He comprendido la finalidad de la psyop de mocejón.

Mocejón: el crimen sin arma, sin sangre y sin pruebas​

Un chaval de 20 años con un 70% de discapacidad intelectual reconocida, ingresado en prisión por un crimen del que, según un hilo de foro, no hay arma, ni manchas de sangre, ni testigos directos. Un pueblo de 5.000 habitantes donde, según ese mismo hilo, nadie cuestiona nada. Y una tesis que circula con fuerza en ese debate: el caso no busca resolver un asesinato, sino instalar un mensaje. El de que la solución para los jóvenes que no encajan es la pastilla.

Esa es la lectura que domina el análisis más incómodo de este asunto. No es el único crimen el que se investiga aquí. Es la psyop, la operación psicológica, lo que se discute. Y el diagnóstico que se repite es que el caso sirve para tres cosas a la vez: tapar el debate migratorio, justificar más control sobre las redes y, sobre todo, abrir la puerta a medicar a una generación entera.

Qué pasó en Mocejón y qué no se ha podido verificar​

El relato oficial sostiene que un joven de 20 años con discapacidad psíquica reconocida de entre el 60% y el 70% mató a un niño de 11 años en el campo de fútbol de Mocejón, en Toledo. Fue detenido, pasó a prisión comunicada y sin fianza. El caso se archivó en menos de 24 horas según una de las primeras alertas que se lanzaron.

Lo que no aparece es el resto. No hay arma del crimen. No hay reguero de sangre pese a las 11 puñaladas. No hay una sola imagen del niño fallecido, ni de su familia, ni del lugar. No hay testigos directos que digan haberle reconocido, aunque el presunto autor era del pueblo y, según varias versiones, era conocido por todos. La contradicción es de manual: si era conocido, ¿por qué nadie le identificó?

Dos meses después del suceso, el balance que se hace es el mismo: ni una foto del menor, ni de sus padres, ni del primo que habló en público. Nada. El padre del detenido declaró que su hijo tiene un 70% de discapacidad reconocida y que no tiene ninguna enfermedad ni se medica. «Mi hijo está sano, se lleva paseando por el campo toda la vida y sin problemas», dijo, y denunció represalias en el pueblo.

La tesis central: medicar como respuesta automática​

El argumento que articula todo el análisis es que el caso va a servir para que el psiquiatra de turno medique a una cantidad ingente de menores, adolescentes y postadolescentes. La lógica es sencilla: si un chaval de 20 años con discapacidad comete un crimen, la conclusión que se instalará en el inconsciente colectivo es que hay que detectar antes, tratar antes, medicar antes. Cuanto antes mejor, no vaya a ser que.

El problema es a quién se le aplica ese protocolo. A jóvenes que atraviesan situaciones sociales y vitales complicadas, rebeldía, ganas de llevar la contraria, necesidad de sentirse integrados en su grupo. Comportamientos que son, sencillamente, la adolescencia. La crítica que se hace a los psicofármacos es contundente: se sostiene que provocan efectos secundarios y patologías, y que entre ellos está la pérdida de la capacidad de empatizar.

La camiseta del detenido, según una de las observaciones más repetidas, recuerda a una cama de hospital. La asociación es deliberada: medicación, zombificación, soma. Toma tu pastilla o no vas a soportar el futuro próximo.

Del medicar al eutanasiar: el paso que se señala​

La discusión dio un giro cuando se apuntó el objetivo de fondo. Si las pastillas se dan cuanto antes, ¿qué se hace con los que ya las toman y siguen teniendo un comportamiento no aceptable socialmente? La respuesta que se apunta es la eutanasia. La ley se aprobó en España en paralelo a la campaña de vacunación, y hay quien sostiene que aquello no fue casualidad, sino un mensaje con segundas que se utilizaría más adelante.

El detonante de esa lectura fue la asociación entre autismo y violencia. Un autista con un 77% de discapacidad no tiene malicia para ocultarse ni para premeditar un crimen, se argumenta. Meter en prisión a una persona desvalida sería un delito de odio, y demonizar a los autistas asociándolos con la violencia, una canallada. La eutanasia de los discapacitados psíquicos, el paso siguiente.

El padre antivacunas y el estudio que lo conecta todo​

Otra pieza del tablero: se ha difundido que el padre del detenido es antivacunas. Eso permite enlazar el caso con el relato de la pandemia, y de hecho se ha publicado un estudio en JAMA Psychiatry que asocia el covid grave con una mayor incidencia de enfermedades mentales, especialmente en no vacunados. La lectura que se hace es que empieza a asociarse oficialmente a los críticos con las vacunas con enfermos mentales.

La revista tiene peso. JAMA se publica desde 1883 y es una de las revistas médicas más citadas del mundo. Que un estudio así aparezca en sus páginas no es un detalle menor para quien sostiene que se está construyendo un relato que incapacita al disidente. La incapacitación judicial por enfermedad mental grave, recuerdan, puede solicitarse y se presenta como un beneficio para el afectado.

El primo, el Opus Dei y los nombres que no existen​

Uno de los hilos más seguidos del análisis es el del primo del detenido. Se le describe como un personaje que habla y lidera a las masas, con un discurso oficialista, y vinculado a una familia militante de una organización religiosa. Su nombre, según las comprobaciones que se han hecho, no aparece en España. Se presenta como Asell, pero las bases de datos de nombres no registran a nadie con esa grafía en el país.

El sacerdote que dio la noticia entre los primeros también levanta sospechas. ¿Cómo recibe de los primeros la información? ¿Por qué ningún medio de Castilla-La Mancha ha entrevistado a familiares o amigos del niño, ni ha fotografiado el lugar? Mocejón está a un paso de Toledo, capital de la comunidad. Ni un solo periodista se ha pasado por allí, se lamenta.

El archivo exprés y el apagón informativo​

El caso se archivó en menos de 24 horas. Para una parte del análisis, esa velocidad es la prueba: reduce las visitas potenciales y confirma que algo se quiere ocultar. Para otra, es la confirmación de que el sistema funciona tapando lo que no le conviene. En cualquier caso, el apagón fue total: a las 10:25 de la mañana, en la web de un gran diario nacional no aparecía absolutamente nada del suceso.

La comparación con otros casos se impone. El caso Sancho, con sentencia y confrontación de posturas entre castigo y salvación por inimputabilidad, forma parte del mismo patrón: asesinatos, inestabilidad mental y soluciones. La tesis, la antítesis y la síntesis. Si es inimputable por loco, hay que tratarle. Y tratarle significa medicarle.

Los números que no cuadran​

11 puñaladas. 11 años del niño. 11 años de condena posible. El pabellón Ángel Tardío. El nombre Juan. La fecha 11:11. Las coincidencias numéricas se han convertido en un género propio dentro del análisis, y hay quien las lee como firma ritual y quien las despacha como apofenia pura. Lo que no se discute es que el relato oficial no ha aportado ni una sola prueba material en dos meses.

El detenido tiene 20 años, un 70% de discapacidad reconocida y, según su padre, ninguna enfermedad ni medicación. Está en prisión. No hay arma, no hay sangre, no hay testigos, no hay imágenes. Y el caso, archivado. Con estos mimbres, la pregunta que queda flotando no es quién lo hizo. Es para qué se contó.