Funcionarios llorando porque la gente no quiere trabajar

Funcionarios contra paguiteros: el nuevo choque de clases​

¿Por qué se ha instalado la idea de que los funcionarios se quejan de que nadie quiere trabajar? El planteamiento que abre la conversación es nítido: una generación que ha vivido siempre al resguardo del presupuesto público observa con inquietud cómo el mercado laboral deja de ser el de sus padres, y reclama que los desempleados sean obligados a trabajar en la obra y en todos los oficios para que los servicios sigan saliendo baratos. La tesis que recorre el asunto es que ese malestar no nace de la productividad ajena, sino de ver que su posición en la cadena trófica empieza a tambalearse.

El sueldo público que se queda corto​

El primer foco del asunto es económico. Se sostiene que el salario de la función pública se está quedando corto frente al coste de la vida y que, ante esa pérdida de poder adquisitivo, aparece la tentación de exigir mano de obra ajena barata. La factura de las nóminas públicas se cifra en 160.000 millones de euros, una cantidad que se habría comido la totalidad de lo recaudado vía IRPF y que representaría uno de cada cuatro euros del gasto total, más del 11% del PIB y por encima del coste de las pensiones contributivas.

Hay quien añade un matiz fiscal que suele pasarse por alto: con el IRPF marginal en el 35% para buena parte de ese colectivo, una subida nominal del 3% se queda en un 2% real si no se deflacta el impuesto. El mismo mecanismo que se discute con el SMI. La conclusión que se extrae es incómoda: el problema no es solo cuánto se cobra, sino cuánto se queda por el camino.

El paguitero que trabaja en negro​

El segundo foco es sociológico y resulta más incómodo. Frente al funcionario que calienta la silla se alza la figura del que cobra prestación y complementa con chapuzas sin factura. Lejos de ser una anomalía, se presenta como una estrategia racional: si el sistema no ofrece un empleo digno, se parasita el sistema. El argumento que se repite es que ese perfil no pide permiso ni oposición, y que su existencia rompe el monopolio del privilegio.

El pique entre ambos colectivos, sin embargo, se califica de estéril. La diferencia real no sería de estatus, sino de acceso: unos aprobaron una oposición y otros no, pero el resultado económico se parece bastante. La crítica más afilada apunta a que el funcionario de base exige esclavos mientras él mismo vive de lo público, y que la hostilidad hacia el dinero negro desaparece en cuanto se puede ganar.

La juventud que ya no rema​

El tercer foco es generacional y es el que más tensión acumula. Con chavales de 30 años volviendo a casa de sus padres y con la tasa de natalidad en 1,2 hijos por mujer, el relato de «es que la juventud no quiere trabajar» se lee como una provocación. La respuesta es que el pacto social se ha roto: trabajar y tener casa y familia ya no es una expectativa realista, sino una excepción que exige ser muy bueno y tener suerte.

En ese contexto, el cálculo individual cambia. Si el empleo disponible es precario y el alquiler se come el sueldo, la opción de cobrar prestación y hacer chapuzas en negro deja de ser una vergüenza y pasa a ser una decisión defendible. El sabotaje se presenta como respuesta lógica a un sistema que ha cercenado el futuro de los que vienen detrás.

El miedo en los ojos de la generación que se va​

El cuarto foco es el más incómodo para el relato oficial. Cuando se pregunta cuántos jóvenes menores de 40 años con hijos conoce cada uno, o quién limpiará el culo a los mayores dentro de 15 años, la conversación cambia de tono. Ahí aparece el miedo. No es un miedo económico abstracto: es el vértigo de una generación que ha vivido bien y que descubre que su posición no se hereda.

La ironía final es que los que exigían esfuerzo a los demás empiezan a notar que el esfuerzo propio tampoco les garantiza nada. El caniche casero, se dice, tiene menos probabilidades de sobrevivir que el perro callejero cuando el escenario se complica.

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Al final, la pregunta que sobrevuela todo el asunto no es quién trabaja más, sino quién tiene derecho a no trabajar. Y la respuesta, según se desprende del tono general, es que ese derecho solo lo tiene quien puede pagarlo. Los demás, a remar.