está en Carlos Mazón, el análisis se amplía rápidamente a otras administraciones: diputaciones provinciales, alcaldías y el Gobierno central. Hay quien sostiene que la gestión de la crisis fue un fallo sistémico, con técnicos y políticos de todos los niveles tomando decisiones que agravaron la tragedia. El único proceso judicial abierto hasta la fecha es contra altos cargos de la Generalitat Valenciana, pero las críticas apuntan a que se trata de un "juicio pro forma" que no llegará a las cabezas visibles.

El dato que descoloca: a pesar de la indignación ciudadana y las múltiples investigaciones, ninguna autoridad ha sido apartada de su cargo. La fractura entre la percepción de impunidad y la realidad judicial es cada vez mayor.