He puesto hace 1 hora un anuncio de que alquilo mi casa.

Pide nóminas y seguro antiimpago y acaba no alquilando el piso​

Un piso se publica sin fotos. Solo texto. En la primera hora, once personas escriben para pedir visita. El propietario ha levantado una aduana: DNI, contrato de trabajo, las tres últimas nóminas y un examen de solvencia que decide una aseguradora. Cincuenta y tres mensajes después, ese mismo propietario anuncia la conclusión: no alquila. No le sale rentable. Antes deja la vivienda cerrada que asumir el riesgo de un impago.

Ocurre en el tramo más incómodo del mercado inmobiliario español: el del pequeño arrendador que no es empresa, no tiene abogados en nómina y gestiona su único activo como quien juega al todo o nada con el patrimonio de una vida. El seguro antiimpago de 250 euros contratado con Santa Lucía, que según su versión responde del impago y de los destrozos, debería bastar para dormir tranquilo. En la práctica, la lista de candidatos se convierte en un proceso de selección de personal.

Qué papeles exige un casero para alquilar​

La mecánica es explícita y está en el anuncio: DNI, contrato de trabajo, las tres últimas nóminas y un estudio de solvencia que ejecuta la aseguradora. Quien no lo supere, queda fuera. Solo al primer candidato se le pide la documentación y su autorización para cederla al seguro.

Ahí aparece una advertencia técnica que muchos propietarios ignoran: sin un consentimiento firmado para el uso legítimo de esos datos confidenciales, el tratamiento de DNI y nóminas puede vulnerar la normativa de protección de datos, según se recuerda en el hilo. Recoger historiales laborales de desconocidos, sin más, añade un riesgo legal al riesgo económico.

El filtro tampoco es neutral, y en el hilo se discute: hay quien recuerda que los portales retiran anuncios que ponen «solo mujeres» o «solo estudiantes», mientras otros criterios similares pasan sin problema.

Los candidatos que se caen antes de ver el piso​

En una hora aparecen perfiles de todo tipo: un matrimonio con un hijo, un matrimonio de 55 años cuya mujer necesita estar cerca del médico, una administrativa casada con un autónomo y con un hijo, dos hombres que dicen ser amigos, una camarera de 47 años. Uno de los solicitantes presenta contrato desde 2008, 1.900 euros al mes en catorce pagas y trabajo por cuenta ajena en una empresa de automatismos. Otro es militar y su pareja, administrativa.

Un embarazo urgente. Una que busca piso para sus padres jubilados. Otra sin nómina. El descarte preventivo funciona solo: hay quien sostiene que cualquier perfil con menores o mayores a cargo es un candidato que después no se podrá echar, porque la ley protege al inquilino vulnerable. Si tiene hijos, no se le desahucia, según esa versión. Si cobra poco o declara enfermedad, se le considera vulnerable y el propietario queda atrapado.

Es la misma lógica que lleva a exigir empleo público, a preferir parejas sin cargas o a alquilar por habitaciones mientras el dueño figura viviendo en la casa. Todo menos el filtro que de verdad decide: la nómina.

La aritmética que mata la operación​

Aquí es donde el razonamiento se rompe. Una póliza de 250 euros cubre impago, daños y juicios, según su versión. Pero hay quien avisa de la letra pequeña: el seguro paga hasta que se ejecuta el desalojo, con un juez que puede tardar, y no siempre cubre el vandalismo de quien destroza la casa al salir. La horquilla real de estas coberturas no está escrita en ningún BOE.

La conclusión del propietario es que el juego no vale la pena. Prefiere no ingresar nada, mantener el piso y ahorrarse suministros, seguros y problemas. La única opción que contempla es alquilárselo a un conocido de su hermana, que es policía. Confianza personal, no contrato blindado.

La anécdota que circula va en la misma dirección: se cuenta que a un policía le bajan el alquiler sin pedirlo, hasta el punto de que pisos anunciados en 1.200 o 1.400 euros acaban cerrándose en 800. Cierto o no, retrata el mercado: se premia al inquilino que no dará problemas, aunque para ello haya que regalar cien euros al mes.

Once meses de contrato y la ley del miedo​

En paralelo, hay una discusión menos emocional y más práctica. Contrato de once meses, no doce: si pones doce, la normativa obliga a renovar si el inquilino quiere, según sostiene el arrendador. El seguro asume el impago mientras dure el desalojo. Y su cálculo de que el juez tarda dos meses en echar al moroso es un dato optimista que nadie firma.

Sobre las agencias, la opinión es dura: cobran un mes de renta más un cinco por ciento mensual. Uno de los participantes cuenta que una de ellas le aseguró que se encargaba de todo, mientras el propietario prefiere redactar el contrato por su cuenta con un modelo de la OCU y un abogado.

El piso vacío frente al piso ocupado​

El plan de partida era dejar la casa alquilada mientras el propietario se marcha a trabajar fuera, al menos un año, para que el inmueble se mantenga solo y alguien pague luz y agua. Si la deja vacía, teme la ocupación. Si la alquila, teme no recuperarla. Las dos salidas acaban en el mismo sitio.

Al final, el problema no es solo el inquilino. Es la aritmética del dueño: si el impago es improbable pero el castigo es la casa ocupada durante años, la rentabilidad esperada se hunde bajo cero. Con ese diferencial, la decisión racional, según su criterio, no es alquilar. Es no alquilar.

No hay cierre redondo. La decisión, al final, es la contraria a la que buscaba el anuncio: no alquilar. Quien quiera alquilar un piso tendrá que pasar por una entrevista más dura que la de un empleo. Y quien quiera alquilar el suyo, quizá prefiera dejarlo vacío. Ese es el punto exacto donde el análisis se atasca.