Salida de humos de caldera: cubierta o patio interior
La salida de humos de una caldera comunitaria de gas no puede resolverse con un tubo a ras de suelo junto a la ventana del vecino del primero. Eso es, al menos, lo que sostiene el propietario de un piso en Madrid que se ha plantado ante la reforma de la caldera de su edificio: sin proyecto validado por el ayuntamiento, no entra nadie en su casa. La comunidad quiere sustituir la vieja caldera atmosférica por una nueva, presumiblemente de condensación, y llevarse la evacuación de gases al patio interior comunitario. El problema es que ese patio da a su ventana.
La normativa que se cita en el caso —la ITC-07 del Reglamento de Combustibles Gaseosos (RD 919/2006) y el CTE— establece como regla general que la evacuación de los productos de la combustión se haga por cubierta. Solo excepcionalmente, para aparatos estancos o de tiro forzado de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW, se permite la salida directa a fachada o patio de ventilación. En edificaciones existentes que se reformen, si hay conducto adecuado al nuevo aparato, la evacuación se hace por el conducto existente. La clave, por tanto, está en la potencia de la caldera y en si el edificio ya tiene chimenea.
¿Cuánta potencia tiene la caldera comunitaria?
Una caldera comunitaria para 30 viviendas difícilmente baja de los 70 kW. Las domésticas para calefacción y agua caliente suelen rondar los 24 kW, así que una centralizada para un bloque de seis plantas y treinta pisos se dispara por encima de ese umbral. Ese dato es el que separa la solución cutre —un tubo a la altura de la ventana— de la obligación legal de subir la evacuación hasta cubierta. Si supera los 70 kW, la instalación requiere proyecto presentado en Industria y la evacuación debe canalizarse verticalmente.
Ahí es donde entran los cálculos que se manejan en el caso. El propietario afectado ya ha anunciado que pedirá la potencia nominal de la instalación: si es más de 70 kW, exigirá proyecto; si es menos de 5 kW, memoria técnica. Y en ambos casos, que los instaladores acrediten que están dados de alta y autorizados para ese tipo de trabajo. La burocracia no es un capricho: es lo que convierte una chapuza en una instalación certificada.
El riesgo real de los gases de combustión
La toxicidad de los gases depende del combustible. Con gas natural, la combustión del metano produce dióxido de carbono y agua, y el riesgo se limita a un hipotético escape de monóxido de carbono. Con gasoil, la cosa cambia: el azufre del combustible forma óxidos de azufre que, al reaccionar con el agua de la combustión, generan ácido sulfúrico. Ese ácido termina picando el tubo, y lo hace por la parte baja, donde los gases van más calientes. Es decir, justo por donde pasa el vecino de abajo.
En el caso que nos ocupa, la caldera parece ser de condensación, lo que rebaja la temperatura de los gases y, por diferencia de densidades, reduce el tiro. Eso obliga a conductos estancos y bien aislados. La norma UNE-EN 13384-2 regula el dimensionado de chimeneas, y para una instalación comunitaria de 30 viviendas se recomienda inoxidable mínimo 304, con junta de estanqueidad y aislamiento para evitar condensaciones. El diámetro, además, será considerable.
La solución: chimenea antigua y rejilla de compensación
Finalmente, la comunidad ha optado por utilizar la chimenea antigua para la evacuación de gases. Lo que querían poner en el patio del vecino del primero no era la salida de humos, sino una rejilla de admisión de aire para compensar la sobrepresión de la sala de caldera estanca. En la otra parte del patio hay una entrada de admisión forzada: si mete 100 de aire y la caldera necesita 80, los 20 restantes deben salir por algún sitio. Ese algún sitio era la rejilla junto a la ventana.
El proyecto está presentado en Industria y, cuando se acabe, será certificado. Sin esa certificación no hay subvención para la caldera. El propietario afectado se ha tranquilizado, pero la lección queda: en una reforma de este tipo, el vecino que se planta y exige papeles puede convertir una chapuza en una instalación legal. La pregunta que queda en el aire es cuántos edificios están haciendo lo contrario: instalar sin proyecto, sin certificado y sin que nadie mire.