¿habeis Visto El Ibex35?

Kujire dijo:

A ver si se lo creen, IBM obtiene más del 60% de su beneficio fuera de US, no sé si lo saben en US ...

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azkunaveteya dijo:

seguis pensando que no vemos los 6000?

esta noche si japon pierde los 7900, vamos a morir todos

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azkunaveteya dijo:

hanibal lecter, pues si quiere ir a hipercorto y japan no pierde mucho... metia una orden en le SAN al 4,99

con stop en 4,90, y venta en 5,20..... es un 4% de 5 kilos en un dia... 1200 eurillos

claro si sale bien!

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azkunaveteya dijo:

la semana que viene tenemos un dia RELLENITO ya vereis, uno al menos


rellenito=tonuel iso9001 al indice

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azkunaveteya dijo:

desde luego esta semana no va a ser plana, no?

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azkunaveteya dijo:

por cierto, cada dia uno o dos bancos europeos palman un % del copon... se han salvado los ESPAÑOLES y FRANCESES de momento...

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chameleon dijo:

es verdad que cada vez van a salir más datos negativos, y la economía real a peor, y el paro a más...

pero.... ¿qué creeis que está descontando la bolsa desde hace un año?


de todas formas no me hagas mucho caso, soy de los que no ven el ibex en 6000 ...

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Mulder dijo:

Pues el S&P acaba de darse un tirón de 10 puntos hacia arriba desde lo de IBM, teniendo en cuenta que en el S&P cada tick son 0.25 no está nada mal la subida. Creo que descontar ya hemos descontado bastantes cosas por hoy.

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"Panamá y Costa Rica son 2 de los 50 paraísos fiscales preferidos de las mayores empresas de USA y de los principales contratistas del gobierno federal, según un informe de la Oficina de Fiscalización del Congreso (GAO) estadounidense.

Según el estudio, 83 de las 100 mayores empresas estadounidenses que se cotizan en Bolsa tienen filiales en alguno de los 50 países en que resulta más fácil burlar el pago de impuestos federales.

Sin embargo, el informe advierte que el establecimiento de esas filiales no significa necesariamente que lo hicieron con el propósito de aliviar su carga tributaria.

El informe señala que el objetivo fue responder a una petición de los senadores Carl Levin y Byron Dorgan sobre cuántas de las mayores 100 compañías estadounidenses que se cotizan en bolsa tienen filiales en los países donde se facilita esa operación.

La firma que aparece con mayor número de filiales en paraísos fiscales es Citigroup, con 427, de ellas 17 en Panamá y 19 en Costa Rica. En Hong Kong tiene 40.

Un total de 12 empresas de las 83 tienen el 50% de sus filiales en países con paraíso fiscal.

Los investigadores de GAO reconocieron la dificultad de definir el término "paraíso fiscal" y no se comprometieron con una definición, pero después de consultar 3 fuentes institucionales elaboraron una lista que, además de Panamá y Costa Rica, incluyó a Antigua, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Islas Vírgenes y Granada.

Entre los criterios para definir "paraíso fiscal", la investigación señaló que se tuvo en cuenta las jurisdicciones donde las filiales no están obligadas a declarar impuestos; donde no hay un intercambio de información tributaria efectiva entre el país en cuestión y Estados Unidos y existe una "falta de transparencia en la implementación de las normas legislativas, judiciales y administrativas".

También se consideró la ausencia de una presencia física de la filial.

Mientras que Panamá se considera paraíso fiscal según las 3 fuentes consultadas por el GAO -la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y las citaciones judiciales del Servicio de Rentas Internas (IRS)-, Costa Rica sólo aparece al aplicarse el novedoso criterio del IRS.

Las notificaciones del IRS son citaciones proferidas por los tribunales estadounidenses para obtener información de contribuyentes estadounidenses que aparecen con firma autorizada en bancos o cuentas de tarjetas de crédito expedidas por esos bancos en 34 países.

Un tribunal de distrito del norte de California justificó estas notificaciones basándose en un informe de un funcionario del IRS en que se afirma que, según su experiencia, estas personas ‘‘podrían haber omitido ingresos, evadido impuestos o de alguna manera infringido abusa las leyes tributarias de USA".

