Expertos auguran un «colapso» en servicios básicos ante el millón de forasteros que busca regularizarse

Regularización masiva: 900.000 solicitudes, el doble de lo previsto​

El Gobierno estimó que unos 500.000 inmigrantes en situación irregular se acogerían al proceso de regularización abierto esta primavera. A falta de dos semanas para el cierre, las solicitudes ya superan las 900.000, según datos del Ministerio de Inclusión filtrados a ABC. Las ONG colaboradoras calculan que la cifra alcanzará el millón. El debate se ha desplazado de la política migratoria a una pregunta incómoda: ¿están los servicios públicos preparados para absorber a cerca del 2% de la población en un solo golpe?

El colapso anunciado: matemáticas de uso intensivo​

Cada nuevo residente genera una demanda adicional sobre sanidad, educación, transporte y vivienda. En un sistema que ya arrastra listas de espera récord en atención primaria y tiempos de demora en urgencias, añadir un millón de usuarios no es un ajuste marginal. «Las listas de espera se alargarán aún más, falleciendo una mayoría en la espera, se racanearán los tratamientos», resume un análisis recurrente en el seguimiento del proceso. El transporte público, que ya acumula un triple de retrasos respecto a 2019, y la limpieza urbana serán los primeros en notarlo. En Madrid, Barcelona y Valencia, donde se concentra la mayor parte de las solicitudes, la situación podría volverse insostenible.

Vivienda: el efecto multiplicador de la reagrupación familiar​

El dato inmediato es que cada persona regularizada puede solicitar la reagrupación de familiares. Con estimaciones prudentes de dos familiares por solicitante, el impacto potencial asciende a 2,7 millones de personas. A esto se suma la Ley de Nietos, que ya ha otorgado la nacionalidad a 2,3 millones de descendientes de emigrantes. «Con la tontería te juntas con 3 millones», advierte quien ha hecho los números. El mercado de alquiler, donde más de la mitad de los inquilinos en España ya son nacidos en el extranjero (70% en Madrid, Valencia y Murcia), verá una presión adicional que, según los cálculos, disparará los precios. «Los propietarios lo celebran: su ladrillo se revaloriza, pueden pedir burradas», se comenta, mientras el chabolismo podría proliferar en las afueras de las grandes urbes.

El debate político: todos contra todos, pocas soluciones​

La atribución de responsabilidades cruza todos los colores. Se apunta al PSOE por fomentar la inmigración africana con fines electorales; al PP y Vox por cortejar al voto latino (Ayuso ganó con el voto latino, Feijóo creó una secretaría para atraer «nuevos españoles», Vox lanzó «latinos por Abascal»). «La inmigración sin condiciones es política de derechas: colapsar lo público para fomentar lo privado», sostiene una corriente. Otra ve una estrategia globalista de sustitución poblacional orquestada desde Bruselas. Entre medias, quien recuerda que hasta 2010 los inmigrantes llegaban a trabajar y ahora, dice, «se trae a gente que ni puede ni quiere trabajar». El dato que atraviesa todas las posturas: la privada también está colapsada, con citas médicas que ya tardan más de un mes.

Cierre: el dato que descoloca​

Mientras los partidos se culpan mutuamente, una voz anónima en el análisis resume la paradoja: «Los que pagan impuestos tendrán que pagarse sanidad privada y colegio privado para tener un mínimo de calidad. Los servicios públicos serán solo para el lumpen». Y concluye: «La cuenta se queda corta. Porque luego vienen las réplicas en forma de reagrupaciones. Es exponencial».