Eutanasia: ¿debería ser un derecho absoluto?

Eutanasia: el derecho a decidir y sus límites​

¿Puede una persona decidir cuándo terminar con su vida, o debe el Estado intervenir para protegerla incluso de sí misma? El caso de Noelia, una joven de 25 años con paraplejia y trastorno límite de la personalidad que obtuvo la eutanasia, ha reabierto un debate que va mucho más allá de lo jurídico. En el centro de la discusión está una pregunta incómoda: ¿dónde se traza la línea entre el derecho a morir dignamente y el abandono institucional de quienes sufren?

La discusión ha derivado en un choque frontal entre dos concepciones irreconciliables de la libertad individual y el papel del Estado. Unos defienden que la eutanasia debe ser un derecho de quien la solicite; otros advierten de los riesgos de normalizar la muerte asistida para personas con sufrimiento psíquico.

El caso que lo cambió todo​

Noelia tenía 25 años, paraplejia y un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Podía andar con muletas, subir escaleras y no tomaba medicación para el dolor. Su problema, según quienes cuestionan la decisión, era psicológico: depresión y TLP. El manuscrito que firmó pidiendo aplazar la eutanasia ha sido uno de los elementos más citados en el análisis posterior.

El argumento central de quienes defienden su decisión es que la libertad individual no admite tutelas. «Si es decisión libre tuya pase», resume una de las posturas más repetidas. La clave, sostienen, no es si el sufrimiento es físico o psíquico, sino si la persona es capaz de decidir sobre su propia vida.

Quienes se oponen a la eutanasia en casos como este no cuestionan la libertad individual en abstracto, sino la capacidad real de decidir cuando media un trastorno psiquiátrico. «Una depresión, por sí misma y por muy profunda que sea, no tiene por qué ser irreversible», señala uno de los análisis más citados. La comparación con enfermedades neurodegenerativas como la ELA o la tetraplejia irreversible es constante: ahí, dicen, la eutanasia está justificada; en la depresión, no necesariamente.

El fantasma de la pendiente resbaladiza​

El temor a que la eutanasia deje de ser una excepción para convertirse en una herramienta de gestión del sufrimiento recorre buena parte de la discusión. «En unos pocos años lo decidirá un tercero, como así sucede en otros países», advierte uno de los mensajes más repetidos. La referencia a la pandemia de COVID-19 y a cómo se gestionó la salud mental durante ese periodo es constante.

El argumento de la pendiente resbaladiza no es nuevo, pero en este caso adquiere una dimensión concreta: si el sufrimiento psíquico justifica la eutanasia, ¿dónde queda el límite? «Si el caso de Noelia es de sufrimiento extremo e irremediable, entonces en España hay cientos de miles, si no millones de personas para darles el paseíllo», sostiene una de las voces más críticas.

La respuesta de quienes defienden el derecho a decidir es que el abuso potencial no justifica la restricción. «La gente ha de vivir lo que ellos quieran que vivan, aún en los peores dolores», ironiza uno de los participantes, que compara la situación con la de quienes rechazan un tratamiento. «Si la persona quiere morir porque no quiere el tratamiento o porque no le funciona, me parece bien que pongan a su disposición una manera de hacer lo que de todas formas va a hacer».

El papel de los profesionales y el Estado​

Uno de los puntos de fricción más intensos es el papel de los médicos y psicólogos. «Los psicólogos de este país tienen y han tenido siempre un nivel muy bajo, así que las cabezas no se arreglan y los suicidios se disparan», afirma uno de los mensajes. La crítica a la evaluación profesional es transversal: unos dudan de la capacidad de los especialistas para detectar cuándo una decisión es libre; otros, de que el Estado deba intervenir en absoluto.

El debate sobre el suicidio asistido frente a la eutanasia también aparece. «En estos casos se le llama suicidio asistido. En la práctica lo uno lleva a lo otro», señala una de las intervenciones. La distinción no es baladí: en el suicidio asistido, la persona se administra el fármaco; en la eutanasia, lo hace un profesional sanitario.

La cuestión de fondo es si el Estado debe garantizar el derecho a morir o limitarse a no penalizarlo. «El Estado nunca debe matar a nadie. En todo caso, no penalizar matar a alguien», sostiene una de las posturas. Para otros, esa distinción es una trampa: si el Estado no garantiza el acceso, el derecho queda en papel mojado para quien no puede costearlo.

Lo que queda por resolver​

El caso de Noelia no ha cerrado el debate, lo ha avivado. La ley de eutanasia española, en vigor desde 2021, establece que el sufrimiento grave, crónico e imposibilitante o la enfermedad grave e incurable son requisitos para acceder a ella. La discusión sobre si el sufrimiento psíquico encaja en esos supuestos sigue abierta.

Mientras tanto, la conversación ha derivado hacia terrenos más amplios: el papel de los medios, la gestión política de la salud mental y la creciente desconfianza hacia las instituciones. «Los mismos que defienden el asesinato por parte de médicos cuya función es reparar la salud de las personas defienden a muerte a los ayatolás», resume una de las intervenciones más ácidas.

Al final, la pregunta que subyace no es solo jurídica ni médica. Es política: quién tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte, y con qué legitimidad. Y esa pregunta, como demuestra la discusión, no tiene una respuesta sencilla. Ni probablemente la tenga pronto.