Las empresas con filiales en Panamá, según el informe, son:

Abbot Laboratories, Altria Group, American Express, American International Group, Caterpillar, Cisco Systems , Citigroup, Dell, Ingram Micro, Johnson & Johnson, Kraft Foods, Merk & Co., Morgan Stanley, News Corp, Pepsi, Pfizer, Sunoco y The Procter and Gamble Group.

En Costa Rica:

Abbot Laboratories(1), Altria Group (2), Caterpillar (1), Cisco (1), Citigroup (19), Coca-Cola (1), Countrywide Financial (1), Dell (2), Dow Chemical (1), Fedex (1), Hewlett-Packard (1) Intel (1), International Business Machines Corp. (1), Kraft Foods (3), Pepsi (2), Pfizer (2), Tech Data (1), The Procter & Gamble Company (3) y United Health Group (2).

Los investigadores del GAO advirtieron en el informe que el subsecretario del Departamento del Tesoro expresó su preocupación de que la lista de países en la categoría de 'paraísos fiscales' se considere una 'lista zain' y pueda usarse para la imposición de sanciones.

El GAO respondió argumentando que su reporte no presenta ninguna recomendación al Congreso sobre cambios en la política tributaria o internacional."

Buena oportunidad para abordar una investigación del economista Pascal Saint-Amans -director de la división de Cooperación Internacional y Competencia Impositiva del Centro para Política Fiscal y Administración en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-, titulado 'Paraísos fiscales: Entre la imaginación y la realidad', publicado por Política Exterior, de Madrid:

"En unos meses, la lucha contra los paraísos fiscales, una serpiente de verano aparentemente agotada, ha vuelto a estar de actualidad.

Desde que en febrero (de 2008) estalló el denominado “escándalo de Liechtenstein”, no pasa una semana sin que aparezcan en la prensa declaraciones políticas acerca de la necesidad de poner fin a las “jurisdicciones piratas”, de aumentar la transparencia o de luchar contra el embeleco fiscal.

La crisis financiera ha hecho que se refuerce el discurso político en este sentido.

Tras la declaración en julio de 2008 de los jefes de Estado y de gobierno del G-8, que destacaba la necesidad de aplicar las normas de transparencia e intercambio de información y pedía a la OCDE que informara al cabo de 2 años respecto a su buena aplicación, ahora le ha tocado a las Naciones Unidas, durante las recientes negociaciones en el marco de la Ronda de Doha, pero también al G-20 en Washington, el 15 de noviembre, asumir estas normas y pedir su aplicación inmediata.

¿Qué se oculta detrás de este aparente consenso? ¿La búsqueda de un chivo expiatorio en el contexto de desbandada de los mercados financieros o una tendencia profunda en nuestras sociedades abiertas a una menor tolerancia ante el embeleco fiscal?

La propia expresión “paraíso fiscal” (más imaginativa en francés o en español que en inglés, 'tax haven') forma parte de esos términos, mal definidos, que son un cajón de sastre en el que todo está asociado con paisajes de playas de arena dorada y cocoteros o de lagos y montañas…

El número de paraísos fiscales varía en función de la definición utilizada, incluyendo países tan diferentes como Samoa, Bahamas, Liechtenstein, Mónaco, pero también para algunos Irlanda, Holanda y, ¿por qué no?, Francia y Dinamarca.

Además de esta imprecisión, la ilusión óptica que envuelve a estas jurisdicciones se amplía con teorías de la conspiración, sabiamente mantenidas por los distintos interlocutores.

Los paraísos fiscales han existido siempre y tendrían que existir, ya que permiten a los Estados más desarrollados realizar transacciones opacas en su propio interés, y que van desde la corrupción de agentes públicos hasta operaciones secretas diversas y variadas.

Con cada escándalo financiero, se da a conocer una serie de empresas off shore (registradas en paraísos fiscales); así sucedió tras la quiebra de Enron o el asunto de las fragatas vendidas por Francia a Taiwan.

Al estar basados en la confidencialidad, los paraísos fiscales
albergan sumas imposibles de evaluar con precisión, debido al propio secreto que los rodea. Por ello, prosperan las evaluaciones, que son muy variadas porque mezclan diferentes dimensiones entre las que los observadores se pierden: el importe del embeleco fiscal off shore, el total de los activos financieros colocados en estas jurisdicciones, el flujo financiero anual…

Pasamos así de los US$11,5 billones en activos que poseen los particulares en paraísos fiscales (The Price of Offshore, TJN, 2005), a los US$50.000 millones de pérdida fiscal anual de los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales, según Oxfam (Tax havens: releasing the hidden billions for
poverty erradication, 2000).

