Fumadores y bebedores estarán últimos en las listas de espera!

Fumadores y bebedores, ¿los últimos en la lista de espera?​

Un debate abierto en un foro de actualidad plantea si quienes fuman o beben habitualmente deberían perder prioridad en la sanidad pública. El argumento de partida es que, cuando el recurso es escaso, se prioriza a quien más posibilidades tiene de aprovecharlo, igual que ocurre con los trasplantes. La propuesta no es nueva: ya se aplica en el acceso a órganos donados. Lo que cambia es el escenario: si la sanidad se convierte en un bien escaso, ¿por qué no racionar también por hábitos?

El planteamiento inicial mezcla dos cosas que el resto de la conversación separa a duras penas: la gestión de un recurso limitado y la responsabilidad individual sobre la propia salud. A partir de ahí, el intercambio deriva hacia cifras, comparaciones con el tabaco y el alcohol y una pregunta incómoda: si se penaliza al fumador, ¿por qué no al obeso, al diabético o al que no cotiza?

El punto de partida: la sanidad como bien escaso​

El mensaje que abre el asunto sostiene que la llegada de millones de personas con derecho a sanidad completa convierte el sistema en un recurso limitado. Según ese razonamiento, si el acceso se universaliza sin ampliar la capacidad, la consecuencia lógica es priorizar. Y el criterio propuesto es el estilo de vida: fumadores y bebedores habituales, al final de la cola.

La comparación con los trasplantes es el eje del argumento. Al ser un bien escaso, se da a quien más posibilidades tiene. Quien defiende la idea insiste en que no es una ocurrencia: es un criterio que ya existe, solo que aplicado a órganos y no a listas de espera. La discusión, por tanto, no es si se puede racionar, sino dónde se pone el límite.

Obesos y diabéticos: el cálculo que reordena la lista​

La conversación da un giro cuando se introducen datos. Un participante aporta una estimación de trasplantes en España por factor de estilo de vida: diabetes, 30%; obesidad o síndrome metabólico, 20%; hipertensión, 20%; alcoholismo, 10%; tabaquismo, 10%; otras causas, 10%. Según esa lectura, obesidad, diabetes e hipertensión explican ya el 70% de los trasplantes, muy por encima del tabaco y el alcohol.

El mismo análisis sostiene que la obesidad y la diabetes duplican o triplican el impacto sanitario del tabaco, y que su coste es entre 3 y 5 veces superior al impacto directo del alcohol. Con esas cifras sobre la mesa, la lista de prioridades se reordena: primero mujeres mayores, después hombres mayores, luego personas con obesidad o diabetes, y solo más tarde fumadores crónicos y bebedores problemáticos.

Hay quien responde que el dato desvía el foco. La discusión original era sobre fumadores y bebedores, y el cálculo la convierte en una competición por ver quién consume más recursos. Otros ven en esa ampliación la prueba de que el criterio del estilo de vida es un pozo sin fondo: si se aplica en serio, nadie queda fuera.

¿Quién paga la sanidad que luego se raciona?​

La objeción más repetida no es moral, es fiscal. Varios intervinientes recuerdan que fumadores y bebedores pagan impuestos especiales sobre tabaco y alcohol, y que esos impuestos financian el sistema. La pregunta que se repite: si se les manda al final de la cola, ¿se les devuelve la parte de impuestos que han pagado de más?

Un cálculo que circula en la conversación sostiene que los impuestos al tabaco y el alcohol no cubren ni el 20% del gasto sanitario que generan sus consumidores. Otros lo discuten: si el criterio es la carga fiscal, entonces el que cotiza 40 años debería ir primero, con independencia de lo que fume. La propuesta alternativa es que los años de cotización sean la única barrera legítima.

La discusión se enreda aquí con un asunto mayor: si la sanidad es universal y se financia entre todos, no se puede obligar a nadie a costearla y luego excluirle. Es el argumento que cierra el asunto para una parte de los participantes: sin universalidad no hay sistema, solo una lista de sospechosos.

La pendiente resbaladiza: del fumador al que no cotiza​

El hilo se llena de candidatos a ocupar el último puesto. Unos añaden a los consumidores de fármacos, otros a los obesos y diabéticos, otros a los conductores irresponsables, otros a los enfermos mentales. La lista crece hasta que alguien pregunta dónde se para: ¿también los que practican deporte de riesgo, los que no se vacunan, los que tienen antecedentes penales?

La comparación con la pandemia aparece en varios mensajes. Se recuerda que durante la crisis sanitaria se planteó dejar fuera del hospital a quien no se vacunara, y que entonces buena parte de la opinión lo aplaudió. El paralelismo sirve para señalar que el criterio de excluir por conducta no es nuevo ni exclusivo del tabaco.

El contraargumento más sólido es jurídico: el artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación, y una lista de espera ordenada por hábitos lo roza. Si el acceso a la sanidad pública no es universal e igual para todos, sostienen, no se puede obligar a nadie a costearlo.

Qué dicen los datos sobre tabaco, alcohol y trasplantes​

Más allá de la disputa, el material deja algunas cifras concretas. El reparto estimado de trasplantes por factor de estilo de vida coloca a diabetes, obesidad e hipertensión muy por delante del tabaco y el alcohol. El impacto económico del tabaquismo se sitúa en torno a un 10% del total, y el del alcoholismo, en otro 10%.

La comparación entre impuestos y gasto es la más discutida. La afirmación de que los impuestos especiales no cubren ni el 20% del gasto sanitario asociado aparece sin fuente en la conversación, y convive con la tesis contraria: que el fumador medio paga de sobra lo que consume. Ninguna de las dos se resuelve con los datos disponibles.

Lo que sí queda claro es que el criterio del estilo de vida no es limpio. Aplicado al tabaco, deja fuera a millones de personas que cotizan. Aplicado a la obesidad, multiplica los excluidos. Aplicado a la inmigración, convierte un problema de gestión en una disputa identitaria.

El cierre: una pregunta sin respuesta​

La conversación no llega a un acuerdo. Unos defienden que la sanidad es un derecho y que racionarla por hábitos abre la puerta a una lista de excluidos cada vez más larga. Otros sostienen que, con recursos limitados, alguien tiene que decidir, y que fingir que todo cabe es la peor de las políticas.

La pregunta que queda flotando es la misma que abre el asunto: si el sistema no da para todos, ¿quién decide quién espera y con qué criterio? Y si la respuesta es el estilo de vida, ¿por qué empezar por el tabaco y no por la obesidad, que según los datos que circulan pesa mucho más?