Expulsiones de Ceuta atascadas por falta de firmas

Te arreglo el titular:

EXPULSIONES PARALIZADAS PORQUE LA LEY ESTÁ HECHA PARA QUE TODOS SE QUEDEN
La ley esta hecha para que se larguen pero la retuercen para que se quede. Todos sabemos como funciona España si hay politicos por detras.

La palabra favorita de un politico es: "Darle forma juridica".

La ley de inmigracion tambien dice que si un forastero pierde su trabajo y no recibe prestacion de desempleo debe abandonar el pais.... Aun estoy esperando que se aplique la ley.

Cientos de miles de forasteros.... legales, ilegales, pseudo-legales recibiendo paguitas, ayudas, etc sin trabajo....peor aun sin no haber trabajado ni un minuto en España y nadie los expulsa y deporta a su pais o donde sea. Son expertos en retorcer las leyes de 3º paises y llevarlas a su favor sin ningun escrúpulo..... las del suyo no.... pero las de los demas se les da de miedo.
  • Falsos matrimonios....
  • Falsos divorcios....
  • Falsas denuncias de malos tratos....
  • Falsos estudiantes que solicitan visa de estudiante y ni aparecen por alli... y por supuesto se quedan a vivir.
  • Falsos contratos de empleos....
  • Empresas falsas para darse permisos de trabajo y residencia...
  • Empresas avaladoras de forasteros con mas de 4000 avales ..... eso si sin responsabilizarse de ninguno.
  • Falsos familiares para reagrupación por familia forastero.
  • Abuso de la medicina. No hay cosa que le ponga mas simpatico a un forastero que poder ir al medico sin coste alguno.
  • Abuso de ayudas, becas, comedores escolares (sin trabajar ninguno de los padres), ayudas al desempleo, cursos a forasteros (si no trabajas a la calle).
  • subarriendos de viviendas (prohibido por ley)
  • viviendas masificadas con camas calientes, casas de 2 dormitorios viviendo mas de 18 personas.
  • Hipernatalidad para conseguir ayudas sin dar un palo al agua.
  • Falsos empadronamientos.
  • Falsos titulos profesionales.
 
Última edición:
Ojo a lo que pone la noticia:

La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.
Le cayó más que a los de los ERE honkhonk
 
La Ley hay que cambiarla. Y eso no corresponde a los funcionarios.

Pero es más cómodo decir que la culpa es de ellos, por parte de los políticos, que éstos asumir su responsabilidad.
 
Definición perfecta de inseguridad jurídica. Cómo van dicho más arriba, para sacarnos los cuartos sí se dan prisa para cambiar la ley.
 
Pero si sabe por qué no quieren firmarlas?
Por qué a lo mejor el tema es que pueden estar cometiendo un delito , ya sabemos como se las gastan las ONGs, recordemos a los GCs que se cargaron por accidente a los zainos en la playa de Ceuta , que luego tuvieron muchos problemas .
 
Las regularizaciones abiertamente ilegales ordenadas por el Comité Central Gobierno no parece que tengan tanto problema para firmarlas.
 
Claro, ahora la culpa es de los funcionarios, no de los españoles que votaron a quienes sacaron estas leyes-reglamentos que los funcionarios HAN DE CUMPLIR.

Todo en orden echando balones fuera.

Los asaltantes tendrían que haber ansioso directamente por donde entraron (o por el paso más cercano de vuelta a Jovenlandia, que tampoco es cuestión de que mueran aún más ahogados por culpa del sátrapa del otro lado y las ONG y demás). Pero como se ha votado a los corruptos que se ha votado, pues se quedan aquí. Pero oiga, la culpa es de los funcionarios (que además tienen que seguir la legalidad que han impuesto gracias al voto de los españoles).
 
Para perjudicar a autónomos no les preocupa la a prevaricación
 
La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.

«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales

Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Jovenlandia los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.
 
Lo que no se que espera la gente. Trabajadores que no serían despedidos ni faltando un mes al trabajo ni dando una caricia a su jefe pero que pueden perder la silla por firmar una orden contraria a la ley.
Si contraria después de que un tribunal pogre la reinterprete al estilo hacienda.
 