De este modo, son muchos los que quieren encontrar la “cifra mágica” del embeleco fiscal resultante de la utilización de centros financieros opacos.

Aunque las cifras son como inocentes que confiesan fácilmente
bajo tortura (desconfiemos pues de las confesiones), es cierto que la magnitud del fenómeno es grande. Se sabe, por ejemplo, que las autoridades fiscales irlandesas, en el marco de una operación contra los fondos colocados por irlandeses en Jersey, Guernsey y en la Isla de Man, recuperaron en un año más de €1.000 millones.

Los 64 grupos familiares franceses que se han identificado como poseedores de fundaciones en Liechtenstein acumulaban allí más de €1.000 millones en activos.

Desde los paraísos fiscales se quejan de que los políticos, felices por poder echarles la culpa por la trayectoria seguida en primer lugar on shore, en Wall Street o en la City de Londres, los han escogido como chivos expiatorios.

Y seguramente es cierto que su papel en la crisis sólo ha sido un papel amplificador y no generador.

Sin embargo, no se puede reprochar a los políticos que establezcan vínculos que dicta el sentido común.

Aunque el papel de los paraísos fiscales en el desencadenamiento y en la propagación de la crisis esté lejos de haberse demostrado, ¿cómo no ver que no se puede establecer un nuevo sistema de regulación financiera internacional si permitimos que prosperen zonas de opacidad?

Del mismo modo, en un momento en que los Estados ponen sobre la mesa billones de dólares de dinero público para salvar el sistema bancario, ¿cómo reprocharles que pidan a los mismos bancos que dejen de ofrecer servicios cuyo resultado, si no cuyo objeto, es facilitar el embeleco y la evasión fiscal?

En realidad, no hay una verdadera definición técnica o jurídica de paraíso fiscal, a excepción de los criterios elaborados hace 10 años por la OCDE en el marco de sus trabajos de lucha contra las prácticas fiscales perniciosas.

Conviene así remontarse a 1998 y a la publicación del informe
de la OCDE sobre prácticas fiscales dañinas (Harmful tax competition: an emerging global issue).

Este informe es el resultado de 2 años de trabajo que llevó a cabo la organización, ante la petición formulada por los jefes de Estado y de gobierno de los países del G-7 en su cumbre de Lyon en junio de 1996.

Con el estímulo estadounidense (con Bill Clinton como presidente y Larry Summers como secretario del Tesoro), la cumbre definió la lucha contra las prácticas fiscales perniciosas como una prioridad.

Los principales Estados industrializados padecían entonces lo
que consideraban una competencia fiscal desleal entre ellos, y la sufrían también por parte de jurisdicciones que jugaban con el secreto y la opacidad para ayudar a las multinacionales y a otros contribuyentes a disimular una parte de sus rentas y a escapar de cualquier impuesto.

Los trabajos tenían, por tanto, una doble dimensión: identificar y desmontar los regímenes fiscales transgresores, considerados perniciosos en la OCDE, y poner fin a los paraísos fiscales o, en cualquier caso, a lo que los caracteriza como tales.

Estas preocupaciones encontraron su eco en el marco comunitario puesto que, simultáneamente, Mar1 Monti, el entonces comisario de Asuntos Tributarios, lanzó su idea de “paquete fiscal”, que incluía especialmente un código de conducta en cuanto a fiscalidad de las empresas y un proyecto de Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro.

Por primera vez, el informe de la OCDE de 1998 daba una definición razonada de paraíso fiscal. Éste se caracteriza por la conjunción de 4 criterios:

> No hay o hay pocos impuestos directos, aunque este criterio se
consideró posteriormente menos pertinente.

> Carece de transparencia, tanto contable como de información sobre los beneficiarios de las rentas y los activos. Por ejemplo, como hasta hace poco en Andorra, una empresa no tiene ninguna obligación de llevar una contabilidad. Además, nadie conoce al beneficiario legal o efectivo de un fondo de inversiones registrado, o al propietario de las participaciones de una empresa.

