Eva Isanta acusa a "actores mayores perecidos" de tratar de ejercer el derecho de pernada

Eva Isanta y el debate sobre el acoso en el cine​

Eva Isanta, actriz conocida por su paso por series de televisión de largo recorrido, ha puesto sobre la mesa un episodio incómodo del sector audiovisual español. Según su testimonio, varios actores mayores ya fallecidos intentaron ejercer algo parecido a un derecho de pernada durante sus primeros años de carrera. La denuncia, sin nombres propios, ha reabierto la discusión sobre cómo se accedía a los papeles en el cine y la televisión de los años noventa.

La actriz nació en 1971 y empezó a trabajar en 1991, trece años después de que la igualdad legal quedara fijada en el Código Civil y Penal. Ese detalle, repetido en distintos análisis, marca el tono del debate: no se habla de los años sesenta, sino de una industria que operaba con un marco jurídico moderno y con la posibilidad real de denunciar.

Qué denuncia exactamente Eva Isanta​

El relato que circula apunta a propuestas más o menos explícitas de actores veteranos a actrices jóvenes a cambio de promoción profesional. No hay nombres, no hay fechas concretas y no hay denuncia formal conocida. Esa ausencia de concreción es, precisamente, el punto que más se repite: sin nombres ni expedientes, la acusación queda en el terreno del testimonio personal.

Hay quien sostiene que el silencio de la actriz responde a un cálculo razonable —los señalados ya no pueden defenderse— y quien responde que un fallecido no puede ser investigado ni condenado. La consecuencia práctica es la misma: el caso no llega a ningún tribunal.

El derecho de pernada como metáfora del casting​

La expresión «derecho de pernada» se usa aquí en sentido figurado. En la práctica, el fenómeno descrito se parece más al acoso sexual laboral clásico: un superior con poder de decisión condiciona el acceso a un puesto a cambio de favores. En el cine, ese superior es el director, el productor o el actor consagrado con capacidad de influir en el reparto.

La discusión se complica cuando se introduce el matiz de la reciprocidad. Una parte del análisis sostiene que si el trato era voluntario y ambas partes obtenían algo, no hay delito, sino un intercambio dentro de un sector con miles de aspirantes para muy pocos puestos. Otra parte responde que la asimetría de poder invalida ese consentimiento: no es lo mismo decir no cuando tienes veinte años y ninguna alternativa que cuando tienes cincuenta y una carrera hecha.

El muro de los cuarenta y el momento de la denuncia​

El argumento más repetido tiene que ver con el timing. Varias intervenciones señalan que este tipo de denuncias llegan sistemáticamente cuando la actriz deja de ser joven y, por tanto, deja de ser candidata a ese tipo de propuestas. Mientras el atractivo físico abría puertas, silencio; cuando se cierra, llega la reivindicación. Es una acusación dura, difícil de demostrar y difícil de rebatir.

Frente a eso, otra lectura defiende que precisamente la pérdida de dependencia profesional es lo que permite hablar. Denunciar a los veinte años en un sector pequeño y endogámico equivale a firmar la salida. Hacerlo a los cincuenta, con la carrera hecha, cuesta menos.

Qué pasa con los actores que sí hablaron​

El caso tiene un paralelo incómodo: los actores varones también han contado presiones, pero en su caso el mecanismo es distinto. Un actor joven no suele recibir propuestas de sexo a cambio de papeles por parte de directores heterosexuales, lo que rompe la simetría del relato. Ese detalle se usa en ambos sentidos: para subrayar que el fenómeno es estructuralmente machista o para señalar que la denuncia se ha convertido en un género con audiencia propia.

Lo que queda claro es que el sector audiovisual español nunca ha tenido un MeToo con nombres, fechas y consecuencias judiciales. Ha tenido testimonios sueltos, entrevistas y silencios. Este es uno más.

Por qué no hay nombres en la denuncia​

Porque los señalados están muertos. Es la explicación más simple y la que menos se discute. Acusar a un fallecido no tiene consecuencias legales, no permite réplica y no se puede verificar. Es, en términos periodísticos, la denuncia perfecta: máxima repercusión, riesgo cero.

Eso no significa que el testimonio sea falso. Significa que es incontrastable. Y en un asunto donde la única prueba posible es la palabra de una parte contra el silencio de la otra, el lector se queda exactamente donde empezó: con una versión y ninguna forma de comprobarla.