Forma de comunicar finalización de alquiler

Cómo comunicar el fin del alquiler sin que tu inquilino se convierta en okupa​

Notificar la finalización de un contrato de alquiler parece un trámite sencillo, pero un error puede traducirse en una prórroga tácita de tres años o en meses de litigio. El método más seguro, el burofax con acuse de recibo y certificado de contenido, cuesta entre 8 y 30 euros, un precio bajo comparado con el coste de un desahucio.

El burofax: la garantía judicial​

La práctica totalidad de las fuentes consultadas coinciden en que el burofax es la vía más fiable para acreditar la comunicación. "Sin él, el inquilino puede alegar que no recibió el aviso y el contrato se renueva automáticamente", señala un análisis recurrente. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige una antelación mínima de cuatro meses para la no renovación por parte del arrendador, y el burofax deja constancia fehaciente del contenido y la recepción.
Correos ofrece este servicio por unos 30 euros, pero alternativas como Notificados lo rebajan a 8 euros en su versión electrónica, con la misma validez jurídica siempre que el destinatario abra el correo. Si no lo abre, el sistema obliga a justificar el motivo, lo que lo equipara al burofax físico.

Alternativas: ¿email o firma en mano?​

Algunos propietarios optan por métodos más informales: un documento firmado por ambas partes, un email con acuse de recibo o un mensaje de WhatsApp. Sin embargo, estos medios son frágiles en caso de conflicto. "Una firma puede ser negada y un email puede caer en spam", advierten fuentes con experiencia. El riesgo es que, sin prueba fehaciente, el contrato se considera prorrogado tácitamente por un año (o tres en Cataluña).
La excepción se da cuando la relación con el inquilino es excelente y ambas partes firman un documento de fin de contrato. Aun así, varios testimonios recomiendan respaldar cualquier acuerdo con un burofax "por si las moscas".

Plazos y consecuencias de una mala notificación​

El plazo legal son cuatro meses antes de la fecha de finalización del contrato. Si se incumple, el contrato se renueva automáticamente. En Cataluña, la prórroga es de un año; en el resto de España, hasta tres si no hay oposición. Además, aunque el propietario haya notificado correctamente, el inquilino puede negarse a salir. En ese caso, el desahucio por vía judicial puede alargarse entre 6 y 24 meses, según la saturación de los juzgados. Experiencias reales citan retrasos de 7 meses con pérdidas económicas significativas, aunque el Aval Lloguer cubrió impagos en un caso.

Gestión externalizada: una solución parcial​

Para evitar quebraderos de cabeza, algunos propietarios recurren a empresas gestoras que filtran inquilinos y se comprometen a desalojar en tres meses si hay impago. Sin embargo, este servicio tiene un sobrecoste (de 650 a 850 euros de alquiler, por ejemplo) y no elimina el riesgo si la empresa o su seguro fallan. La tranquilidad es relativa: "Has ganado liquidez, no tranquilidad", resume un análisis crítico.

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El debate evidencia que la notificación por burofax sigue siendo el estándar de seguridad para el propietario, pero no es una póliza contra la okupación. La pregunta que queda en el aire: ¿merece la pena arriesgarse con métodos informales para ahorrar 30 euros?

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