Isabel García, investigada por presunta trama de contratos de puntos violeta
¿Cómo es posible que una presunta trama de contratos públicos para puntos violeta acabe salpicando a una figura del feminismo institucional? El Juzgado de Mislata ha citado como investigadas a Isabel García y su pareja por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad. El caso se centra en al menos 64 contratos adjudicados a las sociedades Elig e Imber para gestionar los denominados puntos violeta, espacios de atención a víctimas de violencia hombrista.
El núcleo de la investigación
La instrucción, que ha sido ratificada por la Audiencia, analiza tanto las adjudicaciones como las cuentas de las empresas implicadas. La defensa de García niega cualquier intervención ilegal, pero el auto judicial apunta a un posible uso de influencia pública para favorecer a las sociedades. No hay condena –conviene subrayarlo–, pero la gravedad de los indicios ha llevado a la apertura de diligencias.
El contexto político
Los contratos se firmaron bajo los gobiernos de PSOE y Compromís en la Comunidad Valenciana, lo que ha abierto otro frente de críticas. Algunos análisis señalan que la responsabilidad no es solo individual, sino que apunta a un entramado de adjudicaciones directas que habría permitido el desvío de fondos. Otros, sin embargo, recuerdan que la presunción de inocencia sigue vigente.
Cierra el círculo un dato: 64 contratos. Cada uno, una oportunidad para que el dinero público acabara en manos de los amigos del poder. Si se confirma el fraccionamiento, el asunto pasará de chiringuito a escándalo mayúsculo. Mientras tanto, la justicia sigue su curso con la parsimonia de siempre.