> No existe ningún acceso a la información por parte de las
autoridades, que son incapaces de intercambiar datos con fines fiscales. Así, el secreto bancario se considera excesivo cuando se opone, por ejemplo, a prestar cualquier ayuda administrativa en el marco de las peticiones formuladas con motivo de controles fiscales. Posteriores informes de la OCDE sobre el secreto bancario en 2000, 2003 y 2007 confirmaron este análisis (Mejorar el acceso a la información bancaria con fines fiscales).

> Por último, no hay economía real en la jurisdicción en cuestión que, en realidad, alberga esencialmente cáscaras vacías o domicilios sociales como esa Ugland House de las Islas Caimán que se supone que acoge a más de 12.000 empresas.

A partir de estos criterios, la OCDE establecía 41 jurisdicciones que responden a la definición de paraíso fiscal, al mismo tiempo que el Foro sobre Prácticas Fiscales Perniciosas, creado entonces en la organización, elaboraba una lista de las medidas de represalia que podrían adoptarse.

En 2000, la OCDE publicó una lista de 35 paraísos fiscales (de los 41, tres se comprometieron a “portarse bien” y otros 3 “se blanquearon”).

Sin embargo, los trabajos de la organización experimentaron
rápidamente una inflexión.

En efecto, las jurisdicciones reaccionaron violentamente a lo que
consideraban una vuelta sin complejos a prácticas imperialistas.

Es cierto que muchos de ellos eran países en vías de desarrollo y que podían denunciar la existencia dentro de la OCDE de Estados conocidos por su hermético secreto bancario.

Hubo también una inflexión política, perceptible a partir de 2001, que llevó a un planteamiento más cooperativo.

Se invitó a los paraísos fiscales a debatir, y los que aceptaron comprometerse a aplicar las normas de la OCDE se convirtieron en “socios participativos” en un Foro Mundial de la Fiscalidad creado entonces.

La dinámica cambió un poco y los trabajos se centraron en encontrar los mejores medios para alcanzar lo que los anglófonos llaman el 'level playing field', o igualdad de condiciones.

Rápidamente todas las jurisdicciones asumieron este compromiso que les permitía no figurar en la nueva lista de paraísos fiscales no cooperativos en la que a partir de entonces sólo aparecían 3 países: Andorra, Liechtenstein y Mónaco.

Todos los demás firmaron una carta dirigida a la OCDE en la que prometían negociar acuerdos de intercambio de información conforme al modelo establecido por la organización que instauraba la norma en materia de cooperación fiscal.

La norma que establecieron entonces (la ONU, el G-20 y el G-8) y
que se admite universalmente en la actualidad, es a la vez ambiciosa y modesta, o realista.

Ambiciosa ya que, además de las normas en cuanto a gestión de cuentas y acceso a la información sobre los beneficiarios legales y efectivos de activos y rentas, establece el principio de un intercambio de información con fines fiscales no limitado por el secreto bancario u otra obligación como el interés fiscal nacional (domestic tax interest requirement).

Realista, ya que se trata de un intercambio de información bajo petición, y no automático, que sólo se produce después de que se haya cumplido una serie de condiciones (agotamiento de las vías internas y necesidad de que la información sea “probablemente
pertinente”).

Ahí se ve la distancia entre la OCDE y la Unión Europea que, en el marco de la Directiva del Ahorro, ha organizado un sistema de coexistencia entre la retención en origen y el intercambio de información, intercambio que es automático cuando es un Estado miembro quien mantiene esta opción.

La dificultad que encontró la OCDE a partir de 2002 fue la relativa inercia de las partes involucradas.

La presión sobre las jurisdicciones se debilitó con la disminución de la atención política a lo que pasó a ser un simple “expediente”.

Los nuevos “socios participativos” se contentaban con aparecer en los foros mundiales organizados por la OCDE (el último se celebró en Melburne, Australia, en 2005) sin intervenir realmente. Sólo 6 de ellos (Antillas Holandesas, Aruba, Bermudas, Guernsey, Isla de Man y Jersey) se comprometieron a negociar acuerdos de intercambio de información.

Sin embargo, en 5 años, sólo se han firmado una veintena de estos acuerdos, y USA se ha llevado la parte del león.

No obstante, también se han registrado algunos avances: Bélgica ha anunciado que intercambiará información cuando la retención en origen prevista por la Directiva del Ahorro alcance el 35% (1º de julio de 2011) y firmará un convenio fiscal con USA que incluye un artículo de intercambio de información con fines fiscales compatible con el modelo de la OCDE que se renovó en 2004 (la misma normativa que el modelo de acuerdo de intercambio de información de 2002).

