Eutanasia por enfermedad mental: ¿hacia dónde va la sanidad?

Sanidad estudia la eutanasia en enfermedad mental a petición de un familiar​

La ministra de Sanidad, Mónica García —conocida en el sector como «Mema»—, ha puesto sobre la mesa incluir la enfermedad mental como causa para solicitar la eutanasia. El detalle que ha encendido todas las alarmas: la solicitud podría presentarla un familiar, no el propio paciente. La medida, todavía en fase de estudio, ha reabierto el debate sobre los límites de la ley de eutanasia aprobada en 2021 y ha traído a la memoria el programa Aktion T4, el plan nazi que eliminó a miles de personas con discapacidad psíquica y física entre 1939 y 1941.

¿Qué ha dicho exactamente Sanidad?​

El Ministerio no ha presentado un texto articulado, pero la titular de la cartera ha defendido que la enfermedad mental pueda equipararse a otras condiciones graves e incurables a efectos de la prestación de ayuda a morir. El problema, señalan los críticos, es que la ley actual exige que el solicitante tenga plenas facultades y voluntad inequívoca. Si la petición la formula un tercero —un familiar, un tutor o un médico—, la eutanasia deja de ser un acto voluntario y entra en el terreno de la decisión sobre la vida de otro. «Primero será un otro cercano y al final acabará siendo el otro que vela siempre por tu bienestar, o sea, el Estado», resume una de las intervenciones más repetidas.

De la eutanasia voluntaria a la eliminación de dependientes​

El argumento más repetido en el análisis es que la medida prepara el terreno para eliminar a quienes se vuelvan dependientes. La ecuación que se maneja es sencilla: no hay medios, ni personal, ni dinero para cuidar a una población creciente de solteros sin hijos. España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una esperanza de vida de las más altas. El resultado es una bomba demográfica que el sistema sanitario y de pensiones no puede absorber. En ese contexto, la eutanasia deja de ser un derecho individual y se convierte en una herramienta de gestión presupuestaria. «La solución parece obvia, ¿no?», ironiza otro análisis.

El fantasma del Aktion T4​

La comparación con el programa nazi de exterminio de enfermos mentales no es gratuita. El Aktion T4, bautizado así por la dirección de la sede en Tiergartenstrasse 4 de Berlín, utilizó la eutanasia como pretexto para eliminar a más de 70.000 personas con discapacidad entre 1939 y 1941. La diferencia, apuntan algunos, es que entonces lo hacía un Estado totalitario y hoy lo haría una democracia con ley en la mano. «Si un familiar con depresión, ansiedad, drogadicción o infantilismo decide que su hermano de 45 con autismo severo debe morir, el gobierno lo ve bien», advierte un análisis que subraya la pendiente resbaladiza.

¿Quién decide quién es un enfermo mental?​

El punto más delicado es la definición. La depresión, la ansiedad o el TDAH son condiciones tratables y, en muchos casos, transitorias. Equipararlas a una enfermedad terminal abre la puerta a que un diagnóstico psiquiátrico se convierta en una sentencia. «La depresión queda fuera... DE MOMENTO. Ya irán retocando», señala una intervención que resume el escepticismo sobre la letra pequeña. El temor es que la categoría de «enfermedad mental» se amplíe hasta incluir cualquier disidencia política, como ya ocurrió en la Unión Soviética con los psiquiátricos como herramienta de represión. «¿Os imagináis a un Gobierno corrupto que utilice a los jueces para determinar que los disidentes políticos son enfermos mentales?», se pregunta otro análisis.

El testamento vital como blindaje​

Frente al riesgo de que un tercero decida, una parte del análisis defiende el testamento vital como única garantía. La idea es dejar por escrito, en plenas facultades, la voluntad de cada uno sobre el final de su vida. «Para evitar líos hay que dejarla pedida como he hecho yo, así si enfermo y se me va la perola o quedo vegetal, mi voluntad está plasmada cuando estaba en mis cabales», explica un participante que dice haber residido en Holanda, donde la eutanasia por depresión ya se practica. El problema es que el testamento vital no cubre el supuesto que ahora se plantea: que sea otro quien solicite la eutanasia para un tercero que no ha dejado instrucciones.

El efecto electoral y el cálculo político​

Más allá del debate ético, hay un cálculo electoral que no cuadra. Los principales votantes de las formaciones que apoyan la eutanasia —jóvenes, solteros, residentes urbanos— son precisamente los que menos hijos tienen. «Se quedarán sin votantes, esta gente solo mira a corto plazo», apunta un análisis que ve en la medida un tiro en el pie. La demografía no perdona: si la eutanasia se aplica a los dependientes, el electorado de izquierdas se reduce. «Los que anoraban a los nazis no estáis desamparados: el nazismo vuelve a entrar por la puerta grande», sentencia otro.

El Ministerio no ha concretado plazos ni ha presentado un borrador. La ley de eutanasia de 2021 sigue vigente y exige voluntad expresa del paciente. Cualquier cambio en ese requisito tendría que pasar por el Congreso, donde la aritmética parlamentaria es frágil. Con estos mimbres, la predicción más prudente es que el debate se alargue, se diluya en comisiones y vuelva en forma de enmienda en la próxima ley de acompañamiento. O no. Depende de cuántos votos estén dispuestos a arriesgar.