¡Esto no va de vivienda, sino de golpe contra la legalidad! (Francisco Rosell en El Debate)

¡Esto no va de vivienda, sino de golpe contra la legalidad! (Francisco Rosell en El Debate)
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

Los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros no solo afectan al alquiler: el Gobierno aprovecha para colar la ampliación del censo electoral y desempolvar la ley de nietos, paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo. La oposición denuncia un golpe a la legalidad.

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Los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros no solo afectan al alquiler: el Gobierno aprovecha para colar la ampliación del censo electoral y desempolvar la ley de nietos, paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo. La oposición denuncia un golpe a la legalidad.

Hay días en que uno abre el periódico y piensa que le están tomando el pelo. Dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros sin que nadie haya visto el texto definitivo. Así, tal cual. Los ministros levantan la mano el martes y el Congreso tiene que validarlos el jueves. Y en medio, un reguero de ruido, propietarios nerviosos, portales de alquiler que se van a negro y una sensación incómoda de que esto no va de vivienda.

Qué dice la ministra y qué dicen los papeles

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, compareció para explicar las normas. Lo hizo, según las crónicas, con más voluntad que precisión. El texto definitivo no estaba. Los grupos parlamentarios recibieron el borrador a cuentagotas. Y el preámbulo de uno de los decretos, el que algunos ya llaman «María del Carmen», es un panfleto lacrimoso que presenta a una inquilina como mártir del franquismo. La realidad es más prosaica: esa persona vivía en régimen de renta antigua, un sistema que abolieron leyes socialistas, y tras la sentencia de desalojo seguirá pagando 200 euros por un piso de tres habitaciones junto al Parque del Retiro.

Al otro lado de la balanza, una pyme que posee ese único activo inmobiliario. El relato oficial la convierte en fondo buitre. El Gobierno lleva ocho años sin poner un ladrillo y ahora pretende arreglar el mercado a decretazo limpio. Mientras, los propietarios miran al cielo y los portales de alquiler apagan luces. No es una metáfora: hay operadores que han dejado de listar viviendas en zonas tensionadas por miedo a la inseguridad jurídica.

La ley de nietos vuelve por la puerta de atrás

El Tribunal Supremo paralizó cautelarmente la llamada ley de nietos. Es un hecho. Esa norma ampliaba el censo electoral permitiendo votar a descendientes de emigrantes que salieron de España entre 1936 y 1950. El Supremo vio irregularidades y la dejó en el dique seco. Hasta aquí, normal.

Lo anómalo viene ahora. El Gobierno ha introducido una enmienda intrusa en una ley educativa en tramitación para dar rango legal a lo que el Supremo había frenado. Los letrados del Congreso han advertido de inconstitucionalidad. La maniobra consiste en declarar que todos los emigrantes de ese periodo tenían condición de exiliados. Así, el Supremo no puede impedir lo que ellos llaman «pucherazo legal». La directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente, firma el artefacto. Y al final del camino, siempre está Conde-Pumpido en el Constitucional.

No es una hipótesis. Es un mecanismo que ya se ha usado antes: cuando el Gobierno se ve acorralado, arbitra un decreto-ley, le pone nombre y apellidos para humanizarlo y sigue adelante. Como se hizo con la ley de protección a la infancia y el pianista James Rhodes. La técnica no es nueva. Lo nuevo es la frecuencia.

El ruido como estrategia

Hay un patrón que se repite. Primero, se demoniza a los fondos de inversión. En 2018, el mismo Sánchez los cortejaba en Nueva York pidiéndoles que invirtieran en España por su rentabilidad segura. Hoy los llama buitres. Segundo, se provoca ansiedad entre los propietarios. Tercero, se organiza una tremolina —acampadas, sindicatos de inquilinas, ruido mediático— y en medio del caos emerge el salvador.

Mientras tanto, los portales de alquiler se van a negro. No es un decir. La inseguridad jurídica hace que muchos propietarios retiren sus pisos del mercado. Y los que quedan suben precios. El resultado es el contrario del que se anuncia: menos oferta, más carestía, más dificultad para encontrar casa. La ministra lo sabe. O debería.

El caso de Adoración y el uso político del desalojo

En octubre de 2020, el Gobierno quiso instrumentalizar el caso de Adoración, una abuela de 63 años de Carabanchel desahuciada con sus cuatro nietos de la casa que okupaba. Se filtraron wasaps entre Sánchez y su entonces mano derecha, José Luis Ábalos, hoy en prisión preventiva, que andaba más entretenido buscando piso de lujo para su amante Jésica. Adoración se quedó en la estacada. Maricarmen Abascal, en cambio, tuvo mejor fortuna: su caso encajaba en el relato y se convirtió en heroína contemporánea.

