Seguridad ciudadana: el relato de una policía que no actúa
La tesis de que el Estado ha dejado de proteger ciertas calles se ha instalado como sentido común en una parte de la conversación pública. En Granollers, en Sabadell y en Torelló se han difundido relatos de incidentes vecinales en los que, presuntamente, los agentes no habrían intervenido. Llegan envueltos en vídeos, capturas y publicaciones, casi siempre sin verificación independiente. Sobre esa base se construye un marco más amplio: el de la
seguridad ciudadana como un servicio que se paga y no se recibe.
¿Qué se denuncia en Granollers?
Uno de los episodios más citados es el de un hombre que consume cocaína en la propia sala de espera de la comisaría de los Mossos en Granollers, un caso recogido por
El Caso. A partir de ahí, circulan publicaciones que muestran a agentes en actitudes despreocupadas y que son interpretadas como prueba de pasividad. En paralelo, un cálculo que se repite sostiene que buena parte de los efectivos de un dispositivo no estaría disponible para intervenir sobre el terreno. Nada de eso está confirmado por una investigación oficial.
Lo llamativo es el salto argumental: de una anécdota concreta se pasa a un diagnóstico general. Hay quien sostiene que se trata de una
dejación de funciones intencionada. Enfrente pesa un dato sencillo: sin resolución judicial ni expediente público, lo único comprobable son los relatos.
De Sabadell a Torelló: el mapa de incidentes citados
El repertorio de casos es amplio y desigual. En Sabadell se habla de un enfrentamiento entre vecinos y ocupantes reincidentes, con robos y agresiones denunciados por el barrio. En Torelló, una publicación de
gaceta.es describe la localidad como una de las primeras zonas donde la policía admitiría no poder entrar. En Medina del Campo, los vecinos piden ayuda y la respuesta institucional, según
eldebate.com, sería que es su problema. Y en Cambrils, Salou y Roses, el foco se pone en la venta ambulante irregular y en el apoyo que, según e-noticies, prestaría la Generalitat a los vendedores.
Cada eslabón añade un lugar y un agravio. También añade ruido: son casos distintos, con administraciones distintas y con niveles de prueba muy dispares, unificados bajo una misma etiqueta. En Lérida circulan incluso carteles preelectorales de un candidato de origen marroquí que concurriría con la bandera de Marruecos junto a la senyera, un detalle usado como símbolo de todo lo demás.
El sueldo, el expediente y la obligación legal
La crítica más repetida no es ideológica, sino laboral. Se argumenta que a esos agentes se les paga precisamente para controlar esas situaciones, y que si no pueden, deben pedir refuerzos. La ley no contempla la inacción ante un delito flagrante. De ahí sale la exigencia de devolver el sueldo y de abrir expediente.
La pregunta incómoda es la siguiente: si la pasividad existe, ¿es decisión de la calle o instrucción de arriba? Una parte apunta a la falta de medios y a la
ausencia de incentivos para intervenir; otra, a un diseño político que prefiere no tensar el conflicto. Ninguna de las dos hipótesis se sostiene hoy con documentos.
La comparación europea que se cuela en el argumento
El eco exterior llega con nombre propio. Un eurodiputado polaco, Dominik Tarczyński, defendió en el Parlamento Europeo que en su país no hay atentados «porque no hay inmigración ilegal», una frase que se replica como contraste. El problema de ese espejo es que mezcla terrorismo, inmigración y delincuencia común en un mismo paquete, y ninguno de los tres se comporta igual en la estadística.
También aparece el ejemplo de Polonia como modelo de firmeza y el de España como caso perdido. Es una simplificación cómoda, pero funciona en la conversación porque ofrece una causa única a un problema con muchas capas.
Solidaridad, pandemia y el fondo del asunto
Debajo late otra discusión, más incómoda. Se discute si el pueblo español es solidario o dócil: la movilización tras las inundaciones de Valencia se usa como prueba a favor y la aceptación de las restricciones durante la pandemia como prueba en contra. Hay quien sostiene que la solidaridad solo se activa cuando la televisión la amplifica, y quien responde que la crítica es un ajuste de cuentas contra la propia sociedad.
Ese tramo ya no va de policías. Va de qué país se cree que somos, y ahí no hay dato que zanje nada.
Con los elementos disponibles, lo previsible es que la etiqueta de zona sin cobertura siga creciendo antes de que llegue cualquier informe oficial. Y que el día que se aclare uno de estos casos, la conversación ya se habrá mudado a otro barrio.