Ya se baraja que nos jubilemos a los 72 años

Jubilación a los 72 años: el cálculo que ya se baraja​

La cifra apareció casi de pasada y se quedó a vivir en la conversación: 72 años. No es una propuesta oficial, no hay decreto ni anteproyecto, pero el número circula con la soltura de quien ya lo da por hecho. La discusión arranca de un artículo de eldiario.es sobre el futuro del sistema público de pensiones y deriva, en pocas líneas, hacia el problema que ninguna reforma resuelve: quién contrata a un trabajador de esa edad. La respuesta, hoy, es nadie.

Qué se plantea y por qué el número no cuadra​

El planteamiento es mecánico. Si la esperanza de vida sube y la hucha común no crece al mismo ritmo, alguien tiene que sostener el sistema. Ese alguien, en la versión más extendida, es el trabajador que retrasa su salida. Un participante lo resume con crudeza: «Yo creo que mejor lo suban a 100 y se quiten de rodeos». La ironía esconde un dato que sí está sobre la mesa: la edad de jubilación que mantendría el gasto constante puede ser más alta de lo que cualquier Gobierno se atreve a decir en voz alta. Hay quien la sitúa entre los 78 y los 80 años.

El problema no es aritmético, es de mercado. Las empresas privadas, que son la fuente de riqueza de la que salen las cotizaciones, no toleran a los trabajadores veteranos. Los despiden en cuanto pueden. Y el dato que lo confirma no es una opinión: los parados mayores de 45 años superan el 57% del total, el nivel más alto de la serie histórica, según los registros del INE que se citan en la conversación. Si a los 55 ya nadie te contrata, la edad legal de jubilación se convierte en un número decorativo.

El edadismo que la propia administración fomenta​

La contradicción tiene su propia coreografía. Se discute subir la edad de retiro mientras las ayudas públicas se recortan por arriba: hay líneas de subvención para vivienda reservadas a menores de 35 o 40 años, lo que deja fuera a quienes más años llevan cotizando. Un participante lo formula sin adornos: «como te quedes en paro con 55 no te va a contratar nadie, seas un experto en algo o el último mono».

El resultado es una carrera de obstáculos donde el sistema premia al que llega joven y castiga al que se descuelga a mitad. Y en medio, una generación que ya no espera nada del empleo. Hay quien describe a conocidos de 54 años planificando su retirada a trece de distancia, mientras hace trece años esa misma franja de edad no pensaba en jubilarse, pensaba en trabajar. La conclusión que se repite: en una sociedad sin ilusiones reales, trabajar no compensa.

La pensión como estafa piramidal generacional​

El reproche más repetido no va contra el sistema, va contra el reparto. Se sostiene que la generación que hoy cobra se jubiló con condiciones que ya no existen: retiros a los 55 o 60 años, pensiones por encima de los 1.500 euros limpios, vivienda comprada cuando un piso costaba un año de sueldo y hoy alquilada a precios que exprimen a los jóvenes. La acusación de fondo es que esa generación cotizó poco para sus mayores y ahora exige mucho de sus nietos.

El cálculo que circula es brutal: de cada pensión alta salen dos o tres pensiones mínimas. Y la sospecha, repetida hasta el cansancio, es que las condiciones se endurecerán justo para los que llegan después. «Para el 2030 nos van a calzar una reforma que nos vamos a cagar», resume una de las intervenciones más citadas. La fecha no es un dato verificado, es una previsión. Pero la dirección del viento, dicen, no admite dudas.

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Quién cobra la paga y quién la paga​

Aquí el debate se parte en dos. Unos señalan a los perceptores de subsidios y rentas mínimas como el agujero del sistema. Otros responden con la lista de los que sí cobran sin haber cotizado: los altos directivos. El dato que se cita es el de un presidente de una gran eléctrica, con una retribución de 6,32 millones de euros en 2023, un 6,9% menos que el año anterior. La comparación no necesita comentario.

El subsidio para mayores de 52 años, la llamada paga, aparece y desaparece en la conversación con dos lecturas opuestas. Una parte lo presenta como colchón imprescindible. Otra advierte de que la reforma ha endurecido los requisitos de carencia de rentas y que ya no basta con tener la edad: si tienes patrimonio o alquileres, no la hueles. La letra pequeña decide quién queda dentro y quién se queda mirando.

La propuesta que nadie se atreve a hacer​

Entre las salidas que se barajan, dos tienen recorrido. La primera es de ajuste interno: eliminar las pagas extraordinarias de los empleados públicos y de los pensionistas. El cálculo que se comparte es que suprimir las dos extras a los tres millones de empleados públicos ahorraría seis millones de pagas al año, y que si se aplicara también a los diez millones de jubilados el ahorro llegaría a veintiséis millones de pagas, el equivalente a 2,6 pagas por pensionista. Con eso, se afirma, el sistema aguanta una década.

La segunda es más drástica y no se formula como propuesta, sino como diagnóstico: si el que no puede o no quiere trabajar no debe ser mantenido, la eutanasia obligatoria resolvería el problema. Es una salida que aparece en la conversación y que conviene leer como lo que es, una boutade de mal gusto, no como una medida sobre la mesa.

El espejo argentino y el ejemplo chino​

Fuera de España se buscan referencias. Se cita el caso de Argentina, donde se aplican exámenes de aptitud a decenas de miles de empleados públicos y solo se renuevan los contratos de quienes los superan. La propuesta se traslada sin pudor: hacer lo mismo aquí. En paralelo, se recuerda que China adoptó la economía de mercado y de ahí viene su éxito, mientras en España se lleva medio siglo desmantelando tejido industrial y productivo. La comparación es interesante y tramposa a partes iguales.

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La pregunta no es si se puede trabajar hasta los 72. La pregunta es quién paga la pensión de quienes lleguen a esa edad sin trabajo desde los 55. Con estos mimbres, la respuesta sigue sin aparecer.