2.300 euros al mes en prisión: el funcionario que dice que es poco
Un funcionario de prisiones ha asegurado en una entrevista que el sueldo medio del cuerpo es de unos 2.200 a 2.300 euros mensuales en 14 pagas. La cifra está por encima del salario medio español, pero él lo considera insuficiente: “Desempeñamos un trabajo que conlleva riesgo”, sentencia.
El argumentario no deja indiferente. La primera réplica es siempre la misma: esos 2.300 euros se ganan trabajando una media de 15 días al mes, con turnos intensivos de tres días seguidos. Traducción: el salario por jornada efectiva supera al de muchos puestos de responsabilidad en el sector privado. La objeción tiene trampa, porque esos tres días son de presencia continua, con noches y una tensión que no se cotiza en bolsa.
La oposición que deja fuera a 14 de cada 15
El acceso a la plaza no es un regalo. Es un cuerpo C1, con exámenes tipo test sin temario unificado y una nota de corte que en la última promoción se quedó en 30 puntos sobre 100. La ratio es demoledora: por cada 15 aspirantes, solo uno consigue plaza. Los que la obtienen se han dejado años de estudio y, en muchos casos, la salud mental por el camino. Ese coste de entrada tampoco aparece en la nómina.
La comparación incómoda con otros cuerpos y con la privada
El debate salta inevitablemente a las comparaciones. Un profesor universitario titular necesita años de carrera para acercarse a esa cifra. Un policía municipal de un pueblo pequeño, con bastante menos riesgo, gana lo mismo o incluso menos. Y en la empresa privada, la mayoría de los contratos ni se acercan a esos 2.300 euros, ni siquiera con jornadas completas de 40 horas. Eso explica que las listas de espera para opositar sigan siendo largas, a pesar de las quejas.
El problema de fondo: la erosión salarial de los funcionarios
Pero hay un tercer elemento que casi nadie discute: la pérdida de poder adquisitivo. La subida de la inflación y de los impuestos ha ido comiendo terreno a los salarios públicos. Lo que hace una década era un sueldo desahogado, hoy se queda justo para llegar a fin de mes. Y en un oficio como el de prisiones, donde la peligrosidad no se negocia, la percepción de agravio crece más rápido que en otros cuerpos.
Qué hay detrás de la queja
Al final, la discusión no es si 2.300 euros es mucho o poco. Es si el mercado laboral español está tan degradado que un trabajo de riesgo, con oposición durísima, se paga igual que un puesto administrativo sin más. Los que defienden al funcionario apuntan a la responsabilidad y el peligro. Los críticos recuerdan que hay empleos peor pagados con más horas y más riesgo físico. La realidad, como casi siempre, se sitúa en un punto incómodo: bastantes aspirantes dispuestos a pasar años opositando para cobrar esa cantidad, y bastantes funcionarios que consideran que el complemento de peligrosidad es papel mojado. El debate, desde luego, no se va a resolver con una subida salarial, porque el problema es estructural.
En mitad de la controversia, no falta quien recuerda que con 2.300 euros aún se puede esperar al día de cobro para adquirir una consola de última generación. Para algunos, eso es un lujo; para otros, la prueba de que el sueldo no es tan malo. La ironía no zanja el asunto, pero humaniza la estadística.