Primeros datos del pucherazo legal de Pedro Sánchez. Resumen: Vamos a tener P.S. para rato.

El censo exterior ya supera a los residentes en 123 municipios​

Los datos del censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) a 1 de julio de 2026 han encendido todas las alarmas: en 123 municipios españoles hay ya más electores inscritos desde fuera que habitantes residentes, y en 21 de ellos el CERA duplica o más a la población censada. La cifra no es un detalle administrativo: es la prueba de que el padrón electoral se está reescribiendo por una vía legal, y el debate sobre sus consecuencias políticas acaba de empezar.

La ley de nietos y el efecto Madarcos​

El caso más llamativo es Madarcos, en Madrid: 54 votantes CERA frente a 52 presenciales. Más votantes de fuera que de dentro en un pueblo de 50 habitantes. El fenómeno se atribuye a las nacionalizaciones masivas tramitadas al amparo de la ley de memoria democrática, la conocida como ley de nietos, que ha permitido a descendientes de españoles obtener la nacionalidad sin pisar España.

Los números generales, difundidos a partir de los datos del INE, dibujan un mapa insólito: 451 municipios tienen un CERA equivalente al menos al 50% de su población residente; 220 alcanzan el 75%; 123 tienen tantos o más electores CERA que habitantes; y 21 duplican su población con votantes exteriores. La distribución no es homogénea: hay quien sostiene que el Gobierno puede elegir a qué provincias enviar votantes, porque el peso del CERA se concentra en distritos concretos.

¿Pucherazo legal o simple emigración?​

La interpretación no es unánime. Una corriente de análisis sostiene que el crecimiento del CERA no tiene que ver con la ley de nietos, sino con la emigración: municipios que han perdido población joven durante décadas y cuyos mayores fallecen, mientras los que se fueron mantienen su inscripción electoral. En esa lectura, el censo exterior refleja el vaciamiento del país, no una maniobra electoral.

La corriente contraria señala que el problema no es el censo, sino el voto: aunque la participación exterior es tradicionalmente baja, un porcentaje pequeño de votos bien distribuidos puede decidir escaños en provincias disputadas. El precedente de las elecciones generales de julio de 2023, cuando el recuento del voto CERA alteró las matemáticas parlamentarias en varias provincias, se cita como aviso de lo que puede venir. El fraude, se argumenta, no necesita millones de papeletas falsas: le basta con mover unos cientos de votos en los distritos donde el margen es mínimo.

Consecuencias políticas: independentistas y regionalistas, los primeros damnificados​

Hay un dato que casi nadie subraya: los partidos independentistas y regionalistas serían los más perjudicados por el nuevo censo. La lógica es simple: el voto exterior tiende a concentrarse en las grandes opciones nacionales y diluye el peso de las formaciones territoriales. Si el CERA sigue creciendo, el mapa electoral de comunidades como Cataluña o el País Vasco puede cambiar sin que se mueva un solo residente.

Mientras tanto, la oposición y la justicia miran hacia otro lado. La sensación de impunidad es tal que algunos análisis dan por hecho que, pase lo que pase, habrá Gobierno para rato. La única certeza es que el censo de 2026 ya no se parece al de 2016, y que la ley que lo ha permitido no tiene marcha atrás.