La diferencia no es la necesidad. Es la utilidad narrativa. Al Gobierno le da lo mismo Juana que su hermana. Si el caso sirve para justificar el decreto, se le presta atención. Si no, se ignora. Mientras, Bruselas ha abierto un expediente a España por no actualizar su plan de respuesta a apagones. La corrupción sistémica y la gestión desastrosa van de la mano. Y el horizonte plebiscitario se acerca: «yo o el caos», dirá Sánchez. Como si él no fuera también el caos.

Esto no va de vivienda. Va de otra cosa. De ampliar el censo electoral por la puerta de atrás. De paralizar al Supremo con enmiendas. De convertir cada decreto en un acto de fe. Y mientras, España se precipita en el vacío como ese avión con destino a Tel Aviv y 180 pasajeros a bordo, donde el copiloto hirió al piloto y nadie sabe si habrá héroes entre el pasaje. Muy aventurado esperar que aparezcan. Pero eso ya es otra historia.

Datos clave
  • El Consejo de Ministros aprobó dos decretos de vivienda sin texto definitivo y el Congreso debe validarlos.
  • El Tribunal Supremo paralizó cautelarmente la ley de nietos, que ampliaba el censo electoral con descendientes de emigrantes de 1936 a 1950.
  • El Gobierno ha introducido una enmienda en una ley educativa para dar rango legal a la ley de nietos y evitar el bloqueo del Supremo.
  • Una inquilina paga 200 euros por un piso de tres habitaciones junto al Retiro tras una sentencia de desalojo.
  • En octubre de 2020, el Gobierno instrumentalizó el caso de Adoración, una abuela de 63 años desahuciada en Carabanchel.
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.

Eric Finch

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¡Esto no va de vivienda, sino de golpe contra la legalidad!​

02/10/2026

Francisco Rosell-El Debate
  • Así, mientras provoca ruido y ansiedad entre los propietarios y los portales de alquiler se van a […], trama sacar del dique seco la ampliación del censo electoral por medio de la «ley de nietos» paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo
Ala espera de lo que resuelva el Congreso hoy sobre los dos decretos de vivienda aprobados el martes en barbecho por el Consejo de Ministros sin conocer su texto definitivo en una flagrante ilegalidad, como acreditó la ministra de la materia, Isabel Rodríguez, no debieran albergarse dudas sobre la pretensión última de unas normas cuyo etiquetado no se corresponde con el prospecto del supuesto medicamento. Más al resultar cuasi indescifrable un galimatías que parece haberse fraguado en el fumadero de porros de la acampada montada en la Puerta del Sol, cuyo teatro ambulante parece claro quién lo financia a tenor del raudo respaldo del autodenominado Sindicato de Inquilinas al gobierno.

En este sentido, no cabe preguntarse, como Josep Pla en los años 1950, ante la espectacular iluminación de la ciudad de los rascacielos: «¿Y esto quién lo paga?». Pero sí dónde trabajan o estudian estos activistas, salvo que tengan la notoriedad del portavoz de estos hacendados que juegan a pobres, como el célebre duquesito Menéndez, nieto de un exministro suarista y fundador de uno de los principales bufetes de España con edificio de varias alturas en el privilegiado barrio madrileño de El Viso. Estos rentistas del sufrimiento se arrogan la condición de víctimas expropiando de esa índole a quienes lo son y que se resisten a ser costaleros de esta nueva casta en ciernes como lo fueron los indignados náufragos de la crisis financiera de 2008 con Pudimos hasta apropiarse del movimiento del 15-M de 2011.

Para averiguar la finalidad última de estos decretos de un gobierno que no ha colocado un ladrillo en ocho años y ha elevado a la quinta potencia lo que prometió solucionar a su llegada, basta leer el indigesto y lacrimoso preámbulo de uno de los decretos «María del Carmen» (podrían haberlo bautizado «Madrecita María del Carmen», como la canción de Manolo Escobar). Aun en su ilegibilidad, constituye un estupefaciente panfleto en el que se presenta como mártir del franquismo a una inquilina que ha vivido ilegalmente del sistema de renta antigua de la dictadura abolido por leyes socialistas y que, tras sentenciarse su desalojo, seguirá disfrutando de la bicoca de poseer por 200 euros un piso de tres habitaciones aledaño al Parque del Retiro.

