Francina Armengol prohíbe decir "mena" en el Congreso

El Congreso veta «mena» y el eufemismo se queda sin palabras​

La Mesa del Congreso ha aprobado un texto para evitar la utilización del término «mena» por considerarlo susceptible de estigmatizar al colectivo al que designa. La decisión, impulsada desde la Presidencia de la Cámara que ocupa Francina Armengol, convierte en material sensible un acrónimo que no nació en un mitin, sino en los protocolos administrativos: MENA, siglas de Menores Extranjeros No Acompañados. La paradoja es de manual. La palabra que se quiere desterrar fue la que el propio aparato institucional puso en circulación para evitar otras.

El asunto llega además envuelto en un agravio comparativo que no ha tardado en señalarse. La misma Mesa que reprende a Santiago Abascal por llamar «traidor» a Pedro Sánchez consiente que Félix Bolaños llame «embustera» a Cayetana Álvarez de Toledo. Dos varas de medir en la misma sesión. Ese contraste, más que la palabra en sí, es lo que ha encendido el debate.

De dónde sale el acrónimo que ahora se prohíbe​

El término no es un invento de tertulia. Aparece en los protocolos de atención de la Fiscalía de Menores, la policía, la Guardia Civil y los servicios médicos, según se recuerda en el propio debate. Designa a menores de edad que llegan al país sin tutor legal, una categoría administrativa antes que un insulto. De ahí la contradicción que muchos subrayan: si se retira la palabra, el concepto sigue sobre la mesa y alguien tendrá que nombrarlo.

La trayectoria del eufemismo es casi un experimento de laboratorio. Primero se dijo «menores extranjeros no acompañados». Después se abrevió a MENA. Cuando la sigla empezó a aparecer en sucesos, se recurrió a «jóvenes». Y «joven» acabó cargándose del mismo tono. Hay quien lo formula sin rodeos: cualquier término que se use para nombrar un fenómeno con impacto negativo termina adquiriendo la connotación, por pura asociación estadística en las noticias.

El precedente de «invidente», «discapacitado» y «diversidad funcional»​

No es la primera vez que se intenta arreglar la realidad cambiando la etiqueta. La secuencia se repite: «ciego» se sustituyó por «invidente», «tarado» por «discapacitado», y este por «diversidad funcional». Cada relevo nació con vocación de neutralidad y cada relevo acabó sonando igual que el anterior. El neolenguaje no borra el hecho que designa; solo aplaza el momento en que la palabra nueva se contamina.

Ese es el argumento que más se repite: la censura léxica no toca el problema, lo maquilla. Si el término aparece una y otra vez en noticias negativas, la estigmatización no viene del diccionario, viene del uso. Prohibir la palabra no cambia el suceso.

Quién decide qué se puede decir en el Congreso​

Aquí el debate se vuelve institucional. La Mesa de la Cámara es un órgano de gobierno interno, no un regulador del idioma. Hay quien sostiene que un diputado puede decir lo que quiera y que nadie le puede toser; en contra pesa el argumento de que la Presidencia ordena el debate y puede fijar criterios de lenguaje. La discusión sobre el alcance real de ese veto sigue abierta.

El fondo es de fondo: si el problema no es léxico, prohibir el léxico es una solución cosmética. Y si el problema es real, retirar la palabra que lo nombra lo vuelve más difícil de discutir, no más fácil de resolver.

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Queda la escena. Una Cámara que legisla sobre cómo llamar a las cosas y no consigue ponerse de acuerdo en cómo llamarlas. El acrónimo salió de un protocolo oficial. Ahora lo retira una Mesa. En medio, el fenómeno sigue exactamente donde estaba.