Graban a un policía municipal desempeñando su duro trabajo de policía municipal. Mujer es sancionada por cruzar la calle por donde no debe.

Multar a peatones: el negocio recaudatorio de la policía municipal​

La escena es de manual: una mujer cruza la calle por donde no debe, un agente municipal la para y le impone una multa de 40 euros con pago reducido. Mientras tanto, a escasos metros, decenas de personas hacen exactamente lo mismo. Nadie más es sancionado. El vídeo, grabado por la propia sancionada, ha desatado un debate que trasciende la anécdota: ¿es la seguridad vial el objetivo o la recaudación selectiva?

El incentivo económico de la discrecionalidad​

Las policías locales tienen un sistema de objetivos que, en muchos ayuntamientos, vincula parte de la productividad al número de denuncias. Aunque oficialmente se niegue, la práctica de fijar «cupos de multas» está documentada en decenas de consistorios. El caso de la peatona, donde se elige a una persona entre una multitud que infringe la misma norma, encaja en la lógica de «cumplir el objetivo con el mínimo esfuerzo». El agente no necesita perseguir a todos; con uno basta para cubrir el expediente. El coste de oportunidad es cero: mientras otros peatones cometen la misma infracción, el policía se concentra en la presa más fácil, a menudo evitando conflictos con colectivos que percibe como más problemáticos.

¿Racismo o pragmatismo recaudatorio?​

La crítica recurrente en el debate es que las multas por infracciones menores recaen desproporcionadamente sobre la población autóctona, mientras que los conductores o peatones de origen extranjero son ignorados. No hay datos oficiales que lo confirmen a nivel municipal, pero la percepción ciudadana es tozuda: la policía municipal tendería a sancionar a quien no va a ofrecer resistencia ni a plantear problemas de identificación. La mujer del vídeo, de rasgos caucásicos, es el perfil que aparece en la mayoría de las denuncias por jaywalking. Mientras, los «gorrillas» que campan a sus anchas en ciudades como Sevilla —y que generan inseguridad vial real— rara vez reciben una sanción. La paradoja: se persigue al peatón que cruza sin semáforo, pero se tolera la ocupación ilegal del espacio público por parte de aparcacoches ilegales.

La sobrerregulación como enfermedad económica​

Detrás del debate subyace una cuestión de fondo: ¿cuánto nos cuesta como sociedad la multiplicación de normas sin criterio de oportunidad? Cruzar por un lugar no habilitado cuando no hay tráfico es una conducta de riesgo teórico, pero su reproche penal rara vez se traduce en accidentes. En cambio, la energía que el ayuntamiento dedica a perseguir estas infracciones menores tiene un coste de oportunidad enorme. Se dejan de atender problemas como la okupación, el trapicheo o la seguridad ciudadana real. El argumento no es nuevo: la policía municipal, tal como está configurada, es un cuerpo que prioriza la recaudación sobre la protección. La jubilación anticipada a los 60 años por «peligrosidad» añade la guinda: un 99% de ese peligro es llegar a tiempo al punto de multa.

La multa de 40 euros no es el problema. El problema es que el sistema convierte a los agentes en recaudadores selectivos, y a los ciudadanos en contribuyentes que pagan por la mala planificación urbanística que obliga a cruces peatonales mal situados. Mientras el vídeo se viraliza, en las aceras de media España los gorrillas siguen su negocio sin que nadie les tosa.

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