El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del 30 de julio, pero teme que la solución final se enquiste más de lo previsto por culpa de los trámites legales. No sólo porque la expulsión de los forasteros es «muy compleja» y «tarda mucho tiempo», sino, también, porque los funcionarios «se están negando a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación» por las repatriaciones exprés, según revelan a EL MUNDO fuentes del Gobierno.

Eso ralentiza el proceso de manera inequívoca. Según ha sabido este diario, los primeros expedientes ordinarios de repatriación no acompañados se van a comenzar a enviar esta misma semana, un mes después del asalto a la frontera europea.

Serán en torno a 25 menores de edad, de los alrededor de 1.200 que siguen en Ceuta, según las fuentes consultadas. Es decir, poco más del 2% de ese total. Aunque el Gobierno espera arañar algunos más, hasta 35.

En el Ejecutivo reconocen que necesitan un enorme impulso para desbloquear el embudo burocrático que demora las devoluciones. Si la solución a la crisis de Ceuta llega por goteo, el peligro de que se agudice la tensión social se puede disparar. Y eso que en Moncloa siguen insistiendo en que Jovenlandia está dispuesto a que vuelvan a su territorio «absolutamente todos» los que protagonizaron el asalto.

En ese sentido, fuentes gubernamentales aseguran que se han expulsado a 200 forasteros mayores de edad por la vía extraordinaria. Es decir, por haber cometido delitos menores (los delitos graves se juzgan en España).

¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué recelan los funcionarios, tanto los gubernamentales como los locales, de agilizar los plazos al máximo para aplacar la tensión social de Ceuta? ¿Por qué se están atascando las expulsiones, si Jovenlandia acepta que vuelvan todos? Porque los funcionarios se niegan a acortar plazo alguno. Y así se lo han transmitido a las autoridades, tanto a las de Extranjería como los de la ciudad autónoma.

La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.

«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales

Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Jovenlandia los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.

En el Gobierno reconocen el problema legal al que se enfrentan y su impotencia a la hora de acelerar los procesos: «Es difícil: todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente. Hay que hacer entrevistas y otros trámites», recuerdan. «Somos muy garantistas. Los retrat de los expedientes son atribuibles a España y a la sentencia, no a Jovenlandia, que está recibiendo a todos», por ahora, aseguran las fuentes, que añaden: «Jovenlandia, en este episodio, está colaborando, y lo tiene que hacer más cuando tenga los expedientes con todas las garantías». «Es todo muy difícil», resoplan.
No habeis visto ni un funcionario quejarse de la avalancha que han regularizado. Creo que nunca se han tramitado en España tantos expedientes a la vez, ni tan rápido.

Curiosidades de la vida.

El problema de España no esta fuera si no dentro.
 
Cosas de guasones sirvientes al anglojudeosionismo
 
Si faltas 10 horas es falta grave y puedes tener suspensión de empleo y sueldo de hasta 3 años.

Esa sentencia es una burrada pero demuestra que los funcionarios no pueden actuar contra la ley.
Pero ahí no se condena a ningún funcionario sino a los responsables últimos que son puestos políticos. Manolo el C1 de extranjería no fue condenado, ni Juan el A2 Jefe de Servicio de Manolo.
 
Ojo a lo que pone la noticia:

La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.
¿Y los indultos para que están?
Para comprar voto de investidura.
 

El Gobierno celebra que el «90%» de los forasteros que entraron en Ceuta por la frontera del Tarajal regresara a Jovenlandia en los días siguientes a la avalancha del 30 de julio, pero teme que la solución final se enquiste más de lo previsto por culpa de los trámites legales. No sólo porque la expulsión de los forasteros es «muy compleja» y «tarda mucho tiempo», sino, también, porque los funcionarios «se están negando a firmar los expedientes por miedo a ser condenados por prevaricación» por las repatriaciones exprés, según revelan a EL MUNDO fuentes del Gobierno.

