El impuesto a extranjeros no resuelve el problema de la vivienda
¿Sirve de algo gravar la compra de vivienda por parte de extracomunitarios? La medida, según el análisis que domina la discusión, no toca el núcleo del problema: la escasez de oferta y la concentración de la propiedad. Los críticos señalan que un comprador con capital puede sortear la norma creando una sociedad española o usando un testaferro, y que el texto deja fuera a los ciudadanos de la UE, de modo que un británico paga el recargo y un alemán no. La pregunta de fondo es otra: ¿cuánta vivienda vacía hay y en manos de quién?
Qué se propone y a quién deja fuera
La propuesta consiste en aplicar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios. El argumento oficial es que así se frena la demanda extranjera y se liberan inmuebles para los residentes. El primer agujero que se le ve es la asimetría: el comprador comunitario queda exento. Si el problema es que el precio lo fija la demanda global, excluir a alemanes o suecos mientras se penaliza a británicos no cuadra. La segunda objeción es la elusión: montar una sociedad española o poner el inmueble a nombre de un testaferro es una operación al alcance de cualquier patrimonio medio-alto.
«Montarán una empresa en España y comprarán igualmente», resume una intervención. El consenso técnico es que la medida es un parche, no una reforma.
El argumento de la oferta: construir más o repartir lo que ya existe
Hay quien sostiene que el problema no es de demanda extranjera, sino de oferta estrangulada. Si no se pone el mercado de la vivienda al mundo entero, argumentan, nadie construirá casas en España porque no se incentiva la inversión. La contrarréplica es que ahogar la demanda sin tocar la oferta solo baja precios en el papel, y que con precios a la baja los promotores dejan de construir. El resultado sería un mercado congelado, no un mercado accesible.
La otra pata del argumento es más incómoda: antes de desregular suelo y
construcción, conviene preguntar cuántas viviendas vacías hay y de quién son. Si están en manos de fondos de inversión y grandes propietarios, cualquier construcción nueva acabará absorbida por el mismo circuito. El cálculo completo de esa secuencia —vacías, propietarios, incentivos— es el que da la medida real del problema.
¿Por qué el impuesto no baja el alquiler?
Porque no toca el stock existente. Un impuesto a la compra encarece la operación, pero no obliga a movilizar vivienda vacía ni a bajar la renta que paga el inquilino. Si el propietario puede repercutir el coste o mantener el inmueble cerrado esperando plusvalía, el efecto sobre el precio final es nulo o incluso negativo: menos transacciones, menos oferta en alquiler y presión al alza en el tramo bajo.
La discusión deriva entonces hacia el turismo residencial. Se argumenta que el comprador extranjero que se jubila en la costa trae divisas, consume en comercios locales y no compite por el empleo. Frente a eso, la objeción es que en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla la presión no viene del jubilado británico, sino de la inversión institucional y de la compra como refugio de capital. El diagnóstico cambia según el mapa.
Quién compra realmente y con qué dinero
Una parte del análisis apunta a que el comprador final no es el banco, sino el titular del préstamo: el banco se convierte en acreedor, no en propietario. La propiedad se adquiere con deuda y se consolida cuando se devuelve el principal. Ese matiz importa porque desmonta la idea de que la banca «posee» el parque residencial: lo financia, que no es lo mismo.
Lo que sí se sostiene con más fuerza es que el capital extranjero compra titularidad, no ladrillo físico, y que puede hacerlo a través de estructuras societarias. La consecuencia práctica es que prohibir por nacionalidad es fácil de escribir y difícil de aplicar. La alternativa que se plantea es prohibir la compra por parte de no residentes, sin distinguir pasaporte, o directamente limitar la propiedad a residentes fiscales.
Con estos mimbres, el impuesto a extracomunitarios se queda en gesto. Sube un poco la recaudación, no mueve un solo piso vacío y deja intacto el verdadero cuello de botella: quién acumula vivienda y para qué. Lo demás es
marketing electoral con urna de fondo.