La propia Suiza, que expresó sus reservas acerca del modelo de la
organización, igual que Austria, Bélgica y Luxemburgo, ha decidido intercambiar información sobre esos grupos financieros y ha accedido a renegociar acuerdos en casos de embeleco y similares, lo que representa un pogre modesto pero real.

Finalmente, centros financieros off shore como Hong Kong o Emiratos Árabes Unidos “se adhieren” (“dan el visto bueno”) a las normas de la OCDE.

Sin embargo, a finales de 2007, más de 10 años después del inicio de los trabajos, parecía que los paraísos fiscales tenían aún muchos años ante ellos para discutir las condiciones y alcanzar la “igualdad de condiciones”.

El año 2008 se ha caracterizado por una nueva dinámica, potente y
cuya magnitud no tiene precedentes.

La notable mediatización del escándalo de Liechtenstein a partir de febrero, seguida por la crisis financiera, volvió a poner la cuestión de los paraísos fiscales en el centro de la agenda política.

Asistimos, entonces, a un cambio en el proceso administrativo clásico: son las más altas autoridades políticas las que piden ahora una actuación contundente a sus servicios especializados (hasta la fecha era al contrario).

A este respecto, es sorprendente que la declaración de los
ministros de Hacienda del G-8 en julio pasado fuera menos enérgica que la adoptada por los jefes de Estado y de gobierno unos días más tarde.

Tras el escándalo de Liechtenstein, el ministro alemán de
Hacienda y el ministro francés de Presupuestos decidieron organizar una reunión política en la cual participaron 17 Estados, 11 de ellos a nivel ministerial.

La reunión se celebró en París el 21 de octubre (de 2008) e
impresionó por

> el tono extremadamente voluntarista de las conclusiones que anunciaban medidas de represalia en el futuro,

> la necesidad de no cerrar nuevos convenios fiscales sin intercambio de información (lo que apunta a Hong Kong),

> la posibilidad de renegociar o incluso de denunciar los convenios existentes que no cumplan la norma de la OCDE en este ámbito (lo que concierne a Singapur) o

> también de no aceptar como nuevo miembro en la organización a un Estado que no sea capaz de adaptarse a la normativa (lo
que alude a Chile).

La rueda de prensa que siguió a esta reunión fue sorprendente por la virulencia de las afirmaciones, y los ministros no dudaron en enumerar los países problemáticos, empezando por algunos perteneciente a la OCDE como Suiza o Luxemburgo.

Esta movilización se ha reforzado con la crisis financiera. También en este caso, las autoridades políticas han establecido rápidamente vínculos entre la crisis y los paraísos fiscales.

No se trata tanto de denunciarlos como responsables, que no lo son, sino como obstáculos para una reconstrucción del sistema financiero internacional.

En la cumbre del G-20 del 15 de noviembre en Washington, los jefes de Estado y de gobierno volvieron a adoptar una postura firme.

Identifican el secreto bancario como un obstáculo para la transparencia (Apartado 9, sobre la promoción de la integridad de los mercados financieros) y concluyen que “la falta de transparencia y la omisión de intercambio de información deben abordarse con vigor”.

Se ha abandonado el lenguaje diplomático o prudente y en el mensaje ya no hay ambigüedad.

De esta manera, se exhorta a las administraciones fiscales a promover el intercambio de información basándose en los trabajos de la OCDE.

En concreto, de esta declaración pueden extraerse 2 lecciones:

> los paraísos fiscales ya no son los únicos afectados, sino que los esfuerzos conciernen también a todos los centros financieros que se basen en el secreto, lo que amplía el campo de trabajo;

> en 2do. lugar, la preocupación ya no la expresan solamente algunos Estados ricos, sino también países como China, India, Brasil o Sudáfrica.

Paralelamente, la sensibilización de la opinión pública ante la magnitud del problema del embeleco y la evasión fiscales y de sus consecuencias, especialmente en los países en vías de desarrollo, va creciendo, gracias fundamentalmente a la acción de ONG como Tax Justice Network o Christian Aid.

Su impacto en los países en vías de desarrollo moviliza a los expertos y a los responsables reunidos en el entorno de la Ronda de Doha en el marco de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo.

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, recuerda por ejemplo que los países en vías de desarrollo ven cómo huye hacia los paraísos fiscales el triple del importe de la ayuda oficial al desarrollo que se les proporciona.