Al estar en el lugar adecuado en el momento justo para el relato gubernamental, una aprovechada se convertía en una sustancia ilegal contemporánea como tantos impostores del momento a costa de una pyme que, poseyendo ese único activo inmobiliario, se la hacía aparecer como un depravado fondo buitre por un rapaz gobierno que atesora una carroñera gestión en esta materia de primera necesidad. Pero, al margen de que se le prestara la atención debida a su invalidez por el Estado, Maricarmen Abascal ha tenido mejor fortuna que Adoración, una abuela de 63 de Carabanchel desahuciada con sus cuatro nietos de la casa que okupaba y que se quedó en la estacada.

En efecto, en octubre de 2020, Sánchez quiso instrumentalizar igualmente su caso para aparentar que le preocupaba y ocupaba el problema de la vivienda, según el intercambio de wasaps revelado por OK Diario con su entonces doble mano derecha en el PSOE y en el Gobierno, José Luis Ábalos, hoy en prisión y que andaba más entretenido en buscar piso de lujo a su amante Jésica. Ni antaño hizo nada ni hogaño tampoco con esta normativa que se emprende al inicio de mandato y fruto del acuerdo con el resto de partidos y administraciones. Pero a Sánchez le da lo mismo Juana que su hermana.

Así, de la misma manera que demoniza a los fondos de inversión que cortejaba en 2018 en Nueva York recabándoles que invirtieran en España por ser de segura rentabilidad para revolverse hoy contra ellos porque su estado de necesidad política lo exige como vendería a su progenitora y a su mujer el doncel enamorado. Es lo que obra por sistema cuando se halla en apuros pegando una patada al tablero, organizando una gran tremolina y acometiendo su guerra sucia contra quienes no se pliegan a ello.

Consciente de estos bodrios contra la propiedad y la libertad agravarán la búsqueda de hogar, lo que procura con estas reglamentaciones podemitas, inspiradas en la Venezuela de los Chávez y Maduro, es favorecer el caos para, en medio del mismo, emerger cual ave fénix. A este fin, su permisibilidad con las acampadas de los invasores que desestabilizan la convivencia de Ceuta siendo ayer el único gobierno de la UE en votar ‘no’ al reglamento para acelerar las expulsiones y de los «porroflautas» que convierten a la Puerta del Sol en un vertedero alimenta la excepcionalidad que anhela como bien pescador en aguas turbias.

Así, mientras provoca ruido y ansiedad entre los propietarios y los portales de alquiler se van a […], trama sacar del dique seco la ampliación del censo electoral por medio de la «ley de nietos» paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo. Al correrle prisa, ha introducido una enmienda intrusa a una ley educativa en tramitación para dar ese rango a la trampa de Sofía Puente, como directora general de Seguridad y Fe Pública, para hacer decir lo que la disposición aprobada en Cortes no dictaba.

Merced a esta morcilla que es un regüeldo legal, todos los emigrantes que marcharon fuera de España entre 1936 y 1950 tenían la condición de exiliados para que el Tribunal Supremo no impida el ‘pucherazo legal’. Aunque los letrados del Congreso han advertido sobre la inconstitucionalidad del guisote de PSOE y Sumar para que descendientes sin vinculación alguna con España diluciden su porvenir, Sánchez se vale de que, al final del camino, siempre está su dispensador de bulas Conde-Pumpido.

Por eso, el objetivo de estos decretos truños que desarbolan el mercado de las viviendas de alquiler y desincentiva la inversión es propiciar otro «momento ELbichito» que acelere su golpe contra la legalidad constitucional reeditando ese viejo método por el que cada vez que el Gobierno está en aprietos arbitra un decreto-ley –esta vez han sido dos, por si se le perdía uno– a los que humaniza dándole nombre y apellidos –como Iglesias con el pianista James Rhodes cuando era su vicepresidente con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia– para que el perro lobo Sánchez vista piel.
 
 
 
Al final salva España Puigdemont, bendita ironía.
 
 
Así que la representante de un falso sindicato se ha reunido con otros falsos sindicatos para ver de subvertir la legalidad.
Si así ha sido, los representantes de los fondos de inversión, se han reunido con asesores de Economic Team y estos han llamado a Feijoo, Abascal y Puigdemont para que tiraran en el congreso los decretos, queda por saber cuanto han pagado los primeros, cuanto se han quedado los del medio y cuanto ha llegado a los bolsillos de los ultimos.
 

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