Eso ralentiza el proceso de manera inequívoca. Según ha sabido este diario, los primeros expedientes ordinarios de repatriación no acompañados se van a comenzar a enviar esta misma semana, un mes después del asalto a la frontera europea.

Serán en torno a 25 menores de edad, de los alrededor de 1.200 que siguen en Ceuta, según las fuentes consultadas. Es decir, poco más del 2% de ese total. Aunque el Gobierno espera arañar algunos más, hasta 35.

En el Ejecutivo reconocen que necesitan un enorme impulso para desbloquear el embudo burocrático que demora las devoluciones. Si la solución a la crisis de Ceuta llega por goteo, el peligro de que se agudice la tensión social se puede disparar. Y eso que en Moncloa siguen insistiendo en que Jovenlandia está dispuesto a que vuelvan a su territorio «absolutamente todos» los que protagonizaron el asalto.

En ese sentido, fuentes gubernamentales aseguran que se han expulsado a 200 forasteros mayores de edad por la vía extraordinaria. Es decir, por haber cometido delitos menores (los delitos graves se juzgan en España).

¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué recelan los funcionarios, tanto los gubernamentales como los locales, de agilizar los plazos al máximo para aplacar la tensión social de Ceuta? ¿Por qué se están atascando las expulsiones, si Jovenlandia acepta que vuelvan todos? Porque los funcionarios se niegan a acortar plazo alguno. Y así se lo han transmitido a las autoridades, tanto a las de Extranjería como los de la ciudad autónoma.

La clave de todo la tiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condenó en 2025 a nueve años de inhabilitación a la ex delegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos y a la ex vicepresidenta primera de la ciudad autónoma Mabel Deu por un delito de «prevaricación administrativa», tras la repatriación exprés de 55 menores a Jovenlandia en el año 2021.

«Ningún funcionario quiere agilizar los expedientes, por miedo a que lo condenen. Nadie quiere firmar un papel. Lo que ha provocado esa sentencia es esto, que nadie quiera responsabilizarse de nada, ni en la Administración General del Estado, por los adultos, ni los funcionarios de Ceuta, por los menores. La gente no se separa ni un milímetro [de la literalidad de la norma], va todo por el libro, y la ley es muy clara y muy garantista», explican a este diario fuentes gubernamentales

Al problema de la ralentización de los expedientes se le suma otro: la falta de garantías reales de que Jovenlandia los vaya a tramitar con celeridad. Y eso, en el caso de que no los ignore por completo, ya que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reveló la semana pasada que el país vecino retiene nada menos que 600 expedientes de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta antes del 30 de julio.

En el Gobierno reconocen el problema legal al que se enfrentan y su impotencia a la hora de acelerar los procesos: «Es difícil: todos los que entran y se quieren quedar, ahora piden asilo político. Eso complica el expediente. Hay que hacer entrevistas y otros trámites», recuerdan. «Somos muy garantistas. Los retrat de los expedientes son atribuibles a España y a la sentencia, no a Jovenlandia, que está recibiendo a todos», por ahora, aseguran las fuentes, que añaden: «Jovenlandia, en este episodio, está colaborando, y lo tiene que hacer más cuando tenga los expedientes con todas las garantías». «Es todo muy difícil», resoplan.
Las resoluciones las firman PUESTOS POLÍTICOS
Mirando al dedo
 
Pero ahí no se condena a ningún funcionario sino a los responsables últimos que son puestos políticos. Manolo el C1 de extranjería no fue condenado, ni Juan el A2 Jefe de Servicio de Manolo.
Ya, pero si desobedecen abiertamente las órdenes de sus jefes superiores, sí pueden ser condenados por falta grave o muy grave.

Y seguramente cuando esos dos funcionarios fueron condenados, en Ceuta no hubo ni una manifestación de solidaridad con ellos, nada, todo el mundo callado y de acuerdo. Pues ahora a asumir las consecuencias.

Y seguramente muchos ceutíes se alegrarían, pues ahora van con todas las garantías los procesos, así que a hacerlo como se debe.
 

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