Unas semanas antes de la conferencia, el grupo de expertos fiscales de la ONU actualizó el modelo de convenio de la organizaión, adoptando un nuevo artículo sobre el intercambio de información que retoma la normativa de la OCDE.

Así pues, ahora tenemos que las ONG, la esfera de los cooperantes y hasta las autoridades religiosas están sensibilizadas.

El propio papa Benedicto XVI publicaba una nota en diciembre de 2008 en la que denunciaba la utilización de los paraísos fiscales e instaba a su desaparición.

En este contexto, el cambio de administración en USA añade un
poco más de presión. En febrero de 2007, Barack Obama, entonces
senador, firmó junto con otros políticos un proyecto de ley conocido como “Stop tax haven abuse act”, donde se enumeraban las
jurisdicciones y, en especial, los países pertenecientes a la OCDE, pero enunciaba también medidas de represalia.

El hoy Presidente hizo de la lucha contra los paraísos fiscales uno de los elementos de su programa político.

Sin duda, 2009 será un año crucial en la lucha contra los paraísos fiscales o, más exactamente, en la promoción de los principios de transparencia e intercambio de información en todo el mundo.

Ante un problema global, la solución tendrá que ser global.

Las tendencias que se dibujan son el estudio por parte de la OCDE y del Foro Mundial de un nuevo planteamiento que consista en diferenciar las jurisdicciones que aplican las normas de las que no lo hacen.

En efecto, la anterior distinción entre las que se habían comprometido a aplicarlas y las que no cooperaban ha fallado. Hay que reconocer que Panamá (considerado cooperativo) y Mónaco (no cooperativo) son mucho más parecidos que Panamá y la Isla de Man.

Igual que Mónaco (a excepción del tratado fiscal que vincula a Mónaco con Francia desde 1962), Panamá no ha firmado acuerdos de intercambio de información y no parece dispuesto a cambiar de política.

En cambio, la Isla de Man es una jurisdicción que ha mostrado su voluntad de cooperar de forma efectiva negociando activamente acuerdos de intercambio de información, incluso con el vecino Reino Unido.

Este nuevo enfoque seguramente permitirá identificar más fácilmente las jurisdicciones que tendrán que hacer pogre, al exponerlas inmediatamente a las medidas de represalia que podrían adoptar los miembros de la OCDE, y también los Estados que no pertenecen a ella pero se sienten cada vez más afectados.

Los avances son ya perceptibles: el número de acuerdos de intercambio de información que había aumentado lentamente en seis años casi se ha duplicado durante 2008.

Malta y Chipre han puesto fin a sus leyes sobre el secreto bancario y sobre el interés fiscal nacional, respectivamente.

Hong Kong ha comenzado a revisar su política y piensa seriamente en cambiarla para estar en condiciones de firmar convenios fiscales.

Recientemente, muchas jurisdicciones han anunciado que estaban dispuestas a alcanzar en breve acuerdos con quienes lo desearan.

Paradójicamente, quizá sean los Estados miembros de la OCDE los que se van a encontrar ante un problema de recursos para negociar numerosos acuerdos en los próximos meses.

Si bien la reconstrucción del sistema financiero internacional no se centra en la fiscalidad, parece claro que no se olvidará la dimensión fiscal. Como declaraba el ministro francés de Presupuestos en la reunión del 21 de octubre, la transparencia no se puede compartimentar.

No se puede ser transparente para el lavado de dinero de dinero, para la lucha contra el violencia extremista o para la regulación y no en cuanto a asuntos fiscales.

Independientemente de los riesgos de este proyecto, como ocurre
con cualquier proyecto político, independientemente de la rapidez con que se obtengan resultados, parece que en la actualidad existe un consenso para reconocer que el movimiento de base debe encaminarse hacia un mayor intercambio de información y hacia una mayor transparencia.

Independientemente del tiempo que se necesite para conseguir este objetivo, nada detendrá este movimiento.

A las jurisdicciones, tanto pequeñas como grandes, antes que sufrirlo, les corresponde anticiparse a él para ser dueñas de su futuro y para basar su competitividad en la calidad de sus servicios en lugar de en el hermetismo de su secreto.

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las cosas a su cauce dijo:

Tonuel, soy tu servidor de certificados ISO-9001... 😉

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