El caso Julio Iglesias: la ONG Women's Link y el archivo de la investigación
La Audiencia Nacional ha archivado la investigación contra Julio Iglesias por falta de competencia, según adelantó Libertad Digital el 23 de enero de 2026. El caso, impulsado por Women's Link Worldwide, una ONG con sede en Nueva York y financiada por el Open Society de George Soros, se queda en vía muerta en España. Las denunciantes, dos exempleadas del cantante, aseguraron haber sido sometidas a acoso sexual y a condiciones laborales abusivas, pero la justicia española no se considera competente al ocurrir los hechos presuntamente en República Dominicana y Estados Unidos.
¿Quién financia la ONG y qué busca?
Women's Link no es una asociación asistencial: su modelo es el litigio estratégico. En el hilo se destaca que la organización ha recibido fondos del Open Society Foundations, la red filantrópica de George Soros. Esto ha alimentado las sospechas de que el caso contra Julio Iglesias responde a una agenda política, aprovechando el marco del MeToo. La directora ejecutiva, Jovana Ríos, y la directora legal para Europa, Gema Fernández, defendieron en los medios que "hay un marco de tolerancia e impunidad". Sin embargo, la filtración de conversaciones de WhatsApp de las denunciantes —en las que no constan agresiones sexuales— hizo que los medios públicos, como Al Rojo Vivo, dejaran de cubrir el caso.
El perfil de las víctimas y el modus operandi
Según la ONG, Julio Iglesias solicitaba empleadas "jóvenes, latinas y con un físico de su agrado", y el proceso de selección incluía entrevistas donde se dejaba claro que el cantante esperaba relaciones sexuales. Las denunciantes, una fisioterapeuta y una empleada del hogar, alegan que fueron engañadas y que aceptaron el trabajo sin saber las condiciones reales. Los críticos señalan que ambas eran adultas, que sabían el perfil del artista y que aceptaron los términos, y que la ONG las ha utilizado como instrumento para un ataque político.
El archivo y las reacciones
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias el 23 de enero, argumentando falta de competencia. Las voces más escépticas celebran el archivo como una victoria contra lo que consideran un "montaje" orquestado por la izquierda y el globalismo. Otros señalan que el archivo no exime de responsabilidad moral, pero que el caso ha servido para generar ruido mediático. El debate ha girado en torno a la credibilidad de la ONG, la financiación externa y la hipocresía de la clase política española, que utiliza el feminismo como arma mientras calla ante casos similares dentro de sus filas, como el del socialista José Tomé.
La pregunta que nadie responde es por qué las denunciantes no acudieron a la justicia en los países donde ocurrieron los hechos, o por qué esperaron años para hablar. Mientras tanto, el nombre de Julio Iglesias sigue generando división: para unos es un depredador, para otros un símbolo de una época que no se deja cancelar.
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