"fui utilizada como mano ejecutora de una denuncia falsa"

Una abogada relata cómo encarceló a un inocente por una denuncia falsa​

Una abogada penalista relata en una entrevista radiofónica cómo pidió prisión preventiva contra un hombre al que acabó creyendo inocente. La denunciante, según su propio relato, había mentido por despecho: él era su amante y no dejó a su mujer. El hombre pasó cerca de dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto. La letrada dice que fue «utilizada como mano ejecutora de una denuncia falsa». El caso, contado en primera persona, ha reabierto una discusión que lleva años enquistada: qué pasa cuando la presunción de inocencia choca con un relato de parte que nadie verifica.

Qué contó la abogada y en qué punto quedó el caso​

El relato, difundido por Cadena SER, describe un caso de agresión sexual con prueba de ADN. La abogada, Beatriz de Vicente, ejercía la acusación: pidió prisión preventiva y el hombre entró en prisión. Meses después, al hablar a solas con la denunciante, esta se derrumbó y confesó que la relación era consentida y que había denunciado por despecho, al no cumplir él su promesa de abandonar a su mujer. El denunciado estaba casado y tenía dos hijos.

La abogada consultó al Colegio de Abogados. La respuesta que recibió, según su versión, es que el secreto profesional no se levanta ni aunque conozca la falsedad: no puede perjudicar a su clienta con información obtenida en la relación profesional. Se retiró de la causa. El hombre estuvo cerca de dos años en prisión preventiva y fue absuelto en el juicio porque, según ella, la denunciante «no era especialmente contundente». De Vicente asegura haber cambiado su método: ahora somete a interrogatorios inquisitivos a quien le contrata para acusar.

El secreto profesional que no se levanta ni ante un delito​

El punto que más ha dividido la discusión no es la mentira de la denunciante, sino la respuesta del colegio profesional. Hay quien sostiene que el secreto profesional ampara la confesión del cliente y que el abogado no puede usarla contra él. En contra pesa el argumento de que el secreto no cubre la comisión de un delito y que existiría obligación de denunciar la denuncia falsa. La letrada se retiró, pero no denunció. Ese detalle es el que ha encendido el debate.

La propia protagonista admite que el caso es poco común: lo habitual no es que el cliente se derrumbe y confiese, sino que el abogado sospeche y no ahonde. La consecuencia práctica es que un hombre inocente puede pasar años privado de libertad sin que nadie con potestad para evitarlo mueva ficha. La denuncia falsa, recuerda la entrevistada, es en sí un delito si se hace de forma premeditada.

¿Se puede acabar en prisión solo con la palabra de la denunciante?​

Sí, y ese es el núcleo del problema. En este caso había ADN, lo que acredita contacto, no consentimiento ni veracidad del relato. La discusión derivada apunta a que la prueba científica puede reforzar una acusación falsa sin demostrar nada sobre el fondo. La absolución llegó, según el relato, porque la declaración de la denunciante no fue contundente, no porque se acreditara la mentira.

De ahí sale la pregunta incómoda: si hubiera sido más firme en el juicio, ¿habría bastado? El sistema, en la práctica, convierte el testimonio en prueba central y deja la presunción de inocencia en un lugar secundario. La prisión preventiva, mientras tanto, ya ha cumplido su función de castigo antes de cualquier sentencia.

De la crítica al caso concreto a la sospecha sobre el sistema​

La conversación derivó rápido hacia un territorio más amplio: la sensación de que las garantías procesales se han ido diluyendo en los últimos años y de que la carga de la prueba se ha invertido en determinados procedimientos. Hay quien sostiene que el problema no es una abogada concreta, sino un diseño legal que premia la denuncia y castiga al denunciado antes de juzgarlo. Enfrente, el argumento clásico: todo acusado tiene derecho a defensa, y un abogado no elige la verdad de su cliente.

El detalle que descoloca es el origen del relato. No sale de un foro ni de una cuenta anónima: lo cuenta la propia acusadora en un medio generalista, sin que nadie le haya preguntado por ello. Eso, más que cualquier estadística, es lo que ha hecho ruido. La confesión pública convive con la ausencia de consecuencias: el caso se cerró con una retirada, no con una investigación.

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Si el relato es cierto, hubo una denuncia falsa, un inocente en prisión y un colegio profesional que optó por no mover nada. Y si no lo es, alguien acaba de contar en antena un delito que no cometió. En cualquiera de los dos escenarios, la justicia no sale bien parada. Lo previsible es que no pase nada: ni investigación, ni corrección, ni cambio legal. La próxima vez, el nombre del inocente no lo sabremos.