Ian Gibson presiona a Sánchez: el cuerpo de Lorca como asignatura pendiente
A los 87 años y con un nuevo diario bajo el brazo, el hispanista Ian Gibson ha vuelto a la carga. Su libro ‘No me encontraron’ relata décadas de búsqueda infructuosa, y en una entrevista con El País ha lanzado un órdago al presidente: “Un Gobierno que sacó a Franco del Valle de los Caídos haría muy bien en seguir buscando el cadáver de Lorca”. La petición, lejos de concitar unidad, ha reabierto una guerra de trincheras sobre el poeta, su memoria y el negocio de su desaparición.
El misterio que no se cierra
Desde 1936, el paradero exacto del cuerpo de Federico García Lorca es uno de los agujeros negros de la Guerra Civil. Se ejecutó en Víznar, pero ninguna excavación ha dado con sus huesos. La versión oficial apunta a una fosa común; sin embargo, una corriente sostenida durante años defiende que la familia recuperó el cadáver en secreto y lo enterró en una propiedad privada. Esa teoría, repetida en el debate, explicaría la falta de colaboración de los descendientes del poeta –de signo conservador– y su negativa a autorizar prospecciones. “La familia sabe dónde está y no lo dice porque les conviene”, sostienen quienes ven un interés económico tras los derechos de autor perpetuos.
Del relato cultural al negocio de los desaparecidos
La figura de Lorca genera un flujo constante de ingresos: derechos editoriales, turismo, subvenciones. Gibson ha construido una carrera en torno a su figura, lo que le ha valido acusaciones de “vividor” y “parásito”. El propio hispanista reconoce en su diario una obsesión: “Si no lo saco, me pudro por dentro”. Pero el trasfondo económico es ineludible. Una hipotética localización del cuerpo dispararía el valor simbólico y, por tanto, el rendimiento comercial. Algunos argumentan que el verdadero escollo no es la falta de medios, sino el conflicto de intereses: “Si aparecen los restos, la familia pierde el control del relato”, apuntan.
La política como telón de fondo
La petición de Gibson llega en un momento de desgaste del Gobierno de Sánchez, salpicado por casos judiciales. El paralelismo con la exhumación de Franco –operación que costó millones y dividió a la sociedad– es inevitable. Para unos, buscar a Lorca sería coherente con la política de memoria democrática; para otros, una cortina de humo. “Es para tener a medio país excavando mientras enjuician a Begoño”, ironiza un sector del análisis. La polarización trasciende lo cultural y aterriza en la gestión del gasto público: ¿cuánto costaría una búsqueda masiva en Granada y quién la pagaría?
Consenso roto, herida abierta
El debate evidencia que el caso Lorca no es arqueología, sino política con pala. Mientras Gibson espera una respuesta de Moncloa, la familia guarda silencio y la oposición carga contra lo que califica de “obsesión sectaria”. Lo único seguro es que, 90 años después, nadie ha movido un grano de arena para resolver el enigma. Quizá, como sugiere algún analista, el cuerpo nunca aparecerá porque ya está donde siempre estuvo: en manos de quienes no quieren que se encuentre.