Estupor en la sanidad penitenciaria de Marlaska: 3.000 presos con trastornos graves y ningún psiquiatra contratado

La sanidad penitenciaria española de Fernando Grande-Marlaska afronta una situación límite: faltan médicos, la atención primaria está deteriorada y los psiquiatras de plantilla prácticamente han desaparecido de las prisiones, salvo en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios y en aquellas comunidades donde la sanidad penitenciaria ya ha sido transferida, es decir, Cataluña y País Vasco. En algunos centros, incluso, se recurre a la telemedicina para cubrir determinadas urgencias ante la ausencia de facultativos.

Así lo denuncia José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, que advierte de que la asistencia sanitaria en las cárceles se está sosteniendo a base de «parches». «No hay personal facultativo y, por lo tanto, la atención de salud mental, como la atención sanitaria en general, está muy deteriorada», señala.

La situación varía de una prisión a otra. En el centro penitenciario de Albolote, en Granada, por ejemplo, un psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud acude una vez por semana gracias a un convenio que permite que un profesional sanitario pase consulta en la prisión. Pero no es una solución generalizada. «Cada prisión es un mundo», explica Antón. En otros centros se recurre a profesionales privados que acuden puntualmente y, en algunos casos, ni siquiera existe un psiquiatra disponible.

El problema, según el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, es estructural. «Mientras no se cumpla la ley y nos integremos en el Sistema Nacional de Salud, no va a haber solución», sostiene.

Una ley aprobada hace 23 años​

La integración de la sanidad penitenciaria en los servicios autonómicos de salud no es una reivindicación nueva. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2003, estableció en su disposición adicional sens que los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias debían integrarse en los correspondientes servicios autonómicos de salud en un plazo de 18 meses.

Han pasado más de dos décadas y esa integración continúa sin completarse.

«La Administración no cumple la ley», resume Antón. Desde entonces, advierte, los profesionales sanitarios de prisiones llevan años alertando de las consecuencias de una situación que ha ido agravándose: dificultades para cubrir plazas, peores condiciones profesionales y una pérdida pogre de médicos.

El déficit resulta especialmente llamativo en un momento en el que el sistema sanitario general también reclama más facultativos. «¿Quién va a venir a trabajar en una cárcel, ganar menos dinero, no tener carrera profesional y no poder ejercer tu profesión adecuadamente porque cada vez somos menos?», plantea.

La dificultad para cubrir las plazas queda reflejada, según Antón, en las propias convocatorias. «Es la única oposición en este país en la que salen 80 plazas y se presentan siete personas», afirma, en referencia a convocatorias anteriores del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

Sin psiquiatras de plantilla en la mayoría de las prisiones​

El déficit es todavía más acusado en psiquiatría. Las plazas estructurales de psiquiatras se concentran fundamentalmente en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios existentes en España, situados en Alicante y Sevilla.

En el resto de las prisiones, la presencia de especialistas no está garantizada. Existen experiencias puntuales en algunos centros, como en Madrid, pero la situación dista mucho de ser homogénea.

La excepción son Cataluña y el País Vasco,donde la sanidad penitenciaria está transferida y existen dentro de las propias prisiones profesionales y servicios de salud mental.

La consecuencia es especialmente relevante teniendo en cuenta la elevada prevalencia de trastornos mentales graves entre la población penitenciaria. Los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla acogen conjuntamente alrededor de 500 internos que cumplen medidas de seguridad de internamiento, no condenas ordinarias.

Pero el grueso de las personas con trastornos mentales graves permanece en las prisiones ordinarias. Según las estimaciones que maneja Antón, entre un 4% y un 5% de los internos podrían presentar trastornos mentales graves. Eso situaría la cifra en torno a 2.500 y 3.000 personas.

Y la mayoría de ellas, advierte, están ingresadas en centros penitenciarios ordinarios «sin psiquiatras de plantilla».

«Se está parcheando, parcheando y parcheando»​

El déficit no se limita a la salud mental. También faltan médicos de atención primaria y facultativos capaces de garantizar un seguimiento sanitario continuado.

Antón pone como ejemplo centros en los que directamente no hay médico y en los que determinadas necesidades se atienden mediante telemedicina. «No hay seguimiento de nada», lamenta.

La situación se resuelve de manera diferente en cada prisión: convenios puntuales con hospitales, profesionales que acuden una vez a la semana, contratación externa o telemedicina. «Se está parcheando, parcheando, parcheando», resume.

Para Antón, el problema no puede atribuirse únicamente a las comunidades autónomas. La integración prevista legalmente exige una actuación de la Administración central que permita transferir los recursos y garantizar la financiación necesaria.

Mientras tanto, la sanidad penitenciaria continúa funcionando con un modelo que, según los profesionales, amenaza con dejar cada vez más vacíos los servicios médicos de las cárceles españolas.

Una situación que lleva más de 20 años pendiente de solución y que afecta no sólo a las condiciones laborales de los profesionales, sino también a la capacidad del sistema penitenciario para garantizar un derecho básico: que una persona privada de libertad pueda recibir dentro de una prisión una atención sanitaria equivalente a la que tendría fuera de ella.