Fango del bueno: periódicos de la psoe señalando donde vive el juez que lleva el caso de vergoña.

Publicar dónde vive el juez Peinado: piscina y «almacén»​

¿Se puede publicar dónde vive el juez que instruye la causa que salpica a Begoña Gómez? Se ha publicado. El Plural difundió la ubicación del chalet del juez Peinado, instructor del caso: un inmueble de dos plantas, con piscina y vistas a la montaña, descrito como alejado del mundanal ruido. La información no se queda en la fachada. Sitúa la casa a escasos minutos del municipio familiar de Isabel Díaz Ayuso y enlaza la provincia, Ávila, con nombres como Pablo Casado, Ángel Acebes o Sebastián González Vázquez. La consecuencia es inmediata: el asunto ya no va de un chalet, sino de si señalar la casa de un juez es periodismo o presión.

Por qué se discute el uso de almacén del inmueble​

Aquí entra el detalle que ha encendido todo. Según las versiones que circulan, la vivienda figura con uso de almacén en el Catastro. La diferencia no es cosmética: un almacén declara un valor catastral muy inferior al de una vivienda, y de ese valor depende el recibo del IBI. Quienes sostienen esta tesis añaden que, terminada la obra, el titular está obligado a comunicar el cambio de uso y que una licencia del Ayuntamiento no le exime de hacerlo. Traducido: si no se actualiza, se paga menos de lo que toca.

La acusación es seria y no está confirmada por ninguna resolución. Según un participante, el recibo del IBI solo lo tienen el propietario, el banco y el Ayuntamiento. En sentido contrario se recuerda que el Catastro español arrastra un déficit de actualización notable y que hay inmuebles construidos que siguen figurando como solar. Corregirlo, si existe el error, pasaría por presentar el modelo correspondiente.

El señalamiento y el límite del interés público​

La segunda línea de discusión es de fondo: distinguir a un cargo electo de un juez. Un político vive de la exposición pública; un juez, no. De ahí la comparación que se repite: publicar la dirección de un instructor equivale a acosar a un inspector de Hacienda o a un comisario. «Hoy en día con una foto te sacan hasta la contraseña del banco. Es un señalamiento en toda regla», resume una de las reacciones más citadas. Otra añade que el patrón —unos señalan, otros actúan— es el que la organización terrorista ETA aplicó durante años, y, según otro participante, las asociaciones judiciales llevan tiempo denunciando episodios idénticos: la juez Mercedes Alaya ya lo vivió cuando investigaba la corrupción de los ERE.

No todos lo ven igual. Hay quien sostiene que Peinado no es más que un juez de instrucción que estaba de guardia el día que se presentó la querella y le dio curso, y que la cacería sería la misma contra cualquier sustituto. Y hay quien, desde el otro lado, exige ejemplaridad a quien juzga: si se predica rigor fiscal, el primero en cumplirlo debería ser el que firma autos. Los dos argumentos caben en el mismo párrafo y no se anulan.

Quién publica y qué añade el párrafo sobre Ávila​

El medio que firma la pieza es El Plural, dirigido por Enric Sopena. Su propiedad se atribuye al Grupo Lavinia, de Antoni Esteve Avilés y Victoria Piany Rovira. Ese dato ha circulado tanto como el contenido del vídeo, en una suerte de respuesta simétrica: si se señala al juez, que se sepa quién señala.

El párrafo dedicado a Ávila, Casado o Acebes vincula la provincia con una lista de nombres del PP sin aportar datos verificables sobre el inmueble. Funciona como contexto ambiental, no como dato.

Lo que sigue abierto​

No hay resolución sobre el uso catastral ni pronunciamiento sobre la licencia. La causa que Peinado instruye sigue su curso. Y el chalet sigue donde estaba, con piscina y vistas a la montaña. Ahora todos sabemos dónde.

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